Participarán los empresarios en la política de Estado en la materia
Lista, la nueva ley de ciencia; competirá la IP por recursos
Se libera al Conacyt del tutelaje de la SEP
Aprobará la Cámara la legislación en breve
MIREYA CUELLAR, ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
La Cámara de Diputados aprobará en los próximos días -antes del 30 de abril, cuanto termina el periodo de sesiones- una ley de ciencia y tecnología que por primera vez permitirá a los empresarios participar en la elaboración de la política del Estado mexicano en la materia; abrirá la puerta al sector privado para que acceda al financiamiento público destinado a la investigación científica y hará del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un organismo "no sectorizado", es decir, se sacudirá el tutelaje de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara aprobó anoche por unanimidad un dictamen que da vida a la nueva legislación y paralelamente reforma la Ley Orgánica del Conacyt para crear un consejo general de investigación científica y desarrollo tecnológico, encabezado por el Presidente de la República, y sienta las bases de un nuevo esquema de desarrollo del sector.
Este órgano, en el que participarán nueve secretarios de Estado y representantes de los ámbitos científico, tecnológico y empresarial, definirá la política gubernamental en el rubro y asignará el presupuesto.
La reforma abre la puerta a las universidades y empresas privadas para competir por los recursos de una misma bolsa junto a las públicas. Tradicionalmente las universidades privadas no
hacen investigación científica.
A lo largo de todo el articulado, el dictamen de la ley de ciencia y tecnología hace énfasis en la vinculación con el sector productivo (las empresas). Para la creación y operación de los instrumentos de fomento en la materia "se concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea promover la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial con pequeña y mediana empresas", señala el artículo 40.
A contracorriente de lo expuesto por investigadores como René Drucker o el propio coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres, la Comisión de Ciencia y Tecnología decidió dar celeridad a la reforma y presentarla probablemente este jueves al pleno de los diputados para su discusión y quizá aprobación, toda vez que PRI, PAN y PRD le dieron su aval en la comisión.
Los diputados Francisco Patino, del PRD, y Aarón Irízar, del PRI, informaron que se hizo una amplia consulta con la comunidad científica y académica del país, y aunque hay pequeñas discrepancias, en lo general el documento fue avalado por los distintos sectores involucrados.
El diputado Patiño señaló además que es el momento político propicio para que la iniciativa sea presentada al pleno, porque después vendrá la discusión de temas polémicos que podrían convertirse en obstáculo para que se apruebe un proyecto que en esencia significa "tener por primera vez un auténtica política de Estado en la materia".
El hecho de que el jefe del Poder Ejecutivo se propusiera para encabezar el consejo es un mensaje para la comunidad de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología son prioritarios para la Presidencia. "Más recursos es lo menos que esperamos", apuntó.
El diputado Irízar explicó que los institutos y centros de investigación que actualmente forman parte del sistema Conacyt-SEP (entre ellos El Colegio de México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el CIDE, en total son 29) formarán parte de una red y un sistema a nivel nacional "para evitar la dispersión y ajustarlos a una política de Estado". Serán parte de un eje coordinador que en el futuro tendrá que ser más congruente porque a la fecha hay 19 dependencias que hacen trabajo en la materia en el país.
El consejo general de investigación científica y desarrollo tecnológico "será un medio idóneo para que las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, que realizan tareas en materia de ciencia y tecnología en forma directa o como apoyo a otras instituciones, alcancen una mayor coordinación y actúen conforme a una política de Estado en esta materia", señala el proyecto de ley de ciencia y tecnología que pretende sustituir a la legislación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica vigente.
Formarán parte del consejo, además del Presidente, los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Educación y Salud. Además del director del Conacyt, el coordinador del Foro Consultivo y cuatro miembros (a título personal) que se renovarán cada tres años y serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del titular del Conacyt.
"Para formular dichas propuestas, el secretario ejecutivo (función que desarrollará el director del Conacyt) llevará a cabo un procedimiento de auscultación, conjuntamente con el coordinador general del foro consultivo, de tal manera que cada una de esas personas cuenten con trayectoria, méritos y sean representativas de los ámbitos científico, tecnológico y empresarial."
Personajes invitados
Pero además, el Presidente de la República podrá invitar a personalidades distinguidas en temas específicos a discusión, que tendrán derecho a voz pero no a voto, según el artículo quinto de dicho proyecto de ley.
El documento que consensuaron los partidos modifica sustancialmente la iniciativa enviada el 4 de diciembre del año pasado por el presidente Vicente Fox para reformar la ley mencionada, además de que le cambia el nombre. Así, a la cabeza de la nueva estructura gubernamental en materia de ciencia y tecnología estará el consejo general, asesorado por un foro consultivo científico y tecnológico.
Dicho foro será, como su nombre lo indica, un órgano consultivo de carácter permanente en ciencia y tecnología del Poder Ejecutivo, del consejo general y de la junta de gobierno del Conacyt, integrado por académicos, empresarios, miembros de la comunidad científica y representantes de instituciones como UNAM e IPN, además de un representante de las instituciones del interior del país que hacen también investigación.