Habría permitido reducir 50 por ciento el financiamiento público a partidos
Madrazo obstaculizó la reforma electoral: Sodi
El IFE no podrá contar con facultades para fiscalizar el uso de recursos en campañas
ANDREA BECERRIL
Uno de los fracasos del periodo ordinario de sesiones que acaba de concluir en el Senado de la República fue no aprobar la reforma electoral acordada por las tres principales fuerzas políticas y que habría permitido al Instituto Federal Electoral (IFE) tener mayores facultades de fiscalización de los gastos de las campañas, además de disminuir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos.
Fueron meses de estudios y discusiones, la iniciativa se presentó el pasado 25 de marzo ante el pleno senatorial, pero el dirigente del PRI, Roberto Madrazo, no estuvo de acuerdo y los senadores priístas ya no firmaron el dictamen, que estaba listo para aprobarse en los últimos días de abril. Debido a ello, las elecciones de 2003, que serán sólo para elegir diputados, tendrán un costo cercano a 5 mil millones de pesos, lo doble que en el proceso presidencial de 2000, cuando también se renovó todo el Congreso.
A esto habrá que sumarle 80 o 100 millones que, de acuerdo con la actual legislación electoral, corresponderá a cada uno de los nuevos partidos políticos. "Es un aumento escandaloso y no sé cómo va a explicar el PRI ese incremento para los partidos políticos, mientras los gastos para educación, salud y vivienda disminuyen", comentó el senador perredista Demetrio Sodi.
El perredista señaló que el responsable de que no se haya legislado para abaratar los costos electorales y dar mayores facultades de fiscalización al IFE es el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, porque fue quien se opuso a que la fracción priísta en el Senado aprobara la iniciativa que habían presentado conjuntamente PRD y PAN.
La directiva priísta elaboró un documento en el que argumenta su rechazo a esa iniciativa que pretendía reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito. No es conveniente, consideró, reducir el financiamiento en un año en que habrá varios procesos electorales, además del endeudamiento fuerte que tiene el tricolor.
El desacuerdo en que se den mayores facultades de fiscalización al IFE, que le habrían permitido incluso salvar el escollo que representa el secreto bancario, es porque implicaría dar por hecho que en los partidos hay algo sucio, señaló el PRI en ese documento.
Incongruencias
Sodi de la Tijera consideró que es incongruente que el PRI haya festejado el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el que el organismo ordenó al IFE reabrir la investigación sobre el presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Vicente Fox, "mientras paró un proyecto legislativo encaminado a dotar al instituto de las facultades requeridas para no enfrentarse con el dique del secreto bancario".
El pasado 25 de marzo el senador panista Jorge Zermeño explicó ante el pleno de esa cámara la relevancia de una reforma electoral. El propósito, dijo, era disminuir sustancialmente el financiamiento público que reciben los partidos, especialmente en la elección intermedia, donde se renueva únicamente la Cámara de Diputados.
La propuesta, detalló, consiste en cambiar los porcentajes de financiamiento establecidos en la Constitución.
Actualmente se distribuyen de manera igualitaria a los partidos 30 por ciento de los recursos, y 70 por ciento de manera proporcional al número de votos logrados por cada instituto político, mientras que la iniciativa plantea que el reparto general sea de 20 por ciento, y el 80 por ciento restante sea con base en la fuerza real de cada organismo.
Además, se proponía también disminuir 50 por ciento el financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticos de nuevo ingreso.
En la exposición de motivos del proyecto de reforma electoral se precisa que la distribución de recursos ha provocado una situación anómala, porque entre menos votos obtiene un partido, mayor es el financiamiento público que recibe. Por ello, otro de los cambios centrales es una restructuración de las coaliciones, de tal forma que los votos de los institutos coaligados se contabilicen de manera separada, y los cómputos en casillas sean diferenciados.
De esa forma se podrá identificar con claridad los votos de cada uno de los partidos que integran la coalición, para que sólo aquellos con por lo menos 2 por ciento de los votos válidos conserven su registro
La otra parte medular de esa reforma electoral consistía en fortalecer las facultades del IFE, con miras a que pueda verificar operaciones mercantiles realizadas por los partidos y agrupaciones políticos, y auditar a quienes pierden el registro, ello con el apoyo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Al respecto, Sodi de la Tijera hizo notar que esta reforma habría permitido que un partido que pierde el registro tuviera la obligación de regresar los recursos y activos que obtuvo mediante dineros del erario, y no como ocurre ahora, que se convierten en patrimonio personal de los dirigentes partidistas.
El perredista comentó que por tratarse de una reforma constitucional, se requería el voto de dos terceras partes de los senadores, y por ello sin el aval del PRI no pasó.
Es una gran derrota, insistió, porque es fundamental que el IFE pueda fiscalizar a fondo el uso de los recursos que se dan a los partidos, y los dineros empleados en las campañas electorales.
El litigio ahora es precisamente por presunción de irregularidades muy graves en las campañas presidenciales de Fox y del priísta Francisco Labastida Ochoa, que el IFE no ha podido resolver precisamente por el secreto bancario.
Sodi agregó que el otro problema que quedará pendiente es el crecimiento exagerado del gasto público que se destina a los partidos políticos. "Madrazo no quiso que el PRI dejara de recibir los mil 500 millones de pesos que le tocarán para la elección de 2003", pero hay además cerca de 10 nuevos partidos que habrán de solicitar registro y otras 50 agrupaciones políticas que también lo están solicitando.
