Mesa redonda sobre la posible modificación a la Ley Federal del Trabajo

La reforma laboral de Fox representaría un retroceso histórico de 100 años: expertos

Se deben respetar los derechos adquiridos y los principios básicos de la legislación, plantean

JOSE ANTONIO ROMAN

La reforma laboral del presidente Vicente Fox representa un "retroceso histórico de cuando menos 100 años" en las conquistas de los trabajadores, ha sido elaborada por y para los empresarios, y sus planteamientos son idénticos a los planteados en su momento por los ex presidentes Salinas y Zedillo, se señaló ayer en la mesa redonda "Las reformas a la Ley Federal del Trabajo", en la que participaron autoridades laborales, académicos, legisladores, juristas y dirigentes sindicales.

La severa crítica al proyecto del Ejecutivo la inició el presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF, Jesús Campos Linas, quien señaló que la reforma laboral representa más riesgos para los derechos del trabajo, que beneficios para los trabajadores; de ello dan cuenta tanto el contenido del proyecto de la reforma, como el procedimiento que se lleva a cabo para la consulta.

Dijo que el método elegido para dicha consulta es "verdaderamente discrecional"; se parece más a un confesionario, al que se invita individualmente a cada persona para que proponga los cambios a la ley, cuando en realidad debería ser un debate libre y público de consensos democráticos, que es el sentido legítimo que tiene una verdadera consulta pública.

La consulta resulta excluyente para quienes prefieren que la ley quede en sus mismos términos o que simplemente se cumpla, ya que sólo se invita a quienes pretenden reformar, agregar e eliminar artículos o partes de la ley vigente.

Hasta el momento el proyecto de reforma y la consulta "discrecional" no han tenido un eco favorable entre los trabajadores, los sindicatos, los juristas y los estudiosos del derecho laboral, dijo Campos Linas, quien en su análisis presentó sólo algunas de las muchísimas propuestas de la reforma del Ejecutivo que atentan contra los derechos de los trabajadores.

Por ejemplo, citó que la reforma que proyecta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social establece cuatro nuevos tipos de contratos colectivos de trabajo, cuya característica principal es su eventualidad, y por ello mismo son contrarios a la estabilidad y seguridad en el empleo; que ya no es exigible a los patrones el escrito de despido, hasta ahora obligatorio; que se podrá convenir la ampliación de la jornada diaria, decisión contraria al histórico derecho de la jornada de ocho horas, y modificaciones importantes para decidir y continuar la huelga, lo cual limita este derecho de los trabajadores.

El presidente titular de la junta local expresó que aun cuando ha escuchado opiniones y posturas diversas que tienen los trabajadores y los representantes sindicales, tanto del Congreso del Trabajo como los que no están en él, sobre este punto, hay dos coincidencias básicas: la primera, dijo, que la reforma no contenga ninguna renuncia de los derechos laborales básicos adquiridos, como la estabilidad o la planta en el empleo; la jornada laboral máxima de ocho horas; salario remunerador; la prohibición del despido injustificado y el derecho a la indemnización o a la reinstalación; la bilateralidad de las relaciones colectivas de trabajo; el derecho a la huelga, sin más límites que los que establece la ley vigente, y que las conquistas de los contratos colectivos se respeten.

Asimismo, agregó, la segunda coincidencia es que no se modifiquen el artículo 123 constitucional ni los principios básicos de la legislación laboral, como el carácter protector de la norma de trabajo, que reconoce la desigualdad entre las partes, por lo que señala la necesidad de que haya un equilibrio de derechos entre ellas; el principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos; el principio de estabilidad en el empleo o derecho de planta, que significa el fundamento y acceso de los trabajadores a las demás prestaciones como la antigüedad, la pensión, la salud, la vivienda y la seguridad en el empleo.

Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, Guillermo Hori Robaina, dijo que la intención del gobierno mexicano de reformar la legislación laboral no es un hecho aislado respecto a otras naciones.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto con otros organismos de la banca internacional, presionan a nuestros gobiernos a promover este tipo de reformas legales que atentan contra el trabajador y privilegian al capital y al empresario. Desde hace varias sexenios se viene anunciado dicha reforma.

Señaló que ya desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubo una intentona de poner este tema en el tapete de las discusiones, pero en ese momento había "tantas reformas pendientes" que se enfocaron a otras, como la del artículo 27, que provocó la "fragmentación" del campo, y el 130, que otorgó reconocimiento jurídico a las iglesias.

José Dávalos, jurista y ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM, en el mismo tono crítico se refirió a la pretensión del Ejecutivo de darle a los empresarios toda la "discrecionalidad" para poder despedir injustificadamente a los trabajadores, limitar seriamente el derecho a la huelga, pretender acabar con el pago de las horas extras y abrir la puerta al pago por hora.

De aceptarse las propuestas presentadas por el Ejecutivo en esta materia, sostuvo, regresarían al país "cuando menos 100 años" en los derechos de los trabajadores. "La paz social exige responsabilidad en las actitudes y en las exigencias", dijo Dávalos.

En tanto, Alfredo Sánchez Alvarado, maestro emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló, de entrada, que para presentar una reforma laboral de este tipo primero se tiene que reformar el artículo 123 constitucional, para que, resultado de dicha reforma, se elabore una legislación secundaria donde se pudieran incluir todas las propuestas presentadas hasta ahora por el Ejecutivo.

Además, en su toma de posesión el presidente Fox protestó respetar y hacer respetar la Constitución, promesa que viola al presentar una reforma de estas características y contenido. La propuesta no merece siquiera curso alguno, en todo caso, primero debiera reformarse la Constitución, señaló.

En su oportunidad, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Rosendo Flores, señaló que es precisamente en este gobierno, anunciado como el del cambio, cuando diariamente se presentan 9 mil 500 denuncias por despido injustificado, casi 30 por ciento más de las que se registraban en el gobierno de Er-nesto Zedillo.