Familiares de víctimas presentarán recursos de casación y nulidad

Inconformidad en España por la decisión de archivar el caso de ex represor chileno

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 3 de junio. Familiares de ciudadanos españoles víctimas de la dictadura chilena presentaron hoy recursos de casación y nulidad contra la decisión de la Audiencia Nacional española de revocar la orden de prisión y detención contra el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady, acusado de genocidio, terrorismo y torturas por el golpe de Estado y posterior dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile.

La viuda del diplomático español Carmelo Soria, por cuyo asesinato se encausó en España a Brady, interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la decisión de la Audiencia, informó el abogado de la acusación popular Joan Garcés.

La familia del asesinado sacerdote español Joan Alsina presentó un recurso de nulidad contra la misma decisión.

La sección tercera de la Audiencia Nacional decidió el viernes pasado archivar la querella contra Brady, presuntamente implicado en el asesinato del diplomático español de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 1976, basándose en la "doctrina" aplicada por el Tribunal Supremo al archivar una querella contra el vocero y líder de la coalición vasca Arnaldo Otegi.

El pasado 30 de marzo, el dirigente abertzale (nacionalista), en un mitin político en Bayona, Francia, gritó como remate de su discurso: Gora Euskadi Eta Askatasuna (que en euskera significa "Viva el País Vasco en libertad" y que además coincide con las siglas de ETA).

Cabe destacar que el auto del tribunal sobre Otegi todavía no es firme, por tanto no puede sentar "doctrina" en la judicatura española, ya que está actualmente recurrido por el fiscal del Estado.

"La cuestión (en alusión a la orden contra Brady) no tendría mayor trascedencia de no ser por los novedosos criterios que parten de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo y que se contienen en el auto de 23 de mayo de 2002, dictado en el conocido caso Otegi", sostienen los magistrados de la Audiencia Nacional, que además consideran que con base en esto "no puede hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir hechos acaecidos en Chile hace más de 25 años, cuando el propio Tribunal Supremo nos da una pauta contraria, a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de este año, consistentes en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española".

El documento en cuestión decidió archivar una querella criminal presentada por el Fiscal contra Otegi.

El equipo de la acusación particular y popular del caso Pinochet, en el que se encuentran Joan Garcés, Carlos Slepoy y Manuel Ollé, entre otros, manifestó su "sorpresa" ante una sentencia que tiene su origen, según analistas españoles, en "un ajuste de cuentas" dentro de la propia judicatura española, que tiene como protagonistas al juez de la sección tercera, Luis Martínez Salinas, beligerante con el caso Guatemala, quien manifestó su malestar por la sentencia del Supremo sobre Otegi.

Mientras se aclara la situación jurídica de los procesos de jurisdicción universal, la defensa del ex capitán de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), Adolfo Scilingo, detenido en España por su implicación en el genocido, las torturas y los asesinatos perpetrados por las Juntas Militares argentinas (1976-1983); anunció que solicitará la libertad de Scilingo basándose en el criterio adoptado por la Sección Tercera.