Movimientos de la PFP y el Ejército indican que habrá desalojos, advierte Bortolini

Solución negociada en Montes Azules, pide PRD

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Desde la tribuna de la Comisión PermanenteV del Congreso de la Unión, el PRD pidió buscar una solución negociada al problema en Montes Azules, toda vez que un desalojo violento violará la ley, significará "romper el delgado hilo del que pende el conflicto armado" en Chiapas y permitirá la entrada de trasnacionales estadunidenses a la selva Lacandona.

Las fracciones legislativas del PRD, en voz del diputado Miguel Bortolini, dijeron que ya hay movimientos de la Policia Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano que hacen prever un pronto intento de desalojo, además de que han comenzado a llegar a la zona grupos de "piratas ecológicos", disfrazados de organismos no gubernamentales (ONG) y promovidos por Estados Unidos, que "ven en la presencia indígena un obstáculo a sus proyectos de control".

Ante el pleno de la CP, Bortolini manifestó que "en el mundo al revés en que vive Vicente Fox", ha formulado declaraciones en el sentido de que todo está bien en Chiapas. El pasado día 14 declaró al diario Le Soir, de Francia, que en la entidad "hay una situación que permite trabajar en el desarrollo de los pueblos indígenas, mano con mano con el gobierno democrático".

Por desgracia, agregó, la situación es totalmente diferente, ya que desde hace varias semanas se han realizado "acciones y declaraciones que plantean la amenaza de desalojo contra 35 poblados enclavados en Montes Azules". Entre otros, mencionó que desde el 9 de marzo llegaron cientos de efectivos de la PFP al cuartel de Rancho Nuevo, y "se ha dado una serie de movimientos del Ejército que, de forma amenazante, han llegado a las comunidades que habitan en Montes Azules anunciándoles que en unos días serán desalojados".

Tras esas acciones, dijo, está "el deseo incumplido de barrer con los indígenas de esa región", con el pretexto de conservar el ecosistema de Montes Azules.

Sin embargo, agregó, el proceso de devastación ecológica no está relacionado con la existencia de comunidades indígenas en la zona, sino con otros hechos, como el incremento de la tala desmedida de la selva por grandes consorcios madereros del país y de Estados Unidos, y la llegada de "piratas ecológicos, disfrazados de organizaciones no gubernamentales, los cuales ven en la presencia indígena un obstáculo a sus proyectos de control de la zona".

Para Estados Unidos, insistió, Montes Azules ha sido definida como "reserva estratégica" y no debe olvidarse que en los nuevos mapas de conflicto elaborados por la inteligencia estadunidense "Chiapas es ubicado como un centro de reserva maderera y de recursos bióticos clave para ese país. La deforestación forma parte de un gran negocio en el cual participan grandes empresas trasnacionales, por eso no es gratuito que el gobierno estadunidense se haya rehusado a firmar el Acuerdo de Kyoto".

Resaltó que mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mantuvo el control de partes fundamentales de la selva Lacandona, "no se veía ese terrible espectáculo que se vivió antes y después: la salida de cientos de camiones cargados de madera producto de la tala clandestina".

A todo esto, insistió, debe agregarse que desde Estados Unidos se promueve la llegada de ONG que buscan aplicar el modelo estadunidense de privatización de los parques de conservación. Un ejemplo es Conservation International, empresa que juega un papel muy activo en la búsqueda de expulsar a las comunidades indígenas de Montes Azules.

ƑQuién está atrás de Conservation International?, se preguntó. Se trata, explicó, de una supuesta ONG estadunidense que actúa en la selva Lacandona con varios proyectos: control demográfico, experimentando con diversos anticonceptivos para ver cuál funciona para frenar la sobrepoblación; ecoturísticos, en los que ofrecen talleres educativos empresariales a las comunidades.

Actualmente Conservation International mantiene una Estación de Ecoturismo Modelo, patrocinada por el grupo Pulsar, de Alfonso Romo, que "por medio de Sabia se ha convertido en el gran decididor de la política ecológica de México, con el propósito de dejar las manos libres a los grandes empresarios para devastar el medio ambiente y promover la biopiratería".

El perredista insistió en la gravedad de llevar a cabo el desalojo en Montes Azules, donde la mitad de las comunidades que ahí residen son bases de apoyo del EZLN y otras de la ARIC Independiente y Democrática.

"Realizar un desalojo violento de esos pueblos sería la gota que derramaría el vaso de la paciencia de esas comunidades. Sería el peor de los mensajes que se les podría enviar. Si este Congreso ya les falló una vez al aprobar una ley que fue rechazada totalmente por los sujetos a los que supuestamente buscaba reconocer y beneficiar, ahora no podemos quedarnos impávidos frente a esta nueva injusticia."

Bortolini propuso un punto de acuerdo, que se turnó a comisiones, para citar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger, "para que explique la política que se seguirá, a fin de buscar una solución negociada al conflicto de Montes Azules", que no implique desalojo.