Resulta más barato prevenir delitos que aumentar castigos, asegura funcionario

Jóvenes, la mayoría de los presos del país: PGR

Con procedimientos químicos se logran avances importantes en investigaciones criminales, dice

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Sesenta y cinco por ciento de los presos en el país son jóvenes menores de 30 años, en tanto que en el Distrito Federal la cifra llega a 90 por ciento, expuso el director general de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Pedro José Peñaloza, quien añadió que "la primera causa de muerte entre los jóvenes es por accidentes automovilísticos vinculados al consumo de drogas y alcohol", por lo que gran parte de este sector de la sociedad se convierte en víctima o victimario.

Durante la conferencia En busca del paradigma preventivo, realizada en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), el funcionario dijo que de acuerdo con informes del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos latinoamericanos invierten hasta 25 por ciento de su producto interno bruto (PIB) para la atención de la violencia, cuando estos recursos podrían ser destinados a otro tipo de rubros si se lograra prevenir los incidentes.

Vaticinó que nuestro país tendrá una sociedad más complicada en los próximos 10 o 15 años, si continúa esa tendencia de no dar atención especial a los jóvenes, toda vez que es uno de los sectores más vulnerables para delinquir, pues gran parte de ellos comete esos actos bajo la influencia de estupefacientes.

En la actualidad, la mayoría de los presos en el país son jóvenes, por lo que ante este grave problema, agregó, es necesario que la prevención del delito no sea una política coyuntural sino de Estado."Ahora, es preciso cambiar incluso el concepto de seguridad pública, la cual tiene que verse como un derecho del individuo y una obligación del Estado", consideró Peñaloza.

Sin prevención sería utópico pensar en bienestar y tranquilidad, y a ella tienen "pleno derecho" los habitantes de esta sociedad, sostuvo el funcionario de la PGR, y explicó que antes de empezar a pensar en el incremento de los castigos a los infractores de la ley es necesario instaurar mecanismos mediante los cuales se prevengan la ejecución de las conductas típicas delictivas.

En nuestro país "la prevención se ha descuidado durante mucho tiempo", por lo que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, ya giró instrucciones para que se ponga énfasis en el tema, pues "prevenir es más barato que castigar a los delincuentes", dijo, y reconoció que no se podrá abatir el índice delictivo si no se cuenta con los paradigmas punitivos y programas que eviten los delitos.

"Lo fundamental es que se ataquen los factores que originan la delincuencia, no llegando con políticas reactivas, como actualmente se hace", sostuvo Peñaloza.

Agregó que "la seguridad pública, la procuración de justicia y la readaptación social son elementos que van estrechamente ligados a las políticas sociales y al desarrollo del Estado, por lo cual se vincula a la lucha política e ideológica".

Por otra parte, durante el simposium de Química legal que se efectuó en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, el perito en química forense, Francisco Antonio Sánchez, aseguró que en años recientes esta área ha logrado importantes avances en la investigación criminalística, pues con una eficacia de 90 por ciento se puede determinar la inocencia o culpabilidad de una persona en caso de asesinato o de hechos violentos con armas de fuego, así como violaciones, alteración de documento o falsificación de papel moneda.

"Gracias a los procedimientos químicos utilizados por los investigadores y técnicos en el área es posible hacer aportaciones al derecho penal, así como determinar el uso de estupefacientes, sicotrópicos, hacer reconstrucción de asesinatos con arma de fuego, homicidios por intoxicación y otros", planteó el especialista.

Dijo que incluso el Banco de México ha hecho explícita la necesidad de montar un laboratorio químico para evitar la falsificación de papel moneda, así como de documentación propia de la institución, ya que mediante estas vías se han realizado "grandes desfalcos" en esta institución.