Foro organizado por Casa Lamm y La Jornada

Rechazan analistas desalojo de comunidades en Montes Azules

Responsabilizar a los indígenas de catástrofe ecológica, coartada que oculta conspiración del imperio: Armando Bartra

GEORGINA SALDIERNA

Investigadores, analistas y legisladores se manifestaron en contra del desalojo de las comunidades indígenas que se encuentran en la reserva de la biosfera de Montes Azules, acusadas por las autoridades federales de provocar el deterioro ecológico de la región.

Al participar en el foro La reserva de los Montes Azules en Chiapas, que organizan Casa Lamm y La Jornada, el investigador Armando Bartra dijo que desde una visión de corto plazo, no se puede admitir que exista una emergencia ambiental provocada por las comunidades que viven en la zona núcleo y sus alrededores.

La idea de que los indígenas son los grandes responsables de una catástrofe ecológica que está sucediendo en la selva es una coartada que oculta una conspiración del imperio y de sus agentes para expulsar violentamente a los 30 o 40 pueblos que se encuentran en la zona y dar paso a las trasnacionales, que se verían mucho mejor servidas con una selva militarizada y sin comunidades "respondonas y politizadas" como las que están en el lugar, puntualizó.

Prueba de que hay una conspiración es la existencia de una estrategia global que busca apropiarse de todos los recursos biológicos, madereros, hídricos y tradicionales del llamado corredor biológico mesoamericano de la selva maya. Otra prueba más es la aparición de actores que no generan confianza, como el grupo Pulsar, de Alfonso Romo, dueño de la empresa Savia, principal impulsora mexicana del negocio biotecnológico.

Aunado a ello, se refirió a la presencia en Chiapas de organizaciones no gubernamentales vinculadas con Estados Unidos, y la generación de posiciones conservacionistas que creen que eliminando a las comunidades se preservará la selva.

Puntualizó que las posturas de este conservacionismo a ultranza, fundamentalista, privatizador y finalmente contrainsurgente, se expresan en la mesa del medio ambiente que se constituyó hace más de año y medio en Chiapas, por medio de funcionarios federales, particularmente de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente. Estos halcones, señaló Bartra, utilizan el argumento agrario -las amenazas de expulsión de supuestos invasores en la zona lacandona- y el ecológico.

El investigador dijo que, en una perspectiva de largo plazo, sí existe una crisis ambiental en la selva Lacandona, resultado de un ecocidio sistemático de larga duración que en su fase maderera, chiclera y resinera duró un siglo. Después llegó otro tipo de impacto ambiental, el de los ganaderos y campesinos que tumbaban el monte para establecer potreros o milpas.

De acuerdo con Armando Bartra, en los últimos 50 años se ha sacado dos tercios de lo que había en la zona, y "estoy hablando de la última ofensiva ganadera y maderera y de la colonización indígena masiva". Sobre la última, refirió que en cinco décadas el número de habitantes en la selva creció de 12 mil a 300 mil.

Ante decenas de jóvenes que aplaudieron la liberación de la estudiante universitaria Ericka Zamora, Armando Bartra refirió que es necesario parar la conspiración y desbaratar las pretensiones expulsoras de los halcones federales, pero eso es insuficiente. También se requiere revertir la crisis ambiental que está en el fondo del problema. Y para ello se necesita la colaboración de todos, no únicamente de los indígenas, señaló.

En el foro también participó el diputado perredista Miguel Bortolini, quien por su lado dijo que el proceso de devastación ecológica de Montes Azules no está relacionado fundamentalmente ni únicamente con la existencia de las comunidades indígenas. Hay una serie de hechos que han permitido una agresión constante a la selva, como la tala desmedida de los grandes consorcios madereros, explicó.

Luego de señalar que la zona de Chiapas constituye un centro de recursos bióticos que son claves para Estados Unidos, el legislador advirtió que de llevarse a cabo el desalojo de los indígenas se estaría violentando el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea que "solamente con el consentimiento, dado libre y en pleno conocimiento de causa, la reubicación de esos pueblos se podrá efectuar".

Recordó que en la reserva existen bases de apoyo del EZLN y pueblos que simpatizan con la ARIC Independiente. Realizar un desalojo violento de esas comunidades sería la gota que derramaría el vaso. Es indispensable no atizar más el fuego, subrayó.

Refirió que el gobierno del estado de Chiapas, encabezado por Pablo Salazar, ya declaró que no promoverá ningún desalojo; una declaración similar, respaldada con hechos, debe ser realizada por el gobierno federal, demandó.

Para el diputado perredista, una solución política adecuada y justa al problema de Montes Azules debe considerar dos elementos: la situación de las comunidades y el mantenimiento de la biosfera, entendiendo que el origen del conflicto tiene que ver con un cúmulo de errores registrados en los últimos seis sexenios. No se puede ni se debe buscar una "solución" por medio del desalojo forzado, que no solamente violará la ley, sino que significará romper el delgado hilo del que pende el conflicto armado en Chiapas, puntualizó.

Por su lado Carlos Fazio, analista y articulista de La Jornada, refirió que los actuales planes de desplazamiento represivo y violento de las comunidades en resistencia de Montes Azules ?que comenzaron a ser instrumentados por las agencias gubernamentales en el año 2000, apoyados con argumentaciones legaloides y mucha propaganda? son el complemento de una política de Estado de muchas aristas, destinada a erradicar de la geografía chiapaneca la experiencia autonómica de los municipios zapatistas y el modelo en ciernes alternativo al actual sistema de dominación.

La escalada empresarial-gubernamental, recubierta ahora con un celofán conservacionista y de defensa del patrimonio biológico, es un eslabón más de la sorda guerra de cerco, hostigamiento y desgaste que dura ya nueve años, ante la indiferencia casi generalizada de la población mexicana. A ello se suman los intereses económicos estadunidenses, resaltó.

El último ponente del foro fue el profesor Andrés Barreda, quien con imágenes de computadora mostró la riqueza petrolera y de agua que tiene la región. Manifestó además que existe allí una dinámica de acumulación de capital, en la que los indígenas se llevan la peor parte.