Los otros 6 aspirantes declinan, incluido Claudio X. González

Fernández Garza y Rangel Domene se disputarán la presidencia del CCE

ANTONIO CASTELLANOS

Alberto Fernández Garza, ex dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y Héctor Rangel Domene, ex presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), quedaron en la recta final para contender por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2002-2003.

Durante un encuentro privado, el CCE recibió la declinación a participar en la contienda de Jorge Espina Reyes, Carlos Gómez y Gómez, Claudio X. González Laporte, Gastón Luken, Alejandro Martínez Gallardo y Jesús Vizcarra Calderón.

La decisión de González Laporte elimina la necesidad de modificar los estatutos. Hasta hace unos días había dejado entrever la posibilidad de buscar la relección al frente de dicho consejo empresarial, pero ayer dio a conocer su decisión de no participar en las elecciones.

El CCE informó que en los próximos días la asamblea del Consejo Coordinador Empresarial se reunirá para llevar a cabo la elección, en un "espíritu de unidad, respeto y con estricto apego a los estatutos de la institución". Sólo tendrán derecho a voto en la asamblea ordinaria, los presidentes de los siete organismos asociados.

La lucha por el control del CCE prácticamente se decidirá entre empresarios y banqueros. A Fernández Garza lo respaldan los empresarios principalmente de Nuevo León, y a Rangel Domene, los dos principales grupos financieros del país Banamex, filial de Citigroup, y Bancomer, filial de BBVA.

El programa de acción de Fernández Garza, en caso de llegar al CCE, incluye programas para acabar con los monopolios estatales en los sectores energético y educativo; reformar el Poder Legislativo e impulsar las reformas laboral, de telecomunicaciones, energética que incluya electricidad y petróleo, presupuestal, del sistema de pensiones, fiscal y las relacionadas con el federalismo y la banca de desarrollo.

La intención del candidato de los empresarios es que los organismos que representan a estos participen más directamente en la discusión de los asuntos políticos y económicos y encabezar el diálogo público y profesionalizar el cabildeo con los poderes Legislativo y Judicial, así como mejorar la infraestructura y reducir los trámites.