miércoles 29 de mayo de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n El occiso era guardaespaldas de Godínez López, señaló la PGJE
Los empleados de Tameme fueron emboscados por la PJ: familiares de líderes encarcelados

Claudia Lemuz n
"Fue una emboscada, una verdadera cochinada de las autoridades", gritaban enojados los familiares de los cuatro empleados detenidos de la empresa Transportadora de Valores Tameme, que el lunes pasado, durante una operación de la Policía Judicial del estado (PJ), que terminó en un tiroteo a unos metros de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), fueron aprehendidos acusados de los delitos de despojo y privación ilegal de la libertad.
Durante la comparecencia de Juan Martínez Zúñiga, Alejandro Ramírez González, Saturnino Urbano Ortiz y Gabriel Eliosa Jiménez ante el Juez Séptimo de Defensa Social, sus familiares exigían justicia. Denunciaron que los líderes de los trabajadores de Tameme fueron llamados a la JLCA para llegar a un acuerdo con la empresa, cuando elementos de la Policía Judicial entraron a la sede del tribunal laboral para privarlos de su libertad, con la finalidad de desactivar el movimiento laboral que inició el pasado martes, 21 de mayo.
Ante las diversas teorías sobre las causas que dieron origen al tiroteo que se desarrolló a unos metros de la JLCA, este día, a la una de la tarde, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Héctor Maldonado Villagomes, dio a conocer que cuando los 25 elementos de la Policía Judicial intentaron cumplir las órdenes de aprehensión, Gerardo Rodea Hernández -que falleció en el tiroteo- disparó a uno de los policías para evitar que privaran de su libertad a los líderes del movimiento laboral, debido a que él se desempeñaba como guardaespaldas de Alfonso Godínez López, secretario general de la Sección 17 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y líder del sindicato nacional de Trabajadores del Traslado de Valores, quien según la Procuraduría respalda el movimiento de los trabajadores.
Sin embargo, cabe recordar que la exigencia número uno de los huelguistas de Tameme es que se les respetara su derecho a formar una coalición de trabajadores independientes de la CTM, por lo que resulta un tanto contradictorio que alguien que protegía a uno de los líderes de dicho sindicato intentara defenderlos, como afirma la PGJE.
Maldonado Villagomes rechazó en conferencia de prensa que haya existido un error por parte de la Policía Judicial del estado al momento de pretender ejecutar nueve órdenes de aprehensión contra trabajadores de la empresa Tameme, pese a que fue en pleno centro de la ciudad, al mediodía del lunes pasado. El saldo de la operación fue un muerto, un policía infartado, otro elemento judicial aprehendido y empleados detenidos.
De acuerdo con los resultado de balística y la necropsia, el sujeto ejecutado recibió dos impactos de bala en el tórax, el resto de los balazos, a más de 24 horas del hecho, se desconoce cómo se originaron, quién los tiró y por qué. En las pertenencias del occiso sólo apareció un cartucho percutido, cinco cartuchos útiles en el cilindro del arma y seis en un cangurera.
Más tarde, un grupo de 30 trabajadores de Tameme se manifestó en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo del estado, para exigir al gobernador Melquiades Morales Flores que intervenga para que la empresa reanude labores, al tiempo que desconocieron el movimientos de sus compañeros.
Una comisión de los empleados de Tameme fue recibida por el subsecretario de Asuntos Políticos, Víctor Gabriel Chedraui, quien les expuso que el gobierno no está facultado para intervenir en conflictos de carácter laboral, a menos que lo juzgue conveniente y necesario la autoridad judicial.
En este sentido, Pedro Chávez, representante legal de la empresa, hizo un llamado a Melquiades Morales para que la policía cumpla con la orden que dio el juez en días pasados de recuperar el inmueble que fue tomado por los trabajadores de la empresa de manera ilegal.
"No entiendo qué es lo que espera el gobierno, hay más de 120 armas de fuego largas y cortas en el arsenal de la empresa", la llave la tiene el armero, quien también fue denunciado por Tameme, lo que a su parecer podría provocar que se desate otro enfrentamiento entre policías y trabajadores.
Respecto a las sospechas de que Transportes Blindados trabajaba de manera irregular en el estado, Pedro Chávez afirmó que la empresa cuenta con todos los permisos estatales, federales y municipales, por lo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) le otorgó el permiso de portación de armas, dado a que tiene 13 años de estar instalada en este estado.
Por último, el presidente de la JLCA, Armando Toxqui Quintero, indicó que pese a que ha intentado "desenmascarar al representante legal de los trabajadores", quien los ha utilizado, no lo ha logrado, por lo que espera que continúe la disposición de la empresa para poner fin al conflicto laboral.