Beneficios de nueva ley no serán inmediatos: académico

Instan a estados y municipios a normar acceso a la información

MARIA RIVERA

Todavía falta camino por recorrer para que el ciudadano de a pie entre en contacto con su recién adquirido derecho a la información oficial. La aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el pasado 24 de abril, es apenas un paso, explica Jorge Islas López, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque en términos generales la vida pública de los ciudadanos no se establece con el gobierno federal, sino con los estados, municipios y delegaciones.

"Urge que los congresos de las entidades y la Asamblea Legislativa del DF continúen el paso dado por el gobierno federal. A los ciudadanos les interesa lo que influye en su entorno inmediato -la gestión de las escuelas y los hospitales, la inversión en gasto policiaco o en alumbrado público-, problemas que tienen que ver con el ámbito municipal o delegacional, y ahí todavía carecemos de leyes de acceso a la información", indica el director del seminario de sociología jurídica.

Islas López apunta que en el plano federal también hay cabos sueltos. Falta implementar reglamentos que están dentro de la propia ley, que son los que van a aterrizarla, como el funcionamiento del instituto que promoverá y garantizará el derecho a la información.

"Aunque es una ley bastante generosa, faltan reformas como incluirla en el artículo 6Ɔ constitucional, para que los ciudadanos puedan hacer uso del juicio de amparo desde el principio de la gestión, y no como ocurre ahora, que tienen que agotarse todos los procedimientos administrativos que establece la ley antes de recurrir al amparo".

El investigador advierte que no se pueden esperar cambios de la noche a la mañana, porque pasar de una "cultura del ocultamiento" a una de transparencia no es algo simple. "Es como ir de un cuarto cerrado a uno con las ventanas abiertas, hay que adaptarse a la luz".

Señala que en países que llevan 200 años ejerciendo estos derechos, como Suecia, no resulta extraño que un ciudadano vaya con la secretaria del primer ministro y pida revisar la correspondencia del funcionario; sabe que tienen la obligación de mostrársela, pero en México un hecho similar causa sorpresa.

"Vamos a enfrentar varios problemas culturales. Por un lado, muchos funcionarios del gobierno creen que son dueños de la información, cuando, por el contrario, sólo la administran; por otro, tenemos un país con desigualdades tremendas, con ciudadanos a quienes se ha negado durante mucho tiempo su participación. Así que para llegar a una cultura de participación vamos a tardar un poquito. No esperemos que al día siguiente de que entre en vigor la ley haya filas de personas solicitando información".

La nueva ley entrará en vigor un año después que sea publicada, indica Jorge Islas. "Tiempo bastante razonable, de acuerdo con los estándares internacionales, para que los gobernantes acostumbrados a usar de manera impropia la información, la pongan en orden y al día".

El académico destaca dos grandes logros que se obtendrán con la nueva ley: una mayor conciencia en el ejercicio del gobierno y un voto más soberano, que tenga como respaldo información y no sólo publicidad electoral. "El día en que los ciudadanos escogen a un representante para que en su nombre tome decisiones y adopte compromisos a futuro, qué tan soberanos son si lo único que tienen a la mano es publicidad que dice 'vote por el cambio'. Mientras que ahora podrán ejercer un voto respaldado por información. Tienen la posibilidad de conocer lo que quiere decir para ellos ese 'cambio', su traducción material".

La ley establece salvedades en el derecho a la información. Jorge Islas ejemplifica esta circunstancia a propósito de la conversación entre los presidentes de México y Cuba. "Al escucharla queda claro que el presidente Fox dice que es una plática privada. Ahí se rompió un código fundamental de la diplomacia. La idea es que estas pláticas no salgan a la luz pública porque ponen en riesgo las relaciones de las naciones. Pero también abogo porque se diga la verdad por parte de los funcionarios. La explicación que se dio después de la partida de Fidel Castro de Monterrey es totalmente diferente a lo que se escucha en la conversación".

-ƑCon la explicación oficial se vulnera el derecho del ciudadano a la información?

-Absolutamente.

Otro punto restringido en la nueva legislación es el concerniente a la privacidad. El investigador explica que este punto engloba la intimidad, imagen, documentos propios, posesiones y todo aquello que no tenga que ver con la vida pública. Sin embargo, admite que en ocasiones las fronteras entre lo público y lo privado son difíciles de delimitar, como en el caso de los funcionarios.

Expone dos ejemplos. La relación del ex presidente de Estados Unidos, William Clinton, con Mónica Lewinsky tuvo dos agravantes. El primero, que utilizó el aparato público para su beneficio porque utilizó una dependencia oficial para sus encuentros, y el segundo, que su pareja era becaria de un programa público.

En cambio, apunta, en el caso del ex presidente de Francia, Francois Mitterrand, quien vivió y tuvo una hija con una pareja que no era su esposa, aunque la prensa francesa lo sabía no lo difundió porque el mandatario estableció una clara distinción entre su vida privada y su actividad pública. "Los periodistas así lo entendieron y nunca lo molestaron".

Al cuestionarle hasta qué punto sirve al ciudadano la información del gobierno, debido a que algunas medidas que lo afectan provienen de organismos internacionales a los que no tiene acceso, advierte que la respuesta sería una especulación.

"Con información se puede generar conciencia. Si estoy en contra de estas presiones internacionales puedo criticarlas y crear opinión e incluso llegar a la acción política para revertirlas, porque para eso existe un proceso llamado democracia".

Todavía luce lejana la transparencia al modo sueco, pero se han sentado las bases para terminar con arreglos poco claros que formaban parte de la vida nacional. "Cuando exista una cultura de la participación ya ni esta legislación será necesaria", concluye el investigador.