Emilio Pradilla Cobos
Contradicciones del bando 2
Retener población en las áreas urbanas consolidadas y evitar el crecimiento sobre suelo de conservación es una política acertada, pero el método usado por el gobierno capitalino para lograrlo es equivocado.
La restricción de la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales (cuyas características y dimensión no se especifican, posibilitando la discrecionalidad) en 12 de las 16 delegaciones del Distrito Federal, contenida en el bando 2 emitido en diciembre de 2000, es una de las políticas básicas del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU), presentado por el gobierno local a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Por sus contradicciones, esta política ha sido criticada por todos los sectores sociales: de los desarrolladores inmobiliarios al movimiento urbano popular, y reconocidos investigadores y planificadores urbanos. Estas críticas, que el gobierno local no oye ni atiende y que trata de invalidar como expresión de intereses políticos y económicos, evidencian su errada fundamentación, sus efectos negativos, sobre todo para los sectores populares, y la distorsión de la estructura metropolitana que genera.
Como muestran las estadísticas incluidas en el PGDU, el despoblamiento se está produciendo en ocho delegaciones (Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) y no sólo en las cuatro llamadas centrales. Entre otras causas, la pérdida de población y de vivienda es resultado del cambio de uso del suelo e inmuebles, por reconstrucción o reutilización, a actividades terciarias (comercio, bodegas, servicios, oficinas, recreación, etcétera), lo que implica gran inversión, su reinserción en la acumulación de capital, y no su descapitalización. La vivienda, sobre todo popular, no puede competir por el suelo y los inmuebles con los usos terciarios, mucho más rentables.
Al limitar la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales a las cuatro delegaciones centrales, se creó una situación de monopolio que eleva los rentas y precios del suelo y de los inmuebles y se agudiza la competencia por el suelo en la zona más densa, saturada y tradicionalmente más costosa (relación de tres a uno respecto a otras áreas) de la ciudad, en perjuicio del repoblamiento popular que se busca. Los beneficiados son los casatenientes y terratenientes de las cuatro delegaciones. En el mismo sentido actúan los programas de recuperación empresarial y eclesiástica para finanzas y turismo impulsados por el gobierno en los corredores Reforma-Centro Histórico y Catedral-Basílica. Esas cuatro delegaciones presentan subutilización de infraestructura y servicios sólo en las noches; en el día, las deterioradas redes viales, de agua, drenaje y electricidad están sobresaturadas por el uso de la población trabajadora y usuaria itinerante, que duplica a la residente.
Lo que pretende el urbanismo oficial es el imposible e inconveniente retorno a una ciudad monocéntrica. Este patrón de estructuración urbana fue sustituido en las tres décadas pasadas por una trama de 44 corredores terciarios metropolitanos y urbanos de intensidad media y alta, y muchos otros locales, sobre los ejes de flujos de personas, mercancías y vehículos, debido al crecimiento urbano, la desconcentración de la población y sus fuentes de empleo y abasto, y la terciarización de la economía. Volver a la centralidad única implicaría aumentar más el desplazamiento periferia-centro de personas y vehículos, a lo que se sumaría el efecto de inducción producido por el segundo piso en Periférico y Viaducto, con graves efectos sobre la saturación vial, la contaminación del aire, la pérdida de horas-hombre y el desgaste físico de los citadinos.
El alto grado de saturación de esas delegaciones y los problemas legales que tiene la propiedad, hacen que la reserva de suelo baldío o reconstruible sea insuficiente para atender las necesidades del incremento demográfico previsto, las servicios sociales relacionadas y el crecimiento económico requerido para dar empleo e ingreso a los capitalinos y a quienes vienen de otras partes de la metrópoli. Se crea así una situación de escasez que eleva aún más el costo del suelo. Realmente la ciudad central, urbanizada e integrada, incluye las ocho delegaciones en despoblamiento, y las partes bajas y consolidadas de otras seis, excluyendo sólo sus lomeríos, áreas rurales y a Tláhuac y Milpa Alta.
La restricción para las licencias de construcción en 12 delegaciones, y la escasez y el alto costo del suelo en las cuatro permitidas, lleva a un mayor desplazamiento de la inversión en actividades productivas, terciarias y vivienda, sobre todo para sectores populares poco rentables, hacia los municipios conurbados con menos limitaciones, porque la política no se concertó a escala metropolitana. La realidad urbana es terca, está muy analizada y no se cambia con bandos y decisiones pragmáticas, voluntaristas y politizadas, aunque las guíen buenas intenciones.
