Podrían verse beneficiados por una ley de amnistía

Analiza Gobernación excarcelar a 20 presuntos miembros del EPR

La dependencia tiene en revisión al menos 50 solicitudes

ALONSO URRUTIA

La Secretaría de Gobernación revisa al menos 50 solicitudes de excarcelación, de entre las cuales los casos más notables son los de indígenas de los Loxichas, Oaxaca. Unos 20 detenidos, a quienes durante su proceso se les vinculaba al Ejército Popular Revolucionario (EPR), podrían verse beneficiados de una ley de amnistía que Gobernación trabaja conjuntamente con la Cámara de Diputados.

Ricardo Sepúlveda, responsable de las diversas acciones que realiza la dependencia en materia de derechos humanos, explicó que la revisión de todos los procesos se hace bajo dos características: se les analiza bajo la perspectiva de la justicia y los derechos humanos, pero la posible excarcelación sólo se realiza por las vías jurídicas correspondientes, es decir, que sea técnicamente legal.

Entre los casos que se revisan también destacan los ocho zapatistas que permanecen en penales de Querétaro, Tabasco y Chiapas. Estos detenidos forman parte de la lista que en su momento entregó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya liberación era una de las tres señales que el Ejecutivo federal debió cumplir para la reanudación del diálogo.

Sepúlveda -jefe de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, quien ha participado en la liberación de más de un centenar de zapatistas- señaló que hasta el momento ese ha sido el grupo más grande de excarcelados que ha promovido la dependencia.

Sin embargo, también se encuentran en este caso el general José Francisco Gallardo, los pescadores de Pátzcuaro Leocadio Ascencio Amaya y Aurelio Guzmán Mateo, así como los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.

Explicó que las 50 excarcelaciones que se revisan actualmente en su mayoría se hacen a solicitud de diversos organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, comunidades indígenas y diversos defensores de derechos humanos. En la revisión de los casos participan Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -responsable de los penales- y la Procuraduría General de la República (PGR).

''Toda demanda que existe de excarcelaciones se toma como un tema de derechos humanos, y por lo tanto se atiende y se toma, incluso, como un tema de justicia y se le pretende dar solución.''

Comentó que se trabaja en la liberación de los 20 indígenas de los Loxichas, para lo cual existe coordinación con la Cámara de Diputados, toda vez que ya existen iniciativas de ley de amnistía para el caso de Oaxaca, promovidas por diputados de ese estado. La revisión de sus procesos prácticamente comenzó al inicio del sexenio.

Refirió que en su mayoría están procesados ''a raíz de los acontecimientos en Oaxaca, en 1996, y por lo tanto tienen relación con algunos hechos con los que se hubieran involucrado estos grupos (el Ejército Popular Revolucionario), pero nosotros lo estamos analizando desde el punto de vista legal''.

Sepúlveda mencionó que esa ha sido la primera vía que se ha analizado para su liberación, pues ''nosotros hemos hecho una valoración respecto a las iniciativas de ley de amnistía y estamos colaborando con ellos. Si eso no camina, el propio Ejecutivo estudiaría la promoción de su propia iniciativa de ley de amnistía para lograr la solución''.

-ƑHay voluntad para liberarlos?

-Por supuesto. Es un tema de hace tiempo, cinco o seis años, en los que se originaron estas situaciones, y que se les ha ido dando solución, primero, en el ámbito local y luego los que han quedado porque están ligados al ámbito federal.

Dijo que existe la encomienda presidencial de plantear alternativas, sea por la vía de la ley de amnistía o bien mediante la revisión caso por caso. ''Nos preocupa la situación en la que se han puesto algunos de los peticionarios con el objeto de presionar para que se encuentre una solución.''

Sin embargo, a diferencia del proceso que se ha seguido con los zapatistas que se encontraban detenidos, cuya liberación fue parte de una política gubernamental de allanar el camino para la negociación con el EZLN, en el caso Loxicha ''no se está tratando como señal para el EPR ni mucho menos; se está atendiendo una serie de peticiones en el contexto de la campaña de derechos humanos''.

-ƑLa ley de amnistía tendría un sentido de reconciliación con los actores involucrados?

-Cualquier ley de amnistía tiene todo un significado de estabilidad, de concordia, de consonancia entre organizaciones sociales y las instituciones. Este punto quisiera enfatizarlo porque existe un compromiso de respetar sus derechos humanos.

Por lo que hace a los ocho zapatistas que permanecen presos, Sepúlveda dijo que sus casos se revisan y refirió que recientemente la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) solicitó agilizar esta revisión.

Explicó que en estos casos las dificultades son diversas. Los presos que se encuentran en Tabasco son procesados por delitos del fuero común, por lo que su excarcelación depende del gobierno estatal, razón por la cual la Secretaría de Gobernación sólo puede interponer ''sus buenos oficios''.

En Querétaro las causas son mixtas; por un lado, los delitos federales, y por otro los locales, por lo que Gobernación revisa primeramente la situación federal.

Finalmente subrayó que existen otros casos, por ejemplo algunos transportistas de Sinaloa, donde se revisa su situación con el Congreso local y la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa.

Por otro lado, de acuerdo con los datos de Gobernación, desde enero de 2001 y hasta marzo de este año se ha excarcelado a mil 9 presos como parte del convenio de colaboración interinstitucional que firmaron el Instituto Nacional Indigenista, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.