Nuestros esposos e hijos son inocentes, afirman mujeres de la comunidad Las Huertas

Familiares de los detenidos por la masacre denuncian excesos policiacos y cateos ilegales

La Comisión Estatal de Derechos Humanos responsabiliza al gobernador José Murat

VICTOR RUIZ ARRAZOLA Y ALONSO URRUTIA CORRESPONSAL Y ENVIADO

Oaxaca, Oax., 3 de junio. La otra versión de la historia de la tragedia de Xochiltepec salió este lunes: los familiares de los presuntos responsables de la ejecución de 27 campesinos llegaron a esta ciudad a denunciar los excesos policiacos en la aprehensión y el cateo indiscriminado de sus viviendas, en ambos casos, sin la respectiva orden judicial.

Micaelina Martínez, esposa de Filemón González Reyes, representante de Bienes Comunales de Las Huertas, en Santo Domingo Teojomulco, dijo: ''Llegaron apuntándonos a todos, golpearon a mis hijos y a mi esposo... pero si ellos no tienen nada que ver, ellos estaban trabajando la tierra''.

Asegura que los culatearon, los cachetearon y los subieron a las camionetas con mucha violencia. Más adelante precisa que sólo vio la detención de su marido y de su hijo de 17 años, Javier González. ''De los otros ya no los vi, pero me dicen en el pueblo que también los golpearon.''

Por su parte, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos señaló que en el caso de la masacre de Aguafría hubo una abierta responsabilidad de las autoridades del gobierno del estado por omisión y negligencia. Nora Martínez Beltrán, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Carrasco, dijo que el gobierno que encabeza José Murat sabía perfectamente de los conflictos agrarios, de los problemas de límites y del encono que esto genera entre las autoridades y nunca actuó para dar seguridad.

En este sentido, destacó que por las condiciones sociales y los antecedentes del conflicto es muy claro que el problema se origina en la diferencia en los límites de la tierra. Por eso, apuntó, si el procurador general de Justicia del estado, Sergio Santibáñez, afirma que detrás de este caso puede estar el narcotráfico, debe probar su hipótesis.

Sin embargo, la red también salió en defensa de lo que, dijo, fue la violación de los derechos humanos de los 16 detenidos, a quienes se les capturó sin orden de aprehensión y se allanaron sus casas sin ninguna orden judicial de cateo.

Por su parte, Samuel Castellanos, de la misma ONG, demandó la inmediata salida del Ejército, porque consideró que sólo contribuye a generar mayores tensiones, pero al mismo tiempo censuró la falta de garantías en la seguridad de los habitantes de la región por parte del gobierno del estado.

La red ofreció asesoría a los familiares de los detenidos para interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la presunta violación de garantías individuales en el operativo policiaco realizado el sábado pasado en Las Huertas, en el que se detuvo a dos menores y una mujer, Inés García, de 65 años de edad.

Alrededor de media docena de mujeres de la comunidad Las Huertas condenaron los ''excesos'' en las aprehensiones de sus parientes, acusados de ser los homicidas de 26 campesinos. Todas juran que el pueblo es inocente: ''Fueron los de San Lorenzo'', acusó Micaelina Martínez. ''La policía llegó ese sábado alrededor de las cuatro de la tarde y sin mediar nada comenzó a levantar a cuantos ahí se encontraban'', dicen. ''Por eso, muchos fueron detenidos en la calle. Llegaron disparando al aire y luego nos apuntaban'', aseguró Micaelina Martínez.

A Juana Galán le detuvieron a su hijo Usiel Cruz Galán, de 17 años, quien -dijo- venía del tequio. ''Lo agarraron entre varios, pero él no es responsable de nada, toda la semana estuvo en la Telesecundaria.''

Para las mujeres de Las Huertas, en su pueblo no hay armas, aunque la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca presentó más de una veintena de armamento de alto poder con el que se habría perpetrado la masacre.

-Si no fueron sus familiares, Ƒentonces quiénes del pueblo fueron?

-Nadie -respondió Galán.

Micaelina Martínez afirmó que ''el asunto de la matazón es de San Lorenzo; allá, hasta hoy que nos veníamos se oían disparos''.

Las versiones del chofer y de los sobrevivientes las dan por falsas, porque iban encapuchados y no los pudieron haber visto. Además de todo, denunciaron que la policía no sólo entró a sus casas a ''revolverlas y dejar un tiradero'', sino también se robaron dinero y algunas otras cosas.

Dominga Osorio sostuvo que de su casa se llevaron casi tres mil pesos. Zita Torres Cruz mencionó que a su vivienda entraron armados ''como siete policías'' buscando a su esposo Vulfrano Hernández, a quien se llevaron sin que opusiera resistencia ''porque es inocente''. Por eso, apuntó, quizá no lo golpearon cuando se fue, ''pero ya en el camino quién sabe cómo le habrá ido''.

Concluye: ''A mí me sacaron con mis dos niños, y se lo llevaron (a su esposo). Al rato regresaron que a buscar armas y me revolvieron todo, me tiraron mis tostadas y ahí las dejaron''. Asegura que por lo menos le robaron una lámpara y dos camisas.