Esperan ganar; el régimen violó la Constitución, sostienen

En julio, posible respuesta a demanda de amparo de ejidatarios de Atenco

RENE RAMON ALVARADO CORRESPONSAL

San Salvador Atenco, Mex., 27 de abril. En tres meses, el juzgado sexto de distrito con sede en Nezahualcóyotl podría emitir la resolución de la demanda de amparo que interpusieron ejidatarios de esta localidad contra el decreto presidencial expropiatorio del 22 de octubre; lo anterior, tras celebrarse la audiencia constitucional de la presentación del recurso.

Asimismo, los ejidatarios unidos al movimiento que se opone a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en sus tierras, dieron un plazo de 48 horas al presidente municipal de Texcoco, el perredista Horacio Duarte Olivares, con el propósito de que recoja dos armas de fuego y equipo de radiocomunicación decomisado a uniformados de esa localidad.

Hace ocho días, y tras un retraso de más de cuatro meses, el juzgado quinto de distrito, con sede en el municipio de Nezahualcóyotl, celebró la audiencia constitucional derivada de la demanda de amparo 1092/2001.

El abogado Ignacio Burgoa Orihuela sometió un alegato en la audiencia donde informó al juez en turno que las secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Medio Ambiente y Recursos Naturales no cumplieron la petición de presentar las copias de los dictámenes y los estudios de evaluación, que llevaron al gobierno de la República a elegir a Texcoco como la mejor opción.

Ahora, tras la audiencia, los ejidatarios de San Salvador Atenco indicaron que de acuerdo con información de la secretaría de acuerdos de este juzgado, a partir de julio próximo el juez podría emitir su dictamen.

"De acuerdo con lo que nos dijo Burgoa Orihuela, tenemos la posibilidad de ganar, porque si el gobierno no presentó las pruebas, quiere decir que tomó una decisión sin contar con los estudios necesarios."

Los ejidatarios de Atenco aseguraron que con los alegatos presentados por el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y representante legal de su proceso, "se demostró que el gobierno federal violentó el artículo 27 constitucional" al no haber demostrado, en la demanda de amparo, la utilidad pública base del argumento del decreto presidencial expropiatorio del pasado 22 de octubre.

Por su parte, los ejidatarios del núcleo agrario de Acuexcomac, otra de las comunidades afectadas, y que se oponen a la expropiación de sus tierras, informaron que el titular del juzgado sexto de distrito, José Antonio Castillo, "insiste en enviar a los peritos en agronomía de la procuraduría mexiquense y presentarla como evidencia de la demanda de amparo 1102/2001 cuando nosotros pedimos se desistiera de esa prueba".

Aseguraron que tras el cambio de las autoridades ejidales, Burgoa Orihuela aceptó llevar su caso. Con éste serían cuatro los ejidos que representa, junto con los núcleos agrarios de Francisco I. Madero y la Magdalena Panoaya.

Posesión de armas

Los ejidatarios de San Salvador Atenco aún mantienen en su poder dos de las siete armas que el jueves y viernes decomisaron a uniformados de las corporaciones policiacas del estado de México y del municipio de Texcoco.

El jueves, los labriegos encabezados por Ignacio del Valle Miranda retuvieron dos rifles R-15 y tres revólveres, despojados a elementos de Seguridad Pública estatal, quienes trataron de impedir que los campesinos protestaran en un acto del titular de la policía mexiquense, Carlos Iriarte Mercado. Las armas fueron regresadas bajo la promesa de "no más acciones intimidatorias" por parte de los uniformados.

Este viernes, durante un mitin en Texcoco, los labriegos desarmaron a dos elementos de Seguridad Pública de ese municipio, y retuvieron dos pistolas Beretra, nueve milímetros, así como un equipo radiotransmisor.

Este sábado por la mañana un empleado de la institución policiaca se presentó al campamento de los campesinos, ubicado en la cabecera de Atenco, donde reclamó las dos armas de fuego. Sin embargo los agricultores se negaron a dárselas y dieron un plazo de 48 horas al alcalde Horacio Duarte y a su jefe de la policía Luis Antonio Morraz Martínez a fin de que pasen a recoger las armas.

Sin embargo, el gobierno de Texcoco acudió a la agencia del Ministerio Público, donde inició la denuncia correspondiente por el robo de las pistolas matriculadas, cuatro cargadores y 60 tiros, además de un radio de comunicación Motorola.

El presidente municipal, por primera vez, se manifestó públicamente contra las acciones emprendidas por los ejidatarios de San Salvador Atenco y les recordó que su gobierno interpuso una controversia constitucional, "muestra de nuestra inconformidad por la actitud que ha asumido el gobierno federal".