José Antonio Rojas Nieto
Cinco tesis para una reforma eléctrica viable
La decisión de la Corte respecto a la inconstitucionalidad de las modificaciones al reglamento de la Ley del Servicio Público de Electricidad y el rechazo en el Senado de las iniciativas que pretendían modificar la Constitución para reformar el sector eléctrico han desencadenado muchísimas reacciones en contra. Los más altos funcionarios gubernamentales, los más altos dirigentes del PAN y los más altos representantes empresariales (con la honrosa excepción de algunos) sólo ven en los artículos 27 y 28 de la Constitución un obstáculo a lo que eufemísticamente llaman "modernización eléctrica imprescindible para el desarrollo de México". Y a ellos se suman personeros extranjeros. Lamentable coincidencia. Pero bueno. Por eso conviene resaltar las declaraciones recientes de los senadores Manuel Bartlett y Silvia Hernández, del PRI, y Jesús Ortega y Demetrio Sodi, del PRD (citados todos, como diría Ricardo Rocha, por orden alfabético y cronológico de fundación), quienes aseguran la viabilidad de una reforma energética sin cambio constitucional. Y es que tienen razón. Las dos propuestas de modificación a la actual Ley del Servicio Público respaldan sus afirmaciones. Y es que tanto el PRI como el PRD ofrecen propuestas para una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia eléctrica que permiten asegurar la viabilidad de un cambio sin modificación constitucional, aunque no permiten que se haga de la industria eléctrica una arena más para especulaciones y rentismos, como ha sucedido en algunos ejemplos internacionales que hoy exigen más, muchísimo más cuidado en cualquier cambio.
Cinco tesis principales sustentan dos propuestas sin duda altamente convergentes: 1) el suministro de electricidad es un servicio público que debe seguir siendo responsabilidad del Estado, y con ello también se ratifica el principio constitucional de impedir que se especule y se medre con una necesidad esencial de la sociedad y menos aún con recursos nacionales utilizados para satisfacerla, como pueden ser las cuencas hidráulicas, las zonas geotérmicas y los hidrocarburos; 2) los particulares pueden desempeñar un papel coadyuvante fundamental asumiendo la responsabilidad -como de hecho ya la tienen- de parte importante del proceso de generación de la electricidad para el servicio público y, asimismo, impulsando con absoluta libertad el desarrollo de procesos de cogeneración y autoabastecimiento para sus propias necesidades; 3) las empresas públicas de electricidad deben ser autónomas para alentar su mayor desarrollo y modernización, y deben tener un nuevo régimen fiscal para que les permita, precisamente, ese desarrollo, sin demérito de su actuación transparente y su evaluación y vigilancia públicas por parte del Congreso; 4) la Comisión Reguladora de Energía debe tener una mayor fortaleza técnica, humana y legal, y debe contar con mecanismos, formas y personas con creciente solvencia para regular la actuación de las empresas públicas y de los particulares en esta industria, garantizando siempre su actuación expedita, firme, precisa y ho-nesta. Ello coadyuvará a que el servicio público de electricidad sea prestado de forma confiable y eficiente, y al menor costo; 5) el Consejo Nacional de Energía será un nuevo organismo coordinado por el Ejecutivo para diseñar, impulsar y evaluar una actuación de largo aliento en el ámbito del desarrollo energético en nuestro país, y garantizar que en todo y por todo se busque y se acceda al óptimo nacional, que no se identifica con el óptimo particular de una empresa pública o privada ni mucho menos con el provecho y el beneficio de particulares, como lo muestran muchas experiencias extranjeras de reforma y desregulación eléctricas tantas veces conducidos al rentismo y la especulación voraces.
Hay que aceptarlo. No hubo consenso -al menos todavía- para modificar la Constitución. Por ello estas tesis constituyen un instrumento básico para avanzar en una reforma en la que, sin duda, pueden lograrse acuerdos tanto con el gobierno como con los empresarios nacionales y extranjeros. Por eso lo menos que pudieran y debieran hacer el gobierno y su partido, el PAN, y los empresarios, que tanto reclaman por la modernización energética (y que, lamentablemente una vez más, recurren a las amenazas de apagones y estrangulamientos técnicos), es colaborar a que se avance en una discusión que ya lleva tres importantes años (Ƒcómo creer que Zedillo lo quería resolver en sólo unas cuantas semanas en marzo de 1999?) y que puede permitir la construcción de lo que podríamos llamar un primer consenso nacional que oriente hacia la transformación en fases y etapas sucesivas de una industria eléctrica que todos deseamos mejor, pero que dadas las regresivas y vergonzosas experiencias internacionales, deberemos ir realizando con muchísima, sí, muchísima astucia, pero con mayor prudencia. Está de por medio una necesidad fundamental de la población. No se vale, bajo ninguna circunstancia, medrar o especular o enriquecerse con ella. Sin duda.
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