Luis Bilbao
La provocación de la impotencia
La secuencias es por demás elocuente: fracaso de
la huelga petrolera en la semana del 11 al 15 de marzo; como primera consecuencia
directa, levantamiento de la huelga general anunciada desde fines del año
pasado para el 18 de marzo; fracaso de la huelga médica iniciada
ese lunes 18 y de la huelga docente que intentó acompañarla;
desacuerdo público de las direcciones sindicales respecto de una
nueva fecha para convocar a la huelga general. Y por fin el estrepitoso
fracaso de la huelga general lanzada a comienzos de esta semana, con el
dato más significativo de los últimos meses: el vuelco de
un sector importante, presumiblemente mayoritario, de la dirección
sindical, si no francamente a favor del gobierno, al menos en contra de
la hasta ahora dirección hegemónica de la Central de Trabajadores
de Venezuela (CTV).
Es en ese punto, de probado debilitamiento extremo para
el conjunto de la oposición, cuando la CTV y la corporación
empresarial Fedecámaras anunciaron que la huelga general fallida
se transformaba en huelga por tiempo indeterminado. Es decir, una huelga
insurreccional. Y ayer jueves, en una Caracas donde funcionó todo
el transporte; todos los supermercados; todas las dependencias del Estado
-y, muy en particular, la empresa Petrolera PDVESA-, todo el incontable
mundo de los buhoneros y la mayor parte del pequeño comercio, el
líder de la CTV Carlos Ortega y el titular de Fedecámaras,
Pedro Carmona, indujeron una marcha hacia el Palacio de Miraflores, rodeado
desde la noche del domingo por decenas de millares de personas dispuestas
a dar la vida por el presidente Hugo Chávez. El argumento era atractivo
para el público al que estaba dirigido: Chávez había
sido detenido por el alto mando militar y sólo había que
dar apoyo al derrocamien
to del presidente. La difusión de esa noticia falsa
por los principales canales de televisión y el abierto llamado a
la concurrencia a Miraflores, provocaría a la vez un choque con
la base social del gobierno y no le dejaría otra alternativa que
adoptar medidas respecto de los dueños de aquellos canales.
El 10 de diciembre pasado Carmona y Ortega eran la cabeza
de una coalición que logró catalizar descontentos de diversos
orígenes, realizó un paro exitoso y se mostró como
alternativa política al gobierno de Chávez. Pero a fines
de marzo la inocultable sucesión de reveses y, sobre todo, la disgregación
total de la coalición opositora, le planteaban una opción
de hierro al sector más tradicional de la CTV y al grupo dominante
en Fedecámaras: rendirse sin condiciones y eclipsarse definitivamente,
o promover un baño de sangre, provocar medidas de control de las
empresas televisivas y obtener a cambio la posibilidad de presentar a Chávez
como dictador. A su vez el presidente venezolano debía optar entre
impedir la maniobra mediante concesiones, o pagar el precio de seguir adelante.
Los hechos están a la vista. Y auguran una nueva
fase en este vertiginoso proceso político denominado Revolución
Bolivariana.