Impunidad y nulos avances a 7 años de la matanza, destaca abogado del Centro Pro
Piden ONG y familiares de víctimas a la PGR investigación "seria" del caso Aguas Blancas
VICTOR BALLINAS Y GUSTAVO CASTILLO
El Centro de Derechos Humanos Miguel aAgustín Pro Juárez y familiares de los hermanos Climaco y Simplicio Martínez Reza, y de Pasito Hernández González, asesinados hace casi siete años en Aguas Blancas, presentaron ayer una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que esa institución realice una investigación "seria, imparcial y efectiva" porque la Procuraduría estatal nunca investigó al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a funcionarios implicados.
Edgar Cortez, director del Centro Pro, y Jorge Fernández, uno de los abogados de ese centro, explicaron que "ayer se presentó una nueva denuncia sobre la matanza de Aguas Blancas en la PGR y se solicitó a esa dependencia que una subprocuraduría o fiscalía especial radicadas en la capital del país realicen una investigación imparcial, seria y efectiva y hagan justicia a los familiares de los muertos y a los sobrevivientes de esa masacre".
A casi siete años de los hechos, resaltó Cortez, existe impunidad, por eso se presentó una nueva denuncia, ahora por parte de familiares de víctimas para que la PGR investigue la responsabilidad del ex gobernador Figueroa, de su procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y del secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán", porque si bien es cierto que fueron exonerados por el Congreso local, nunca fueron investigados por la Procuraduría de Justicia de Guerrero, tal y como lo solicitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
El abogado Fernández resaltó, por su parte, que "se interpuso una nueva denuncia, primero porque no hay avances y persiste la impunidad. A pesar de que hubo policías y motociclistas detenidos e investigados no se ejercitó acción penal en su contra por todos los delitos que cometieron, por ejemplo, hubo cargos federales que no se les fincaron.
"Hubo detenidos -policías y funcionarios menores- que salieron libres, no por cumplir con una condena, sino por la cadena de deficiencias con que las autoridades estatales integraron las averiguaciones previas, lo que les permitió ampararse."
Fernández y Cortez resaltaron que el gobierno no ha acatado la resolución 49/97 del 18 de febrero de 1998, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señala que "en el caso en cuestión, se ha demostrado hasta la fecha la falta de voluntad, tanto del Ministerio Público estatal para ejercer las acciones penales respectivas contra el ex gobernador y otros funcionarios, así como del Ministerio Público federal para ejercer su competencia de atracción, con base en la decisión de la Suprema Corte".
Cortez subrayó que la nueva denuncia se presentó ayer a pesar de todos los argumentos políticos carentes de sustento, con los que las procuradurías han manifestado su reticencia para conocer del asunto. Sin embargo, subrayó, "existen sobrados argumentos jurídicos que sustentan la competencia federal para conocer del tema, como la configuración de delitos de carácter federal, por lo que resulta obligatorio, jurídica y éticamente, que dicho órgano de procuración de justicia inicie la averiguación correspondiente".
Por otra parte, el subprocurador A de procedimientos penales de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la dependencia mantiene abierta una averiguación previa por lo que se refiere al uso de armas, posesión y uso de las mismas en el caso Aguas Blancas.
El funcionario señaló que la indagatoria se está atendiendo "puntualmente", y de ninguna manera, dijo, está cerrada.
Sin embargo, estableció que las competencias en ese caso "están dadas mediante la ley, no es una asunto de voluntades o de decisiones particulares de los funcionarios".
Higuera Bernal estableció que sólo a las autoridades de Guerrero les compitió investigar y perseguir esos hechos lamentables y en ningún caso se puede decir que la PGR lo tiene cerrado, porque existe una averiguación previa vigente.
