Ha demostrado su efectividad en Guerrero
Demandan otorgar reconocimiento jurídico a la Policía Comunitaria
ROSA ROJAS
Frente a la crisis de seguridad pública que padece el Estado mexicano, la Policía Comunitaria (PC) se presenta como un sistema de seguridad pública indígena que ha logrado erradicar los asaltos, las violaciones, el abigeato y los secuestros en Guerrero, y plantea a la sociedad mexicana el reto de darle sustento jurídico en el contexto de una reforma integral que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indios, plantearon ayer indígenas, especialistas y el director del Instituto Nacional Indigenista (INI), Huberto Aldaz.
El funcionario indicó que desde 1994 el Estado mexicano no ha brindado una alternativa que propicie la reconstitución de los pueblos indígenas, algo que, dijo, no puede hacer una sola institución como el INI, con su cada vez más reducido presupuesto, sino que es responsabilidad del Estado mexicano y de la sociedad. Sólo así, añadió, el país será una nación multicultural.
Durante la presentación de los libros La Policía Comunitaria, un sistema de seguridad pública comunitaria indígena en el estado de Guerrero y Pirámides, cerros y calvarios: lugares sagrados y legislación mexicana, Sergio Sarmiento, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, subrayó que al constituir todo un sistema de impartición de justicia "el asunto de la Policía Comunitaria se le complica al Estado mexicano".
Explicó que si la PC sólo fuera una policía, sería coadyuvante del Ministerio Público, como una policía auxiliar, pero dado que los indígenas decidieron aplicar su propio derecho, fuera del derecho positivo mexicano, pende sobre los miembros de la PC, por parte del gobierno guerrerense y el federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la amenaza de ser desarmados y encarcelados, aunque al parecer la Federación ha congelado el ultimátum que les planteó.
Ciriaco Rojas Calixto, miembro de la Coordinación Regional de las Autoridades Indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, subrayó la colaboración social que ha implicado la creación y funcionamiento de la Policía Comunitaria desde octubre de 1995; en tanto que Nazario Mendoza, tlapaneco de Tilapa, municipio de Malinaltepec, relató que los policías comunitarios arriesgan su vida sin recibir sueldo para garantizar la seguridad de sus compañeros, por lo que pidió el apoyo de los asistentes para exigir al gobierno su reconocimiento y que se les dote además del equipo necesario.
Guillermo Espinoza, del Instituto Indigenista Interamericano, al comentar el libro Pirámides, cerros... se refirió al limitado e injusto contexto legal y llamó a hacer una discusión sobre temas como el papel de la Iglesia católica en la erosión de las culturas indígenas, o la relevancia de los sitios sagrados frente a la inadecuación de la ley.