Las autoridades civiles deben encargarse de esos casos, señalan defensores

El gobierno no ha cumplido "ni un pedacito" la recomendación de la CIDH sobre militares violadores

Ese desacato afirma la impunidad, consideran; "el Ejército debe responsabilizarse de sus actos"

ROSA ROJAS

Defensores de mujeres indígenas violadas por militares en Guerrero y Chiapas criticaron el incumplimiento del gobierno de Vicente Fox de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados, para que las investigaciones de esos casos sean realizadas en el fuero civil y no en el militar.

Ese desacato "deja en la impunidad a los violadores", afirmaron Marta Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, de la Montaña de Guerrero.

Figueroa, quien desde 1994 ha defendido a las tres hermanas indígenas tzeltales violadas en ese año por militares en un retén cerca de Altamirano, aseveró que el gobierno mexicano "no ha cumplido ni un pedacito" de la recomendación que le hizo, hace más de un año, la CIDH para reabrir la investigación de este caso en el fuero civil.

Criticó al presidente Vicente Fox por "su incongruencia entre su discurso de defensa de los derechos humanos y la falta de hechos. Cada que Fox se llene la boca con los derechos humanos hay que sacarle el caso de las mujeres violadas por militares y la impunidad de éstos en las violaciones a derechos humanos", subrayó.

La abogada indicó que en un año sólo hubo dos mesas de trabajo con la Procuraduría General de Justicia Militar, entre julio y noviembre -una en el marco de la visita del presidente de la CIDH a México-, y que el pasado mes de marzo, el Grupo de Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidieron -por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)- una nueva reunión con los militares y la Procuraduría General de Justicia de Chiapas para ver si era posible avanzar en la investigación, pero no se ha recibido respuesta.

"Estoy esperando la nueva sesión de la CIDH -que se prevé será en mayo- para informar que el gobierno de México no hace un mínimo esfuerzo para cumplir ni un poco de la recomendación, que tiene dos partes: una, que se investigue y se castigue a los responsables, y la otra que se repare el daño. Y la SRE no ha hecho ningún avance en ese sentido, lo único que se hizo fue establecer las mesas. La última vez que nos vimos con los militares, como abogada de ellas, fue antes de septiembre".

Explicó Figueroa que el día que se reúnan ella, funcionarios de la procuraduría chiapaneca y de la procuraduría castrense, los militares tienen que decir si han avanzado en la investigación para definir e investigar a los presuntos responsables de las violaciones, puesto que ya en el expediente militar consta quiénes estaban de guardia y de fatiga, quién las detuvo y quién las interrogó.

"Para mí el hecho de que los militares, con nombre y apellido, se ubiquen en tiempo y forma en el momento y el lugar del acto delictivo es suficiente: yo estuve presente en San Cristóbal cuando interrogaron a los que estaban de fatiga y de guardia, aceptan que las interrogaron y que estaban muy tranquilas cuando entraron al retén, y les preguntaron cómo estaban cuando salieron y dicen que salieron llorando, pero dicen que no saben por qué motivo. Hay una falta de voluntad para ejercer una acción penal contra estos tipos.

"Si tú ves -añadió Figueroa-, este caso es muy similar a los de otras violaciones a indígenas de que están siendo acusados los militares, en Chiapas, Veracruz y Guerrero; no es cierto lo que dicen de que están tratando de desprestigiarlos, llegan a la casa de las familias de estas mujeres, tratan de intimidarlas y las intimidan, y las violan, es lo mismo en todos esos lugares."

Cuestionó: "Si hay tantas acusaciones contra el Ejército por violación, Ƒpor qué no están los violadores en la cárcel? Porque sigue habiendo una cuota de impunidad que el Estado les está dando, pero además tiene que ver con situaciones en zonas de conflicto interno: Africa, Bosnia. Las mujeres son detenidas y además las torturan y las violan, es algo sistemático del actuar del ejército en zonas de conflicto armado. Lo que ellas están diciendo es que las detienen para preguntarles sobre equis gente, que supuestamente son guerrilleros, y en el interrogatorio las violan.

"En el caso de las mujeres indígenas esa es una forma de ejercer poder y decirles 'yo puedo hacer contigo lo que yo quiero'. Tiene que ver con el abuso de poder y el Ejército tiene que ser responsabilizado de sus actos, no puede ser que siga impune este fuero, tiene que ser modificado, tiene que cumplirse la Constitución, cuyo artículo 11 dice que si está un civil implicado, el fuero es civil."

Las indígenas violadas en Guerrero

Abel Barrera, por su parte, afirmó que la justicia civil sigue subordinada a la justicia militar en el caso de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, como en el de las dos indígenas violadas en este año por militares en Guerrero (hay otras dos denuncias de violaciones cometidas por soldados en años anteriores, tampoco resueltas).

Informó que en el caso de Valentina Rosendo Cantú, el Ministerio Público Mi-litar la ha requerido en dos ocasiones para que se presente a declarar en Chilpancingo, pero ella ha respondido que no reconoce el fuero militar.

Este caso se ha complicado porque apenas remitieron su denuncia, que está radicada en el MP especializado en delitos sexuales, al MP de Tlapa que es el competente, "pero nos acaban de informar extraoficialmente que tienen instrucciones de la procuraduría del estado de que en cuanto hayan integrado bien la averiguación la turnen inmediatamente al MP militar, y eso sin notificarle a la víctima; es decir, que quede en manos del Ejército y la PGJE se va a declarar incompetente en razón de que son miembros del Ejército los que han sido señalados responsables, lo que está creando desconcierto entre Valentina, su esposo y familiares y las autoridades indígenas, porque dicen que van a tener que hacer el proceso los militares, que son los que la violaron".

Mencionó que el Ministerio Público Militar, al cual Valentina le solicitó -el 25 de marzo- que decline la competencia en el caso al MP del fuero común, contestó el 3 de abril que sí es competente, según el Código de Justicia Militar y los artículos 13 y 21 constitucionales; que puede citar a comparecer a civiles o militares, "lo cual implica la obligación de acudir cuantas veces sean requeridos para ello".

"En este caso, frente a esa respuesta, lo único que quedaría sería ampararse, porque la misma CNDH, si se le presenta una queja, lo único que van a hacer ellos es pedir información al Ejército y lo que ellos contesten va a ser la misma respuesta que nos dé la CNDH", apuntó Barrera.

Agregó que "desgraciadamente en México no tenemos recursos para obligar a que sea la autoridad civil la que asuma directamente las investigaciones, porque ahorita queda subordinada a la militar, y eso es delicado, porque todos los atropellos que han cometido van a quedar dentro de la misma institución que está siendo señalada".

Respecto al caso de la violación de Inés Hernández Ortega, a quien le estaban negando los resultados de sus análisis en el Hospital General de la Ssa en Ayutla, Guerrero, Barrera informó que el director del nosocomio dijo que ya había enviado las muestras que se le tomaron a la víctima a Chilpancingo, para que el hospital de la Ssa allá realice los análisis, "porque no es competente en términos técnicos. Se le pidió al Ministerio Público que de todos modos se le obligue a que responda por esta irresponsabilidad que tiene ante el caso, pero el MP dice que va a esperar a que mejor lleguen los resultados. Eso está generando que la víctima quede indefensa", afirmó Barrera.