Los campesinos fueron amagados con armas de fuego

Violenta expulsión de bases de apoyo zapatistas en Buena Vista

Responsabilizan de la agresión a militantes de PRI y PRD

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 4 de junio. A punta de machetes y amagados con armas de fuego 28 indígenas bases de apoyo del EZLN fueron expulsados hace una semana de la comunidad San Pedro Buena Vista (municipio de Sitalá). Los agresores, unos 60 militantes del PRI y algunos del PRD, proceden de Sitim, Mojón Tsui, Guadalupe Xanail y ranchería Batsibiltic (del vecino municipio de Chilón, donde opera el grupo paramilitar conocido como Los Chinchulines).

Días antes, el grupo de priístas ingresó a San Pedro Buena Vista golpeando a las mujeres que se encontraban en las casas, para luego robarse 20 quintales de café y amenazar con el desalojo. Finalmente, según denuncia de las bases de apoyo zapatistas, ''el sábado 25 de mayo alrededor de las 8 horas, se presentaron los mismos agresores con armas de fuego, machetes y palos, desalojaron a las mujeres de nuestras casas y robaron todos los utensilios de cocina, grabadoras, machetes, azadón, máquina despulpadora, maíz, frijol, café, pollos, guajolotes, hamacas y dinero''.

Los expulsados se presentan en los siguientes términos: ''Todos somos campesinos de habla tzeltal, bases de apoyo zapatista; a consecuencia de la marginación y la extrema pobreza en que vivimos estamos posesionados de un predio de 30 hectáreas desde 1994, como resultado del movimiento de los compañeros que derramaron su sangre porque nosotros contemos con una mejor manera de vivir y de más oportunidades''.

Y agregan: ''Estas tierras las hemos venido trabajando conjuntamente con nuestros familiares, pero en días pasados y en la actualidad sufrimos el saqueo en nuestros domicilios, por alrededor de 60 personas, que han gol-peado a nuestras esposas''. Identificando a sus atacantes como ''miembros del gobierno'', los expulsados de San Pedro Buena Vista, en la zona norte de Chiapas, expresan: ''Estas personas del PRI y el PRD, al igual que nosotros son campesinos''.

Coincidentemente, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denuncia las amenazas de secuestro en contra del señor Jerónimo Dameza Deara, de la ranchería Oaxila Jaw (también en Chilón), por un grupo de campesinos armados de las rancherías Bispuljá y Alan Sacún, entre quienes se encuentran 39 personas con órdenes de aprehensión por diversos delitos.

De acuerdo con la red, estos hechos han obligado a refugiarse fuera de su comunidad a Jerónimo Demeza Deara, Manuel Jiménez Alvaro y Tomás Deara Demeza, así como sus familias. Las amenazas buscan presionar la liberación de Marcos López Gutiérrez, detenido por diversos delitos, entre ellos el de despojo en contra de Jerónimo Demeza, el 9 de mayo de 2000.

La otra exigencia de la gente de Bispuljá y Alan Sacún, a quienes se asocia con los paramilitares de la región, es la suspensión de 39 órdenes de aprehensión en contra de personas acusadas, junto con el detenido López Guitiérrez, por las mismas acciones. Las órdenes, dictadas el 4 de enero por el juez mixto de primera instancia de Ocosingo (expediente 248/2001), hasta la fecha no se han ejecutado.

Jerónimo Gómez Guzmán, José Gómez Vásquez, Sebastián Ruiz López y otros, incluidos en la lista de acusados, vertieron estas amenazas en presencia de pobladores de la comunidad Bamukƀwitz. ''Estas acciones cuentan con el apoyo del presidente municipal de Chilón, Andrés Hernández Méndez'', agregan los defensores comunitarios.

Dicho ''apoyo'' fue solicitado por Santiago Alvaro Jiménez, miembro de la organización Yomblej, quien también tiene orden de aprehensión. El alcalde de Chilón le otorgó la asesoría de Jaime Ramírez Maza, subsecretario de Gobierno, y Lino Armenta, asesor jurídico de la presidencia municipal, y además exigió una aportación económica a todos los empleados de la administración municipal con el propósito de crear un ''fondo para promover amparos, proteger a los 39 delincuentes y liberar al detenido''. Según la red, el dinero aportado bajo presión por los trabajadores municipales se descontó de sus quincenas.

Con anterioridad, el 28 de abril, el diácono de Alan Sacún, Manuel Gómez Pérez, y el dirigente regional de la organización progubernamental Yomblej, Carlos Hernández Vilchis, habían convocado a la población católica de 15 comunidades de Chilón a una reunión donde los feligreses fueron presionados para firmar en favor de los acusados. De las 335 firmas recabadas, 180 se obtuvieron bajo el temor a represalias, según denuncian campesinos de Pamlej Axupjá y Saquil Ulub.

''A petición de los agraviados'', la red exige a las autoridades que continúen las investigaciones y sean ejecutadas las órdenes de aprehensión para ''acabar con la impunidad que gozan los grupos civiles armados, que continúan cometiendo actos delictivos''. De continuar esta situación ''que violenta la ley'', podrían suscitarse mayores actos de violencia. Los agraviados demandan la restitución de los daños y las medidas necesarias para poder retornar a su comunidad.