En el limbo, las comunidades que viven en esa zona

Negociación o desalojo, opciones para habitantes de Montes Azules

Están en la mira del Poder Judicial 16 asentamientos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 6 de mayo. Las comunidades indígenas ubicadas en Montes Azules, el ''área protegida'' de la selva Lacandona, siguen en el limbo. ƑHabrá negociación o desalojo? Dieciséis asentamientos están ya en la mira del Poder Judicial. Muchos ubicados en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, que coincide con el área que disputa la comunidad lacandona.

El mosaico de comunidades y predios familiares establecidos dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (muchas de las cuales podrán ser desalojadas próximamente) es relativamente desconocido tanto para las instancias gubernamentales como para los organismos independientes que estudian u observan la zona.

Se calcula que existen alrededor de medio centenar de asentamientos -algunos desde hace años- dentro de su perímetro. De algunos se ignora si son zapatistas, priístas o de otra filiación. En un caso, cerca de Marqués de Comillas y la frontera con Guatemala, el gobierno alborista ya había ''recomendado la aprehensión de sus líderes''.

En una caracterización que el gobierno, todavía priísta, hizo de ''los poblados asentados en las áreas naturales protegidas de la selva Lacandona'', en marzo de 2000, se encontaron 35 comunidades y tres predios familiares en situación conflictiva. De éstos, 29 se localizaban dentro de la llamada comunidad lacandona, y por lo tanto ''invadían'' el latifundio de los lacandones. (En 1972 el gobierno había regalado más de 600 mil hectáreas a las comunidades lacandonas de Lacanjá, Zapotal y Metzabok, que sólo habían solicitado 8 mil).

Dieciséis de aquellas comunidades ''invasoras'' fueron demandadas por los lacandones en septiembre de 2001, y las querellas siguen su curso legal que, de proceder, implicarían expulsión de las familias, y cárcel a sus representantes, por delitos federales graves como despojo, que no alcanzan fianza.

En marzo y abril del presente año, tanto el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía como otros funcionarios del estado, insistieron en que no preparaba ningún desalojo en Montes Azules. La presiones para desalojar procedían de las instancias federales involucradas en el ''problema'', representadas en la Mesa Ambiental en que se coordinan el gobierno de Chiapas y el Ejecutivo federal. Si iban a efectuarse desalojos, como denunciaron a fines de febrero y principios de marzo los municipios autónomos, la ARIC independiente y algunos organismos civiles, los operativos fueron suspendidos. De momento.

El problema sigue abierto. El titular de Profepa había anunciado que antes de terminar el presente año se iniciaría la ''recupreración'', incluso por la vía militar, de la Reserva de la Biosfera. Otros funcionarios federales declararon luego que no corría tanta prisa. Como sea, siguen su curso las 16 demandas contra otras tantas comunidades del norte de los Montes Azules, en su mayoría bases de apoyo zapatistas y miembros de la ARIC Independiente. Si procede la demanda penal, la justicia federal se encargará del desalojo y sus consecuencias.

La comunidad lacandona ha sido asesorada en este trámite por Conservation International, que trabaja en las mismas tierras de todo el lío, y tiene fuertes intereses (se supone que académicos y de conservación) en las lagunas El Suspiro y Ojos Azules.

Pese a la aparente indefinición gubernamental, todo indica que prevalecerán una vez más la arbitrariedad y la injusticia, bajo pretextos que se superponen sexenio a sexenio desde hace tres décadas. Ya en 1972, al dotar tan espléndidamente a lo lacandones, el gobierno federal ignoró las demandas de otras 50 comunidades indígenas asentadas en ese territorio, muchas de ellas con trámites jurídicos anteriores. La sorpresa que se habrán llevado lo lacandones cuando recibieron el equivalente a 5 mil hectáreas por persona, incluyendo mujeres y niños.

Hoy, la justificación de que los demandados ''destruyen'' la selva protegida ha seguido una óptica claramente selectiva. Menos prisa muestran los conservacionistas y el gobierno en detener la destrucción de la reserva en la región de San Quintín y Miramar, donde el Ejército Mexicano se ha desplegado ampliamente desde 1995.

En agosto de 2000 recorrió algunas comunidades de Montes Azules la Segunda Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas, y constató ''un grave proceso de deforestación, ganaderización y selva quemada alrededor de San Quintín y las riberas del río Jataté, donde se localiza el mayor cuartel militar de la selva Lacandona'' en torno a la laguna de Miramar, ya dentro de la Reserva de la Biosfera. Allí, la misión constató la existencia ''de una extensa red de amplias brechas de acceso en todo en derredor del límite suroeste y oeste de Montes Azules''.

Otras depredaciones por la incursión del Ejército Mexicano en la reserva pasan desapercibidas o se olvidan, como la causada entre 1999 y 2000 en Amador Hernández y sus inmediaciones, dentro de Montes Azules, por la base CINE del Ejército. Nadie documenta el impacto ambiental del campamento militar en la laguna El Suspiro, que las comunidades de la misma laguna han denunciado varias veces. O la existencia de cuando menos un pozo petrolero dentro de Montes Azules.