Los contratos de servicios múltiples, en los límites de la legalidad, advierte Lajous

Se buscará que contratistas de Pemex y CFE puedan financiarse con recursos de Afore: Barnés

Se promueven cambios adicionales en las Siefore

Los Pidiregas llevan a un creciente endeudamiento, dice

ISRAEL RODRIGUEZ

El gobierno federal buscará modificar la Ley de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) a fin de permitir que las empresas privadas mexicanas que participen en los contratos de servicios múltiples (CSM) puedan financiarse con los recursos de los trabajadores, reveló Francisco Barnés de Castro, subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía.

''Estamos promoviendo cambios adicionales en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore), que permitan que los recursos de las Afore no sólo sean utilizados directamente por Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para financiar sus proyectos''.

Explicó que para Pemex y la CFE finalmente es indiferente si los recursos vienen de las Afore de México, de las de Chile o de inversionistas de Singapur. ''Lo que quisiéramos también es que esos recursos pudieran ser utilizados para financiar a las empresas mexicanas que están ejecutando los proyectos de inversión para Pemex y la CFE, y que puedan tener un mecanismo de financiamiento razonable y equivalente al que tienen las empresas internacionales que están participando en los contratos licitados por las dos paraestatales''.

Se trata, dijo, de nivelar un poco más el terreno entre los inversionistas y los contratistas mexicanos, para que con el tiempo los nacionales puedan ir compitiendo y no sean desplazados por los extranjeros. ''Si se hace la reforma legal correspondiente podría ser una buena opción para las empresas mexicanas que están obteniendo el contrato''.

Esto cobra relevancia si se considera que de 2001 a 2006 se requieren inversiones por 120 mil millones de dólares para modernizar y expandir el sector energético. Sólo en 2002 la inversión en los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas) casi se duplicará, pasando de 64 mil 500 a 123 mil 600 millones de pesos.

El actual esquema generará mayor deuda pública; se requieren nuevos mecanismos

El funcionario reconoció que los Pidiregas han sido un instrumento útil para consolidar la expansión del sector, ''pero no es un mecanismo sustentable a largo plazo porque significa un creciente endeudamiento público''. Advirtió: ''continuar con el mismo esquema significará un mayor endeudamiento que comprometería la disponibilidad futura de los recursos públicos''.

Al participar en el quinto Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía Energética (AMEE), realizado en la sede de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Barnés de Castro aseguró que continuar con el esquema actual significaría generar mayor deuda con un alto impacto en la capacidad de endeudamiento a largo plazo en el país.

En necesario, añadió, desarrollar nuevos mecanismos de inversión que sean menos onerosos y donde el gobierno federal no tenga que ofrecer garantías para la ejecución de los proyectos. Para ello, es fundamental fortalecer con autonomía financiera y de gestión a las empresas públicas, como paso indispensable para cualquier cambio que se quiera realizar.

Informó que durante 2002 el sector energía invertirá un total de 157 mil millones de pesos, es decir, 46 mil 500 millones más de lo invertido en 2001. Entre 1995 y 2000, indicó, se invirtió en el sector energético un total de 477 mil millones de pesos, de los cuales 70 por ciento fueron recursos presupuestales y 30 por ciento correspondieron a proyectos financiados vía Pidiregas.

El que fuera rector de la UNAM afirmó que 100 por ciento de la inversión financiada vía Pidiregas durante 2002 se asignará al sector energía. En este año la inversión en Pidiregas casi se duplicará, pasando de 64 mil 500 a 123 mil 600 millones de pesos, pero reiteró que este esquema casi se ha agotado.

El fisco extrae hasta 118% de las utilidades de Pemex

ISRAEL RODRIGUEZ

Diseñar ahora contratos que se ubican en los límites del espacio legal y que se apartan del espíritu que les imprimió el Poder Legislativo será tarea difícil, así como lo está siendo la construcción de un consenso político en torno a estas nuevas figuras propuestas, afirmó el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Adrián Lajous Vargas, al referirse a los contratos de servicios múltiples (CSM).

Por ello, recomendó dos opciones: una, revertir a contratos convencionales de servicios orientados básicamente a empresas de servicios, y dos, modificar leyes reglamentarias de la Constitución para acomodar contratos que permitan compartir riesgos y resultados.

En los últimos cuatro años la llamada red fiscal de Pemex ha extraído a la industria petrolera una masa de recursos superior a 61 por ciento de los ingresos brutos, y superior a las utilidades generadas antes del pago de derechos de impuestos.

Dependiendo de las definiciones y convenciones contables utilizadas, la tasa impositiva sobre las utilidades ha fluctuado en los últimos cuatro años entre 108 y 118 por ciento. Esto explica, agregó, los números rojos que aparecen en los estados de los resultados de la empresa.

Mencionó que el fracaso de la reforma fiscal en diciembre del año pasado es sólo un episodio más de una larga cadena de intentos efectuados a partir de los años sesenta, por incrementar la recaudación.

Destacó que cuando se argumenta que la industria petrolera debe ser privatizada para que sus propios recursos puedan ser transferidos para financiar el desarrollo de la infraestructura física y social prioritaria, se está reconociendo la incapacidad del Estado para allegarse directamente mayores recursos fiscales no petroleros.

Al participar en el quinto Congreso de la Asociación Mexicana para la Economía Energética, denominado ''Oferta de energía para el desarrollo de México. Políticas y financiamiento'', Lajous Vargas advirtió que operar en los límites de la ley plantea múltiples riesgos para los funcionarios estatales implicados en su administración y para las empresas que suscriban dichos contratos. ''Habrá quienes estén dispuestos a hacerlo pero tendrá costos adicionales'', apuntó.

Esto quizá explique la prudencia con la que se ha actuado, y por lo tanto explica el diferimiento de su formalización. Sin embargo, en tanto no se conozcan los términos y condiciones específicas de estos contratos de servicios múltiples, ya que sólo han circulado documentos preliminares, ''no sabremos si se tratan de esquemas congruentes con los intereses a largo plazo del país o si son éstos los únicos contratos viables dadas las condiciones políticas y económicas imperantes. Mientras tanto, estamos pagando por ver, en términos de inversión diferida''.

El ahora director del Oxford Institute for Energy Studies dijo en su participación en el foro de la UAM que al privilegiar la búsqueda de recursos financieros privados que complementen a los del sector público, se ha descuidado la reforma y modernización de la empresa pública.

Señaló que la eventual desmonopolización de la industria petrolera presupone el fortalecimiento de la empresa estatal y nuevas formas de gobierno de la misma; el desarrollo de un marco regulatorio de la industria petrolera y de instituciones reguladoras independientes, así como de una clara delimitación de las fronteras económicas del Estado en este sector estratégico generador de renta económica masiva.

Adrián Lajous aseguró que avanzar en estas direcciones es indispensable para evitar la destrucción de valor y la dispersión de las renta económica del petróleo, propiedad de todos los mexicanos. La regulación actual carece de claridad, resulta arcaica, está plagada de vacíos reglamentarios e impone riesgos administrativos inaceptables a servidores públicos honestos.

Indicó que la multitud de controles establecidos no constituye un verdadero sistema de control. Estos afectan la eficiencia y desempeño de la empresa pública, limitan su capacidad para ejercer el presupuesto de inversión, inclusive el autorizado.

Es necesario, dijo, insistir en dar una mayor prioridad al desarrollo institucional. La falta de avance en este ámbito es lo que verdaderamente limita la expansión de la capacidad productiva de la industria petrolera nacional.