Los diputados priístas votaron en contra y no alcanzó rango constitucional

Aprobó el Congreso de Yucatán Ley de Derechos Humanos

LUIS BOFFIL CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 15 de mayo. El Congreso de Yucatán aprobó este miércoles la Ley de Derechos Humanos estatal, pero sin el voto de la mayoría calificada, lo que impidió elevarla a rango constitucional. De esta forma, el nuevo ordenamiento quedó establecido de manera secundaria, y podrá someterse a cualquier modificación posterior.

De igual manera, al no poder registrarse en la Constitución del estado de Yucatán, las especificaciones, sanciones y demás reglamentos quedarán a la observancia interpretativa de la ley.

La Ley de Derechos Humanos de Yucatán, que entre otros aspectos contempla sancionar la tortura, indica que el gobernador en turno ya no designará al ombudsman local, sino que esta responsabilidad recaerá en el pleno del Poder Legislativo. Además, otorga independencia económica y política a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Legislación perdió fuerza al no contar con la aprobación de los 11 diputados del PRI, quienes argumentaron estar en desacuerdo con ella por haberse realizado "al vapor".

El estatuto recibió a favor 14 sufragios: 12 del Partido Acción Nacional, uno del Partido de la Revolución Democrática y otro del único diputado "independiente", separado de la fracción tricolor. Los coordinadores de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del PAN, Cleominio Zoreda Novelo y Ricardo Gutiérrez López, respectivamente, coincidieron en llamarla "una ley parchada".

A su vez, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso local, la panista Beatriz Zavala Peniche, lamentó la decisión de los diputados priístas, pero no descartó que alguna instancia legal, o incluso las organizaciones no gubernamentales, interpongan un recurso constitucional para solicitar que se otorgue a la nueva ley un elevado nombramiento.

En ese procedimiento, podría argumentarse que el Congreso de Yucatán habría incurrido en desacato por no homologar un ordenamiento con la Constitución federal.

Empero, el diputado perredista Jorge Vallejo Buenfil consideró "poco probable" que prosperara una acción de ese tipo.