Envió comisiones rogatorias a varios países, a Arthur Andersen y a la comisión de valores

El juez español Garzón solicita informes sobre Madariaga Lomelín

Investiga en Madrid la presunta implicación del banquero mexicano en blanqueo de capitales para comprar Mercantil Probursa Acuerda con la defensa del BBVA la entrega de documentos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 9 de mayo. El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien instruye el caso de la presunta trama fraudulenta de la anterior cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), firmó hoy una ''providencia'' en la que solicita información del banquero mexicano José Madariaga Lomelín y de su ex colaborador Eduardo Pérez Montoya, quienes según los indicios de la investigación habrían participado en el blanqueo de varios cientos de millones de dólares procedentes del narcotráfico.

El magistrado además envió comisiones rogatorias a Venezuela, Suiza, Jersey, Liechstenstein y Alemania, al tiempo que solicitó información a la propia entidad financiera, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la consultora Arthur Andersen.

El magistrado español, en atención a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, resolvió pedir al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc, órgano de vigilancia español dedicado en exclusiva a la investigación de las mafias del narcotráfico) más información sobre Madariaga Lomelín y Pérez Montoya, el último ubicado por la FBI en ''la órbita del narcotráfico''.

Garzón, quien en esta primera providencia excluyó a México del grupo de países a los que envió comisiones rogatorias, investiga en su despacho de Madrid la supuesta implicación de Madariaga Lomelín en el blanqueo de capitales, en concreto cuando se llevó a cabo la operación de compra-venta de Mercantil Probursa.

El juez español asumió la investigación de la presunta trama fraudulenta el pasado 9 de abril, al considerar que había ''indicios'' de que la ex cúpula del banco, encabezada por su entonces presidente, Emilio Ybarra, habrían incurrido en los delitos de blanqueo de dinero, apropiación indebida, cohecho y falsedad documental, en un sumario en el que también aparece como figura clave del fraude, en su apartado mexicano, el banquero y actual vicepresidente del BBVA México.

La investigación iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de la declaración del testigo protegido y ex asesor legal del BBVA en Puerto Rico, Nelson Rodríguez, se encuentra en su fase inicial, si bien la documentación recabada hasta ahora esclareció que al menos durante 13 años la entidad mantuvo una serie de cuentas secretas en diversos paraísos fiscales, que utilizó -y esto es lo que se pretende probar- para el pago de comisiones ilícitas, el financiamiento de partidos políticos, el blanqueo de dinero procedente de las mafias del narcotráfico mexicano y colombiano, y para dotar de millonarios planes de jubilación a los 22 ex consejeros dimitidos por el escándalo.

En la citada providencia, Garzón además solicita información sobre dos banqueros colombianos, Marco Aurelio Royo y Enrique Guerlain, y del presunto mafioso conocido como zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. Asimismo, citó a declarar a los 22 ex consejeros imputados y a nueve testigos, además de poner fecha al careo entre Emilio Ybarra y el actual presidente del banco, Francisco González, que será el próximo 10 de junio.

Otra decisión del magistrado fue enviar una batería de diligencias a la consultora estadunidense en vías de desaparición Arthur Andersen, sobre todo ''los papeles de trabajo donde figure la información, pruebas practicadas y evidencia requerida de los apuntes contables realizados en el año 2000, correspondientes a la regularización fiscal de cerca de 200 millones de dólares''.

Garzón, a instancias del fiscal, requiere además numerosa documentación al BBVA, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y a países como Suiza, Venezuela, Antillas Holandesas, Gran Caimán o Alemania, referente a distintas informaciones sobre el BBV, sus acciones y operaciones, desde 1988 hasta 2000.

La fiscalía, molesta

Garzón acordó con el equipo de abogados que lleva la defensa del BBVA entregar parte de la documentación original integrada en el sumario abierto por la trama de las cuentas secretas que la anterior cúpula de la entidad mantuvo durante 13 años en diversos paraísos fiscales.

La decisión del magistrado fue duramente criticada por la Fiscalía Anticorrupción, el órgano responsable de la investigación, al sostener que es ''un insólito precedente para otros casos'', es ''contraria a derecho'' y pone en riesgo la integridad de la documentación, parte de ella incautada por orden del propio juez y que resulta vital para el proceso judicial.

Esta polémica decisión permitirá, salvo marcha atrás, que la documentación original incautada en el registro judicial sea devuelta a la entidad financiera y por tanto quede al margen de la vigilancia del fedatario público.

El acuerdo entre Garzón y la defensa del banco fue conocido ayer por la noche por el fiscal David Martínez Madero, quien hoy mismo entregó un escrito de reforma en el juzgado, en el que manifiesta su contrariedad y su más firme oposición a la entrega de la documentación a la defensa, arguyendo que la información ''se encuentra en una situación procesal todavía no definida'' por Garzón.

Martínez Madero añadió que se trata de ''un insólito precedente, contrario a derecho, ya que la entrega del original a una de las partes está prohibida por la legislación vigente''.

El fiscal anticorrupción también pregunta a Garzón cómo puede ser posible que ''una causa tramitada por el juzgado quede fuera de la custodia del fedatario público'', máxime cuando hay ''riesgo de pérdida, alteración o destrucción de documentos''. Aclara que no ''cabe oponer ningún obstáculo'' para que los abogados de las partes puedan conocer las actuaciones y elaborar su defensa, ''siempre que ello se conjugue con la seguridad y la debida custodia que las mismas merecen, cometido y responsabilidad que corresponde al secretario judicial''.

El vocero de Justicia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, oposición), Javier Barrero, coincidió con el fiscal, al sostener que causa ''sospecha'' y ''estupor'', por lo que pidió al magistrado que dé marcha atrás para ''tranquilizar a la opinión pública'' y para garantizar que se llegue ''hasta el fondo'' de este escándalo financiero.