Alberto Aziz Nassif

ƑCómo anda la política laboral de Fox?

Mientras el país tiene avances como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia laboral vamos para atrás. Los casos de la huelga de Euzkadi y el recuento de los pilotos de Aviacsa son muestras emblemáticas del atraso que domina. Llegamos a otro primero de mayo con malas noticias: sin un proyecto de reforma laboral y sin voluntad gubernamental de cumplir con los 20 compromisos sobre la democracia y la libertad sindical que firmó Vicente Fox cuando estaba en campaña.

Los intereses empresariales ganan terreno y burlan la legalidad, mientras las autoridades del trabajo no muestran ninguna voluntad de aplicar la ley. México confirma que el mercado y las políticas neoliberales se instalan como si fuéramos un país bananero, una dictadura o un enclave, porque la legalidad está completamente subordinada a la voluntad del inversionista. Sólo hay que hacer las conexiones necesarias: en un país donde los derechos laborales, que son derechos humanos, se violan de manera sistemática, no hay justicia laboral imparcial y la impunidad crece y violenta el estado de derecho, difícilmente puede fortalecerse la democracia. Por experiencia sabemos que la transparencia en el mundo electoral es condición indispensable para lograr elecciones limpias; de la misma manera ocurre en el mundo laboral: si no se permite contar los votos y no hay voto secreto, no puede haber democracia ni legalidad.

En el caso Euzkadi se trata de una empresa trasnacional que decidió cerrar una de sus plantas violando todos los procedimientos legales; y las autoridades, en lugar de ser los árbitros del conflicto, decidieron declarar la huelga "improcedente" (término que no existe en la legislación) en abierta muestra de parcialidad a favor de los intereses empresariales.

El caso de Aviacsa ya es una lucha emblemática por la democracia sindical: después de una larga pugna por la titularidad del contrato colectivo, recientemente se llevó a cabo un tercer recuento que ganó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), a pesar de todos los trucos de la empresa para impedir el voto libre: amedrentamiento (30 pilotos despedidos, 20 antes del recuento y 10 después), robo de actas en Tijuana, golpiza al asesor legal y varias demandas en contra de ASPA. Aun así la autoridad sigue dudando si aplica la ley o le da gusto a la empresa.

Cuando la ley puede burlarse de manera impune y la autoridad es impotente para aplicarla, la sociedad civil tiene que tomar cartas en el asunto. El ciudadano, el consumidor, pueden poner un alto a una violación de derechos laborales que atenta contra la seguridad. ASPA tiene condiciones de seguridad internacionales que Aviacsa no quiere establecer. La clientela podría hacer un boicot a la empresa por este tipo de violaciones.

El mundo del trabajo está sometido -sin contrapesos- a la lógica del mercado. Las posiciones de la autoridad laboral foxista son completamente empresariales, y el proyecto de reforma laboral que quieren sacar adelante es de flexibilidad unilateral, así como mantener al mismo tiempo los controles autoritarios y el corporativismo del pasado. Se quieren establecer nuevas formas de contratación colectiva dejando todo el proceso en manos del "empleador", es decir, quieren mantener el poder empresarial. No obstante, la alternativa es insistir en la agenda democrática: establecer transparencia en los registros sindicales y en los contratos colectivos, trasladar la justicia laboral al Poder Judicial, tener voto secreto para elegir representantes y hacer recuentos, y transparentar la contratación colectiva. Sólo con estas reformas se dejaría atrás la ficción de los contratos de protección y las componendas con el sindicalismo corporativo y sería factible incrementar la productividad de manera concertada.

La corrupción sindical tiene un alto costo para México. Un gobierno que se dice democrático debe empezar por vencer los fantasmas que lo paralizan: no es cierto que para favorecer la inversión se tengan que violar los derechos laborales. Un espacio laboral sin contrapesos sólo profundizará la desigualdad que ya existe en México y acentuará más la grave concentración del ingreso.

La única opción de un gobierno que quiere ser democrático es la aplicación de la ley y la reforma democrática. Seguir por la misma vía de Euzkadi y Aviacsa, y mantener actitudes completamente sesgadas y protectoras de los empresarios, son un aval para seguir violando la legalidad. Ningún país desarrollado y democrático permite a su gobierno violentar la legalidad en materia laboral sin graves consecuencias. Si es cierto que la política de este gobierno es por una defensa de los derechos humanos, que también son los laborales, urge actuar en consecuencia y dejar atrás el viejo régimen.