La ley no prevé castigo: fuentes del Poder Judicial

Si hubo manejo ilícito de recursos la sanción sería "política y ética"

JESUS ARANDA

En caso de que se demuestre que hubo manejo ilícito de recursos en la campaña electoral de Vicente Fox, la sanción para el Presidente sería "política y ética", pero no jurídica, porque la ley en la materia no prevé castigo en estos casos.

El desprestigio en que se vería envuelto el mandatario sería "tremendo" y el deterioro de su capital político incalculable, pero su castigo sería social y político, no jurídico, precisaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

Subrayaron que ni la Constitución ni la ley electoral establecen la destitución del Presidente de la República por el uso ilegal de recursos durante su campaña proselitista, y destacaron que Fox no podría ser sancionado porque la ley "no contempla nada al respecto".

En todo caso, un eventual castigo sería para el instituto político que postuló a Fox, es decir, Acción Nacional, porque en el país se vive un régimen de partidos y éstos son responsables de responder legalmente por la conducta de sus militantes.

Incluso, comentaron, en caso de que el IFE comprobara que quienes cometieron irregularidades en el financiamiento de la campaña del panista fueron los llamados Amigos de Fox, eso no relevaría al partido político de su responsabilidad, porque el actual presidente fue registrado por el PAN ante los órganos electorales competentes, y precisamente es el partido político en cuestión el que está sujeto a responsabilidad legal ante esos organismos.

Recordaron que cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, durante la precampaña presidencial de 2000, retirar la figura de Vicente Fox de las boletas electorales de la Alianza para el Cambio -formada por el PAN y el PVEM-, uno de los argumentos centrales de los magistrados fue que no se podía anteponer la figura del candidato a la de los partidos.

Los funcionarios consultados precisaron que sólo en Francia la legislación electoral prevé qué hacer en caso de que se descubra que un candidato presidencial utilizó recursos ilícitos en su campaña electoral.

Explicaron que ahí el ordenamiento es tajante: el funcionario deja sus funciones y se convoca a nuevas elecciones. Pero es un caso único en el mundo.