Acepta que no se siguieron "muy a fondo" las averiguaciones previas

Reconoce Bátiz: hubo anomalías en caso Digna

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, admitió que hubo irregularidades en las investigaciones de las denuncias por las amenazas que recibieron integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre éstos Digna Ochoa y Pilar Noriega, como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

En su momento refirió que no se intensificaron los trabajos para buscar a los responsables de los mensajes, y los informes que presentaba Policía Judicial eran ambiguos.

Sin embargo, advirtió que por parte de los denunciantes tampoco hubo mucha colaboración, que incluso atribuyó al hecho de que algunos integrantes de la organización no creían en la veracidad de dichas amenazas.

"No se siguieron muy a fondo las averiguaciones previas por varias razones. Una es que no había muy buena disposición. Los documentos originales con los que se hacían las amenazas nunca se entregaron a la autoridad y se guardaron en archivos de los mismos denunciantes", aseveró.

Agregó que fueron varias situaciones que no permitieron que la investigación se llevara a fondo, "ni del lado de la PGJDF, que no intensificó la averiguación, ni tampoco del lado de los denunciantes, que no dieron nunca las facilidades". Incluso refirió que "hubo entre ellos algunas dudas respecto a la veracidad de algunas amenazas. Hubo discusiones entre ellos, los del Pro, sobre algunos amagos".

Aunque aseguró que los señalamientos que hizo el ombudsman capitalino, respecto a deficiencias de procedimiento en la actuación del Ministerio Público, la Policía Judicial y los Servicios Periciales en su conjunto, Batiz afirmó que éstos ya se corrigieron, pero aceptará las recomendaciones de la CDHDF.

En la propuesta general que el comisionado Emilio Alvarez Icaza entregó el lunes al procurador Bátiz se advierte que se hizo recaer la facultad investigadora en los denunciantes, se omitieron diligencias y otras se realizaron con lentitud. Además el Ministerio Público perdió evidencia y fueron deficientes las solicitudes de investigación del Ministerio Público a la Policía Judicial, entre otras.

Alvarez Icaza dijo que la CDHDF decidió emitir una "propuesta general" en lugar de una recomendación, pues en este caso hubiera tenido que ver por separado cada una de las seis averiguaciones previas que al respecto revisó la comisión. Se trata de prácticas administrativas que no sólo afectan a un ciudadano en particular, señaló.