Exigen la salida de cuatro funcionarias
Venezolanos residentes en México piden remoción de personal de su embajada
Como una secuela de los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Venezuela, cuando se intentó deponer al presidente Hugo Chávez mediante de un golpe de Estado, unos 70 integrantes de la Asociación de Venezolanos en México demandaron ayer la destitución de cuatro funcionarias de la representación diplomática de ese país, acusándolas de ''utilizar recursos de la propia embajada para hechos conspirativos'' y de no acompañar al embajador Lino Martínez ''en la emergencia nacional''.
Además, les formulan un tercer cargo: desarrollar propaganda de guerra, violando el artículo 57 de la Constitución de su país.
Las personas cuya remoción se solicita son: la cónsul Aidé Gómez; la encargada de prensa, Edith Guzmán; la administradora Maritza Hernández, y la representante de Bancoex, Sandra Santander.
Durante las horas del conflicto, la encargada de prensa, Edith Guzmán, en todo momento se manifestó opuesta a cualquier conferencia de prensa o contacto con los medios de comunicación, pues aseguraba que el embajador no disponía de información sobre lo que ocurría en esos momentos en su país.
La comunidad venezolana en nuestro país está constituida por organizaciones como la propia Asociación de Venezolanos en México, la Red de Amigos Ven, la Organización Internacional de Amigos de Venezuela y el Comité Simón Bolívar, entre otras.
En su solicitud de remoción de las funcionarias los firmantes indican que la conspiración para derrocar al presidente Chávez fue orquestada por un sector del empresariado, la cúpula eclesiástica, la embajada estadunidense, una minoría militar y los medios de comunicación. Ese ''grupo de facinerosos'', dicen, rompió el orden institucional y se instaló como go-bierno de facto pasando por encima de la Constitución y de las instituciones electas por el pueblo.
Indican que la detención del presidente Chávez, por alrededor de 36 horas, fue un ''acto engañoso'' de un grupo de militares del alto mando, la cúpula eclesiástica y la mentira de los medios, y costó a Venezuela ''casi un centenar de muertos y cientos de heridos''.
Frente a esto, establecen que la actitud de los funcionarios públicos de Venezuela debe apegarse a la institucionalidad y en ésta se incluyen los que pertenecen al servicio exterior venezolano, quienes por ningún motivo deben utilizar los recursos del Estado para los fines de subvertir el orden constituido y al que rige la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
ROSA ELVIRA VARGAS
