Es un asunto de Estado, por razones de seguridad nacional, afirma José Jorge Campos

No requiere modificación legal la participación del Ejército en labores contra el narco: PGR

Rechazan procuradurías propuesta de castigar a familias de secuestrados por no denunciar

GUSTAVO CASTILLO Y VERONICA GONZALEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

Colima, Col., 12 de abril. Por una "razón de Estado", el Ejército Mexicano participa en el combate a la delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico, y para ello no es necesaria modificación legal alguna, afirmó el subprocurador de Procedimientos Penales "C" de la Procuraduría General de la República (PGR), José Jorge Campos Murillo, al término de los trabajos de la segunda Reunión Nacional de Combate a la Delincuencia Organizada.

Durante este encuentro, el pleno de las procuradurías de Justicia del país rechazó la propuesta de que se castigue penalmente a los familiares que paguen el rescate exigido por secuestradores o no denuncien el plagio ante las autoridades, informó la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, María de la Luz Lima Malvido.

Al darse a conocer las conclusiones de la reunión, los procuradores fueron cuestionados en torno a cómo justifican la participación del Ejército Mexicano en la lucha contra la delincuencia organizada, y el subprocurador Campos Murillo afirmó:

"El Ejército interviene en cuestiones consideradas como razones de Estado y se ha considerado, llegado al acuerdo, que delincuencia organizada, principalmente el narcotráfico, es razón de Estado, y en ese sentido la intervención del Ejército es para protección de las instituciones, y en este caso la institución de la seguridad pública está enmarcada en la propia ley federal que establece las bases de coordinación y ahí se contempla como vigilante, como cuidador, en un momento de la seguridad nacional. Esa es la razón".

Agregó que "según se trate de seguridad pública o de seguridad nacional, es la participación del Ejército. Inclusive, el Ministerio Público como investigador y persecutor de los delitos, cuando considera necesaria la participación de algunas instituciones que pueden ser consideradas sus auxiliares, es posible que intervenga, y cuando los delitos son cometidos en flagrancia, cualquier particular puede participar en la aprehensión, con más razón pueden intervenir las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la seguridad nacional".

A mayor abundamiento, dijo que "no es necesaria propuesta (legal) alguna" para que la milicia participe en el combate de la delincuencia organizada, que según las propias autoridades abarca actos ilícitos como secuestro, robo de vehículos, tráfico de indocumentados, tráfico de menores, lavado de dinero y narcotráfico.

Los procuradores Antonio Sam López, de Colima; Alda Enriqueta Bonifaz, de Nuevo León; Sergio Santibáñez, de Oaxaca, y el subprocurador Campos Murillo, aseguraron que ya se tiene elaborado el mapa delincuencial del país y que esto ha servido para desarticular algunas organizaciones criminales, pero que no ha sido dado a conocer de manera pública porque se considera como un elemento de averiguación previa, y por lo tanto no puede ser revelado.

Al clausurar el encuentro, el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, dio a conocer que se "establecieron las bases para agilizar el intercambio de información y alimentar las bases de datos de voz y de imagen relacionadas con bandas de secuestradores, que hasta ahora están dando magníficos resultados".

Asimismo, puntualizó que todas las procuradurías del país trabajan en un análisis y una propuesta integral para proponer la unificación de normas sustantivas que mejoren la investigación, persecución y sanción del secuestro.

Durante este encuentro se ha propuesto también el establecimiento de penas mínimas para quienes cometen el delito de secuestro, pero que no se tenga la posibilidad de obtener beneficios de preliberación, aunque no se llegó a acuerdo alguno.

Sin embargo, se descartó la posibilidad de que se establezca una legislación homogénea en el país en lo relativo al plagio, pero sí se destacó que ello podría ocurrir en materia de robo de vehículos, ya que se encuentra en estudio un proyecto de tipo penal uniforme.

Otro de los puntos de acuerdo fue que las autoridades de los tres niveles de gobierno colaborarán en la persecución de los delitos contra la salud en la modalidad de venta de estupefacientes al menudeo, y que las autoridades municipales y estatales proporcionarán a las autoridades federales los datos acerca de las llamadas tienditas, para que sea la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) la que se encargue de actuar contra los presuntos narcotraficantes.