CONGRESO DEL PRD
Propone restructurar a fondo los principales órganos electorales partidistas
El PRD se plantea lograr un Legislativo que frene planes gubernamentales de pérdida de soberanía
Sugiere nombrar en la Comisión de Fiscalización a Ricardo García Sainz Insuficiente, mencionar los errores del gobierno, hay que proponer soluciones viables: Sánchez Anaya
ROSA ELVIRA VARGAS Y RENATO DAVALOS
Frente a la pretensión del gobierno foxista y su partido de apoderarse de la Cámara de Diputados en 2003 para impulsar reformas privatizadoras, el PRD llamó a cumplir la responsabilidad histórica de sumar a las fuerzas democráticas y de izquierda para lograr un Poder Legislativo plural que sea el dique a las intenciones gubernamentales que representarían la entrega y pérdida de la soberanía nacional.
La presidenta nacional perredista, Rosario Robles, estableció también, en la sesión inaugural del séptimo congreso nacional de su partido, que frente a quienes desde la derecha pretenden debilitar al PRD, esta agrupación propone la dignificación del Congreso de la Unión. Para ello, buscará impulsar un referéndum nacional previo a la aprobación del presupuesto para fijar sus prioridades sociales, entre otras medidas. En una reflexión, Robles planteó que en el PRD congruencia y ética deben ser los principales soportes de sus tareas, porque "no es ocultando nuestros errores como podemos sanar las heridas", externó en alusión al proceso electoral del 17 de marzo y sus conflictos irresueltos. Por ello, propuso una profunda restructuración de los principales órganos electorales partidistas. En el Servicio Electoral Nacional sugirió a Miguel Angel Granados Chapa; en la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia a Margarita Guerra, y solicitó la creación temporal de una comisión de legalidad y transparencia que mediaría y analizaría los numerosos conflictos poselectorales. Este órgano, que quedaría en manos de Samuel del Villar, entregaría a Garantías y Vigilancia un informe después de tres meses de labor. Particularmente, Robles criticó las decisiones de los órganos electorales que "corresponden más a criterios de grupo que a una visión de legalidad; son decisiones que han agraviado a nuestra militancia y requieren ser subsanados para evitar que instancias externas se entrometan en nuestra vida partidaria".
Robles Berlanga perfiló en sus palabras inaugurales ante más de un millar de congresistas de todas las corrientes que confluyen en el perredismo la línea política de su gestión y la metodología para restructurar la organización partidista. Lo hizo en un mensaje frente a los gobernadores perredistas, Cuauhtémoc Cárdenas y doña Amalia Solórzano, legisladores, intelectuales, perredistas de Estados Unidos y representantes partidistas de izquierda de una veintena de países del orbe. En ese punto, enfatizó que el PRD nunca más debe ir a un proceso electoral que cuestione su calidad moral. "Por eso con toda claridad les digo que si la elección de nuestros candidatos a diputados federales y a los órganos de dirección que quedaron pendientes no se lleva a cabo en condiciones de equidad y transparencia y con resultados rápidos y confiables, presentaré mi renuncia al partido de manera irrevocable".
En lo que pretende ser un giro y un deslinde respecto del liderazgo que la precede -donde, por ejemplo, fuentes de la nueva directiva refieren haber encontrado un adeudo de casi 140 millones y no de 70 millones de pesos, como se había revelado-, Robles anunció una serie de medidas que incluyen nombrar al frente de la Comisión de Fiscalización a Ricardo García Sainz.
Además de ejercer un patrimonio austero y racional destinado a las tareas políticas y "no al mantenimiento de una burocracia partidaria". Las medidas se proponen también reducir a la mitad los gastos de operación del comité ejecutivo a "partir del manejo ordenado de la nómina", el recorte de los gastos de representación y viáticos y la entrega de prerrogativas a estados y municipios con un sistema de control que asegure su comprobación y manejo transparente". También canalizará 8 por ciento de los recursos a capacitación y formación política, y elaborará un tabulador transparente de los salarios de los funcionarios públicos para aportar 10 por ciento a los fondos partidarios. La nómina será pública y de conocimiento del partido. Igualmente, se incorporaría al estatuto la figura de daño patrimonial por uso indebido de los recursos o por notoria negligencia, así como una revisión del manejo administrativo y financiero, cuyas fallas en los últimos tiempos han representado multas impuestas por Instituto Federal Electoral.
El mensaje llevaba, interpretaron muchos, varios destinatarios: "No nos temblará la mano si se encuentra que alguien, traicionando la confianza de la anterior dirección y de nuestra ex presidenta, haya actuado indebidamente, pues nuestro partido tiene que predicar con el ejemplo". A nombre de los gobernadores perredistas, Alfonso Sánchez Anaya refirió que no se requiere sólo mencionar los errores del gobierno, sino hacer propuestas de solución viables a los primordiales problemas. Desarrollar nuevas ideas exige "recuperar la altura moral e intelectual" para mostrar nuestra verdadera identidad.
En su intervención, el munícipe de Acapulco, Zeferino Torreblanca, pidió la reivindicación del trabajo partidista con los municipios, con la incorporación de representantes en el consejo nacional.