Guerrero

Piden imparcialidad al fiscal en materia de desaparecidos

JESUS SAAVEDRA LEZAMA CORRESPONSAL

Chilpancingo, Gro., 3 de junio. Familiares de desaparecidos políticos en Guerrero solicitaron al fiscal especial en la materia, Ignacio Carrillo Prieto, que sea "imparcial en su trabajo", y exigieron al presidente Vicente Fox Quesada que cumpla con su palabra y forme una comisión de la verdad para castigar a los responsables de la guerra sucia en la década de los 70.

Eloy Cisneros Guillén, ex dirigente estatal del PRD, informó lo anterior, y agregó que en Guerrero hay documentados hasta el momento más de 600 casos de desapariciones.

Refirió que el 2 de febrero de 2001, parientes de víctimas presentaron una denuncia penal con al menos 10 testimonios ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), contra ex funcionarios del gobierno estatal y federal, señalados como responsables de los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición involuntaria de personas.

El ex dirigente estatal del PRD indicó que el pasado miércoles 29 de mayo "sostuvimos una reunión con Carrillo Prieto, ante quien ratificamos la citada denuncia. Además nos tomaron declaraciones y se presentó un documento por escrito".

Sin embargo, Cisneros Guillén aseguró desconfiar de la Fiscalía Especial para Desaparecidos, "porque es un organismo que depende de la PGR y tiene como titular a un militar (Rafael Macedo de la Concha), por lo que la incertidumbre se agiganta; no obstante, recurrimos a ella esperando que se actúe".

Asimismo, dijo que es necesario que en la conclusión de las investigaciones que realiza la fiscalía "se incluya la petición de castigo a todos los implicados, materiales e intelectuales".

Cisneros Guillén afirmó que los responsables de "la guerra sucia en Guerrero son el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro y Carlos Acosta Viques, ex procurador de Justicia estatal durante el sexenio de Rubén Figueroa Figueroa.

Además consideró que los ex presidentes Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo "tienen responsabilidad directa en estos excesos, porque fue una política que se aplicó en todo el país por órdenes de las altas esferas de la nación".