Unas 800 mujeres del CIPO realizaron plantón y movilizaciones en días pasados

Nula respuesta oficial a indígenas de Oaxaca; exigen cese a la represión en la sierra Norte

Denuncian persecución a opositores a la tala de bosque; piden investigar "accidente" vial

ROSA ROJAS

"Sin ninguna respuesta de las autoridades estatales" terminaron el plantón y las movilizaciones que las mujeres del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) realizaron en la capital oaxaqueña del 8 al 12 de los corrientes, informó Reyna Pérez Hernández, una de las coordinadoras de la protesta, y agregó que los funcionarios "siempre creen que sólo con proyectos productivos van a calmarnos, cuando lo que nosotras buscamos es justicia".

El sábado 11, explicó vía telefónica, llegó al plantón -en el que participaban unas 800 mujeres con sus hijos- el director de Gobierno, Carlos Santiago, para decirles que las autoridades iban a recibir a una comisión negociadora del CIPO.

"Dijo que iba a sentar con nosotros a los titulares de todas las secretarías; entonces le pregunté si iba a estar el procurador de Justicia, y dijo: 'déjenme preguntar'; se fue y ya no regresó.

"Al procurador le íbamos a plantear el cese de la represión que estamos viviendo en la sierra Norte por parte de Jacobo Chávez Yescas, cacique de Tanetze de Zaragoza, que está reprimiendo a nuestros compañeros; que se le haga juicio porque secuestró a 46 de nuestros compañeros del primero al 8 de enero por defender un proyecto de transporte comunitario del Rincón de la Sierra Juárez, y no es posible que siga tan tranquilamente en las calles de Oaxaca."

Otro problema, añadió, es la persecución que sufren los habitantes de San Isidro Aloapan, donde una gran empresa maderera está talando los árboles de manera inmoderada, "con permiso de Semarnat, y como los compañeros -zapotecos- se oponen, porque cuidan el bosque, los están acusando de delitos fabricados", como ataques a las vías de comunicación, violación y robo de animales. Indicó que todas las autoridades de San Isidro tienen órdenes de aprehensión en su contra.

Pérez Hernández mencionó que ella misma ha recibido, igual que otros integrantes del CIPO, amenazas contra su vida. A raíz de lo ocurrido en Tanetze entraron desconocidos en su casa, narró. No se llevaron dinero, pero sí discos de computadora con información del consejo indígena, así como las credenciales de su escuela, su acta de nacimiento y otros documentos personales, y dejaron una carta de amenaza sobre la cama.

"Tú eres un pretexto o un pero para romperle su madre al CIPO, ahora es una advertencia pero si algún día se llega a realizar a ver cómo se la sacan los del CIPO", decía el mensaje.

Otra demanda de justicia es que se investigue el caso de Gaudencio Escamilla, quien murió el 11 de marzo pasado "en algo que para nosotros era un accidente, pero después recibimos llamadas telefónicas que indican que no".

Detalló: "Iban compañeros de distintas regiones hacia el Istmo de Tehuantepec y antes de la gasolinera de Juchitán ocurrió el accidente; un tráiler se les cerró y ellos se salieron de la carretera; el chofer pudo equilibrar la camioneta, pero uno de los que iban atrás, Gaudencio, se salió de la batea del carro y quedó malherido. Luego recibimos llamadas telefónicas; una la respondió el compañero César Chávez García, otra el compañero Leonardo López Sarabia y otra yo, en las que nos decían que dejáramos de estar agitando, que eso implicaba estar tocando intereses personales de mucha gente.

"La persona que llamó a mis compañeros dijo llamarse Luis Altamirano y que teníamos un muy buen chofer; por eso no pasó a mayores. Primero habló el 11, como a las 10 de la mañana, diciendo que cómo nos había ido en el accidente, que ni siquiera nosotros sabíamos que había ocurrido; en la tarde llamó y dijo que andaba siguiendo a los compañeros que se habían quedado en Juchitán; el 12 de marzo en la noche fue cuando yo contesté y empezó a decir que los del consejo éramos vividores y desestabilizadores de las comunidades."

Indicó que las manifestantes del CIPO fueron golpeadas, "y ahora el gobierno del estado dice que nosotras fuimos las que los agredimos y que se está viendo una denuncia penal contra nosotras. ƑCómo los íbamos a agredir si llevábamos muchos niños? Nos acusan de que rompimos unas ventanas de la Procuraduría de Justicia, pero los policías las rompieron con sus armas y desde ahí empezaron a apuntarnos; a los niños que estaban cerca les enseñaban la lengua y los judiciales les decían a los niños que ya se largaran con su mamá".

Abundó: "Nosotras ya estábamos previendo eso, porque días antes empezó a entrar el Ejército en nuestras comunidades de la sierra Norte, Santa María Yaviche, San Isidro Reforma y Juquila Vijano, y en la Mixteca, en la zona de Santiago Nuyoo, con el pretexto de buscar narcos, pero andan intimidando a la gente, por eso nosotros previmos eso e invitamos a observadores internacionales a que estuvieran con nosotras, y ahora resulta que a los compañeros, que son de derechos humanos de Suecia, los acusan de que ellos iniciaron la agresión en la procuraduría, aunque no tuvieron ninguna participación, y ya salieron del país por el mismo temor, pues les decían que los iban a echar".