Prevención de la tortura

Teniendo en cuenta que a pesar de la creación y adopción de instrumentos internacionales y regionales que la prohíben, sigue existiendo la práctica de la tortura en muchos países del mundo -México entre ellos-, y que por lo general este abuso se comete en lugares de reclusión -ya sea para extraer confesiones, informaciones o para intimidar-, el pasado 22 de abril la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó en Ginebra, por una mayoría sustancial de 29 votos a favor, 10 en contra y 14 abstenciones, un instrumento innovador dentro del sistema de la organización internacional para prevenirla en inspecciones de policía, agencias del Ministerio Público, prisiones e instituciones psiquiátricas: el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura.

La Convención contra la Tortura, que entró en vigor hace ya 15 años, y cuenta todavía lamentablemente con el menor número de ratificaciones que los demás tratados internacionales de derechos humanos, establece en efecto un comité encargado de vigilar su cumplimiento, mediante la realización de investigaciones confidenciales, el examen de informes periódicos y la adopción de decisiones sobre comunicaciones de particulares, víctimas de tortura. Ello no obstante, únicamente 45 estados han hecho hasta la fecha la declaración prevista en los artículos 20, 21 y 22, que autoriza estas acciones -México no lo hizo hasta el año pasado-, y el comité sólo puede efectuarlas cuando recibe información confiable, es decir, en definitiva, cuando ya se ha producido y documentado la tortura.

El proyecto de protocolo facultativo, que tendrá que ser estudiado y aprobado este año, tanto por el Consejo Económico y Social como por la Asamblea General, y no entrará en vigor hasta que lo ratifiquen 20 estados, establece un subcomité internacional de expertos, autorizados a visitar cualquier lugar de reclusión, bajo la jurisdicción de cualquier Estado que lo ratifique, "cuando sea necesario y sin consentimiento previo", para comprobar el trato y las condiciones de reclusión de las personas privadas de su libertad. Basado en ello, el subcomité formulará al Estado en cuestión recomendaciones encaminadas a ayudarle a cumplir de forma efectiva su obligación de prevenir la tortura y los malos tratos.

El proyecto pide también a los estados-parte que con los mismos objetivos creen o mantengan mecanismos nacionales de supervisión, con acceso, sin necesidad de consentimiento previo, a cualquier lugar de detención. Se trata, pues, no únicamente de descubrir y corregir la comisión de este delito, sino sobre todo de prevenirlo, aunque en el caso de México es muy probable que, de ratificarlo, como lo esperamos, se privilegien los mecanismos de supervisión de los organismos públicos de derechos humanos.

Este instrumento, que culmina el proceso que puso en marcha la ONU, cuando confirmó la prohibición formal de la tortura, y decidió elaborar normas más pormenorizadas en la propia convención, comenzó a prepararse desde 1991, cuando Costa Rica presentó el borrador actualizado de un texto elaborado en 1978 por el Comité Suizo contra la Tortura, que se convirtió posteriormente en la Asociación para la Prevención de la Tortura, así como por la Comisión Internacional de Juristas. Sobre la base del borrador de Costa Rica, en 1992 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó un grupo de trabajo abierto para elaborar el proyecto de dicho protocolo, que desde entonces vino reuniéndose cada año, durante dos semanas, y en el que participaron tanto miembros como no miembros de la comisión, lo mismo que organizaciones intergubernamentales y ONG de derechos humanos.

En la reunión del grupo de trabajo en febrero de 2001, México y la Unión Europea presentaron proyectos de texto nuevos. El de México planteaba la posibilidad de que los mecanismos nacionales fueran los que realizaran las visitas imprevistas a los centros de detención, pero organismos internacionales defensores de los derechos humanos de gran reputación, como Amnistía Internacional, se opusieron, porque saben por experiencia que éstos carecen muchas veces de imparcialidad e independencia. México flexibilizó este año su posición, en aras de obtener la aprobación del proyecto, y por las informaciones que hasta el momento hemos recibido es muy probable que se haya llegado a una solución de compromiso, lo cual reforzará la responsabilidad de los organismos públicos de derechos humanos para prevenir la tortura en los lugares de reclusión.