Su regularización sigue ausente de la agenda bilateral México-EU: Sin Fronteras

Insuficientes, los recursos para proteger a migrantes

FABIOLA MARTINEZ

La violación a los derechos de trabajadores que cruzan la frontera norte sólo se podrá impedir a partir de una negociación migratoria firmada por los gobiernos de México y Estados Unidos, afirmó Fabienne Venet Rebiffé, directora de Sin Fronteras, organización civil auspiciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Consideró que los recursos que destina el gobierno mexicano para defender a sus migrantes, particularmente a los indocumentados, "no están al nivel de las ambiciosas declaraciones del presidente Fox, emitidas en México y el extranjero".

El asunto no tiene otra alternativa, dijo Venet: mientras no existan vías para la migración documentada -incluido el empleo temporal-, los trabajadores y sus familias serán vulnerables, es decir, de nada servirán las reacciones tardías de protesta del gobierno mexicano o las soluciones parciales.

Lo anterior se confirma con el reciente dictamen -con carácter de irrevocable- emitido por la Suprema Corte de Estados Unidos en contra de José Castro, trabajador despedido injustificadamente y a quien se le negó el derecho de indemnización (backpay) por su condición migratoria ilegal. En este caso, la justicia estadunidense consideró con mayor peso la legislación migratoria sobre la laboral.

Por ello, en Sin Fronteras afirmamos que la única solución a esta problemática y el acceso al sistema de justicia y seguridad social para los trabajadores mexicanos migrantes es la "regularización de la estancia de aquellos que de hecho son residentes y contribuyentes".

Esto es, propuso, un "acuerdo integral" en que ambos gobiernos deben aportar recursos económicos, no sólo impulsar una amnistía por decreto, que se olvide de programas reglamentados de empleo temporal con derechos iguales para todos.

"El problema entonces es que en Estados Unidos la regularización de los migrantes no se ha incluido en la agenda de política exterior, mientras que México tampoco le ha dedicado el tiempo y el presupuesto necesarios".

En entrevista con este diario, la activista de origen francés señaló que en los próximos ocho años la economía estadunidense generará unos 168 millones de empleos, que no podrán ser cubiertos si continúa la política migratoria actual, y tampoco habrá mano de obra suficiente para suplir al creciente número de jubilados.

De igual forma, continuarán las violaciones a los derechos laborales -como el caso de José Castro- y las muertes en la línea fronteriza, donde la estrategia del gobierno estadunidense ha costado la vida a casi 2 mil migrantes desde la puesta en marcha de los programas Guardián, Salvaguarda y Río Grande.

El año pasado fallecieron 387 mexicanos (más de uno por día) que intentaron sumarse a los 3.5 millones de indocumentados que viven en aquel país, cifra a la que se agregan cada año 300 mil más. Este mismo sector, agregó, debe ser beneficiado con programas específicos, independientes de la composición política en los congresos de México y Estados Unidos, toda vez que el dictamen de la Corte estaunidense "trivializa la legislación laboral y es una invitación a empleadores deshonestos a violar los derechos laborales de los trabajadores migratorios".