Yucatán

Se sancionará la tortura como delito flagrante

LUIS BOFFIL CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 17 de abril. La ley de derechos humanos que en breve aprobará el Congreso local tiene, entre otros objetivos, tipificar y sancionar la tortura como delito flagrante y de lesa humanidad, además de quitar al Poder Ejecutivo la responsabilidad de nombrar al ombudsman en turno y, por consiguiente, dar mayor autonomía a la comisión del ramo.

La panista Beatriz Zavala Peniche, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 56 Legislatura local, reportó que la nueva ley está prácticamente terminada y sólo falta presentarla al pleno de los diputados para su aprobación o bien para hacerle adecuaciones previo consenso entre las fracciones panista, priísta y perredista.

Sin embargo, la ex legisladora federal añadió que hay un intenso cabildeo para que la reglamentación sea aprobada en el actual periodo de sesiones, que culminaría a finales de mayo.

Uno de los principales logros de la ley, dijo, es conseguir la tipificación y sanción de la tortura como delito de lesa humanidad, una vez que Yucatán es la única entidad del país que no castiga esa práctica que atenta contra las más elementales garantías individuales.

Hasta el momento, organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, han denunciado que las corporaciones policiacas locales ejercen cotidianamente la tortura contra los presuntos inculpados en delitos.

Un ejemplo es la acusación que pesa sobre el director provisional de la Policía Judicial del Estado, Prisciliano Luján Ortega, quien tiene antecedentes de "torturador" desde la administración que encabezó Víctor Cervera Pacheco.

La reglamentación, que constará de 90 artículos y busca homologarse a la ley federal del ramo, quitará al gobierno del estado la responsabilidad de designar al ombudsman estatal y todo quedará bajo consenso y voto de los 25 diputados.

Asimismo, el Poder Legislativo propondrá una instancia que vigile las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.