Antonio Gershenson
Electricidad: la verdadera solución
Supuestamente lo sucedido nos llevará a la catástrofe y a los apagones. Había propuestas, en el Senado, de cambiar la Cons-titución en materia eléctrica. La primera fue la de Zedillo y Téllez, de principios de 1999, que nunca fue aprobada, pero tampoco rechazada formalmente. Otra propuesta fue presentada por un senador del PAN. La tercera, por legisladores del Partido Verde. Aunque había diferencias, una razón común por la que las tres planteaban cambiar la Constitución era la de quitar la exclusividad de la nación en la mayoría de las actividades del servicio público de energía eléctrica.
Pues bien, las comisiones dictaminadoras del Senado aprobaron un dictamen que las desechó de manera definitiva.
Al día siguiente de esa sesión de senadores, se anunció un fallo de la Suprema Corte. Esto no tiene que ver directamente con las leyes, sino con el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El año pasado el gobierno federal introdujo cambios al mismo. El sentido principal era aumentar el monto de excedentes que un productor de electricidad privado le puede vender a la Comisión Federal de Electricidad sin necesidad de concurso, y además mejorar las condiciones de pago por esa energía.
Este cambio fue impugnado por diputados, que fueron a la controversia constitucional, y ahora la Suprema Corte les dio la razón. Esto anuló la mencionada reforma al reglamento, cerrando el paso a medidas de esta naturaleza para una reforma eléctrica.
El cambio del reglamento implicaba subsidiar empresas para que se les hiciera atractivo el autoabastecimiento, y no resuelve el problema del financiamiento público sino, con el nuevo subsidio, lo complica más. La verdadera salida es por el lado opuesto: ir reduciendo el subsidio, pero no simplemente lo que queda de subsidio que no tenga justificación social en tarifas domésticas. El consumo doméstico es la cuarta parte del total. En cambio, el consumo en tensión media y alta, sobre todo de empresas, equivale a las dos terceras partes del total.
Las empresas que reciben energía en alta tensión, todas ellas de gran tamaño, pagaron en promedio al sector eléctrico, en el año 2000, 43 centavos por kilovatio/hora, más el IVA que va a Hacienda y que las empresas pueden recuperar por no ser consumidores finales. En el polo opuesto, el Gobierno del Distrito Federal y los municipios del Valle de México y zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara pagan 1.82, ya incluyendo un IVA que no pueden recuperar porque son consumidores finales.
Pues bien, el costo promedio del kilovatio/hora, solamente hasta el punto de entrega a estas grandes empresas, es decir, sólo el costo de generación y transmisión, pero no el de distribución y comercialización, fue en el mismo 2000 de 55 centavos, según cifras de la cuenta pública, y 53 centavos a partir de cifras de la CFE. En ninguno de los dos casos se considera la deuda de largo plazo, ni los llamados Pidiregas, en cuanto a su repercusión futura. El costo completo estaría, más allá de toda duda, por encima del precio promedio de venta, dado que las cifras de costos que acabamos de citar rebasan el precio promedio de venta en alrededor de 20 por ciento.
No se trata tampoco de eliminar este subsidio de un plumazo, poniendo en riesgo algunas fuentes de trabajo de importancia. Pero un aumento gradual, programado y anunciado en estas tarifas, reduciendo además otros subsidios injustificados, tiene un doble efecto: por un lado, proporciona recursos para la inversión del sector eléctrico que, junto con una reducción en el régimen impositivo para dejarlo en el mismo nivel de las empresas privadas, con un mejoramiento de la eficiencia y con el aprovechamiento pleno de los derechos de vía de las líneas de transmisión, permitirá inversión pública sin el excesivo endeudamiento al que se nos ha llevado.
Al mismo tiempo, los grandes consumidores, al saber que la energía ya no va a estar a precio de regalo, tendrán más motivación para abastecerse de energía que ellos mismos generen. Y si se les quiere dar un apoyo público, que sea subsidiando la eficiencia, y no como ahora la ineficiencia: con electricidad tan barata, la derrochan. Es mejor, por ejemplo, un crédito blando para modernizar las instalaciones, hacerlas más eficientes incluso con una reducción del consumo de electricidad, y por lo tanto más competitivas. Otro aspecto muy importante es que, al contar el sector eléctrico con más ingresos propios, y al no tener que invertir en satisfacer la demanda de los grandes consumidores, que se abastecerían a sí mismos, eso reduciría en gran medida el endeudamiento del sector público y mejoraría los índices macroeconómicos del país.
