La dependencia lo identificó como cabeza de la red de corrupción que operaba en ese municipio

El edil de Atizapán, presunto responsable del asesinato de la regidora: PGJEM

Jaime González Ortega, Jaime Martínez Franco o Jaime Ortega González, El Jimmy, el autor material, dice

SILVIA CHAVEZ E ISRAEL DAVILA CORRESPONSALES

Tlalnepantla, Mex., 10 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), encontró como presunto responsable del homicidio de la regidora panista María de los Angeles Tamez Pérez al alcalde de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, a quien la dependencia identificó como la cabeza de una red de corrupción que operaba en el ayuntamiento.

En conferencia de prensa, el procurador mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, también dio a conocer que el autor material del crimen de la regidora fue identificado como Jaime González Ortega, Jaime Martínez Franco o Jaime Ortega González, conocido como El Jimmy, quien es buscado en el estado de Nayarit, adonde presuntamente huyó después de la ejecución.

La red de corrupción

Acompañado del padre de la regidora, Pedro Tamez Fernández, el procurador indicó que a partir de la investigación del homicidio se descubrió la operación de una estructura criminal en la administración municipal de Atizapán de Zaragoza, en la que participaban al menos 14 personas más, de las cuales seis están prófugas de la justicia.

De acuerdo con las pruebas recabadas durante siete meses por la dependencia, el presidente municipal Domínguez Zambrano cometió diversos actos de corrupción en el ejercicio de su cargo. El edil se encargaba de otorgar permisos, licencias, autorizaciones y contratos por medio de "dádivas", además de que permitió la contratación de familiares de su ex secretario particular, Daniel García, en puestos claves de la administración, donde controlaban las actividades delictivas dentro y fuera del municipio.

Apuntó que entre éstas existían expedientes manejados con la clave X-4, a los cuales no debería exigírseles documentación adicional o ponerles trabas, para facilitar los negocios ilícitos que se perpetraban desde distintos cargos públicos en el gobierno local.

Asimismo el alcalde solapó que elementos de la policía municipal extorsionaran a particulares, propietarios de giros comerciales y centros nocturnos, a quienes les cobraban cuotas hasta de 400 mil pesos anuales para dejarlos funcionar en la venta de bebidas alcohólicas, enervantes y prostitución.

Navarrete Prida señaló que algunos elementos de la policía municipal, encabezados por el oficial Javier González Salinas, tenían la tarea de proteger la venta y distribución de droga al menudeo en giros rojos e inclusive algunos tenían la encomienda de distribuir enervantes en pequeña escala en estos establecimientos.

El espionaje

Precisó que Domínguez Zambrano, su ex secretario Daniel García y el ex director de seguridad pública, Antonio Vega de la Garza, instalaron la casa de espionaje localizada a unas cuadras del palacio municipal donde operaban las videocámaras ubicadas en el interior del ayuntamiento e intervenían llamadas telefónicas de regidores, servidores públicos y "enemigos del presidente".

Con esto Domínguez Zambrano tenía conocimiento de las actividades que realizaba cada uno de los funcionarios del ayuntamiento, con la ayuda del ex subdirector de Seguridad Pública municipal, Martín Gachuz Santiago; el comandante Raúl Bonilla Pérez y el oficial José Luis Lara Martínez, quienes se encuentran arraigados en el hotel La Hacienda de esta localidad.

Además el edil trató de sobornar a regidores ofreciéndoles cantidades de dinero que recibirían de particulares por la regularización de giros comerciales -como el asunto La Corona, empresa que construyó una bodega violando el uso del suelo-, con el objeto de lograr su apoyo en el cabildo.

El complot

Todas estas actividades ilícitas fueron descubiertas por la regidora Tamez Pérez, quien advirtió a los responsables que los denunciaría penalmente y daría vista a la dirigencia del PAN en el municipio.

Esto ocasionó que los integrantes de la red de corrupción dirigida por Domínguez Zambrano y Daniel García planearan su asesinato, para lo cual solicitaron al hermano de este último, Isaías García Rodríguez, la contratación de sicarios para perpetrar el homicidio.

Atendiendo a esta orden se adquirieron los servicios de Jaime Ortega González, El Jimmy, y Reyes Alpizar Ortiz para ultimar a la regidora a cambio de 300 mil pesos.

Una vez cometido el homicidio e iniciadas las investigaciones, el alcalde pretendió obstaculizar las indagatorias al ofrecer hasta 500 mil pesos a quienes eran citados como testigos por la procuraduría de Justicia a cambio de que no lo involucraran en el crimen. A su vez, para inhibir a los testigos, Isaías García Godínez, padre de Daniel García, envió mensajes anónimos con amenazas de muerte a algunos regidores del ayuntamiento.

El procurador aseguró que Domínguez Zambrano incurrió en falsedad de declaración cuando fue citado por el Ministerio Público, ya que negó conocer a la empresa de videograbación encargada del espionaje y a los responsables de su contratación; sin embargo, el edil, como titular del comité de adquisiciones del municipio, siempre estuvo al tanto de estos servicios.

Además indicó que el presidente municipal se incriminó al rendir sus declaraciones ministeriales, ya que aseguró haber otorgado vacaciones a Antonio Vega de la Garza y a Gerardo Cortés Jiménez, ex director de Seguridad Pública y ex secretario del ayuntamiento, respectivamente, cuando éstos tenían una orden de presentación ante el agente del Ministerio Público.

El crimen

Durante la conferencia de prensa, el subprocurador de Justicia, Roberto Figueroa Velázquez, hizo una narración gráfica sobre la ejecución de Tamez Pérez, ocurrida el 5 de septiembre pasado, justo antes de ingresar a su domicilio ubicado en el número 18 de la calle Nido de Aguilas, en el fraccionamiento Las Alamedas, en Atizapán de Zaragoza.

Relató que el día del crimen Tamez Pérez fue observada por dos sujetos vestidos de negro que la siguieron mientras realizaba sus actividades y existe el testimonio de una persona dedicada a la venta de joyas, quien aseguró que los individuos la perseguían sin que ella advirtiera su presencia.

Por la noche, al salir de su oficina y dirigirse a su domicilio, Tamez Pérez era esperada por su victimarios, quienes se escondían en un recoveco de una casa contigua a la de ella.

Al tratar de abrir la reja para ingresar a su hogar, uno de ellos se le acercó y a una distancia menor medio metro le disparó en seis ocasiones; cinco de los impactos le dieron en distintas partes del cuerpo, mientras ella giraba por efecto de los balazos, el último de los cuales le penetró en el pecho, atravesándole el corazón; ella caó frente a la puerta de su domicilio.

Los agresores huyeron corriendo hacia la calle Gavilanes para perderse una cuadra después en la avenida Paseo de las Palomas, donde uno de ellos arrojó su camiseta, la cual fue localizada por policías judiciales, elemento de prueba que fue incorporado a la averiguación previa.

Mientras esto sucedía, dijo, la policía municipal era concentrada en la parte alta del fraccionamiento Las Alamedas, situación que facilitó y protegió la huida de los homicidas, hecho que fue consignado en la bitácora de la dirección operativa de Tránsito municipal.

El PAN en la localidad tenía conocimiento de las irregularidades

Obra en expedientes que el comité municipal del PAN tenía conocimiento de las actividades ilícitas del alcalde, ya que algunos de estos documentos estaban en posesión de la regidora y fueron encontrados en su bolso el día del crimen, añadió.

En este sentido, las autoridades consideraron que "resulta extraño" que el comité municipal panista, teniendo conocimiento de estas irregularidades denunciadas por la víctima del delito, argumente que desconocía del asunto y haya pretendido considerar que tenía tintes políticos.

La investigación

Las autoridades indicaron que después de siete meses de investigación, el viernes pasado fue enviado el expediente al juez quinto de lo penal de Tlalnepantla, el que consta de 8 tomos, 4 mil 600 fojas, 14 anexos, así como 40 dictámenes periciales. En él existen 256 declaraciones ministeriales, resultado de 2 mil 432 interrogatorios a regidores, servidores públicos municipales, militantes de Acción Nacional, familiares de la víctima y testigos, además de documentos que obraban en poder de la regidora y que fueron proporcionados por su padre, Pedro Tamez.

Asimismo durante las diligencias se revisaron 20 mil documentos para establecer las redes de corrupción entre los distintos servidores públicos y se recurrió al archivo histórico de armas aseguradas de la Secretaría de la Defensa Nacional para ubicar el origen del arma con la que fue ultimada Tamez Pérez, por lo cual fue necesario revisar mil 342 ojivas y 3 mil 700 armas de calibre 380, marca Brico, con la que presuntamente fue asesinada la regidora.

Al término de la conferencia, Pedro Tamez consideró que con la consignación de la averiguación previa concluyó la primera batalla, aunque empieza la segunda, que es muy larga y dura porque viene todo el proceso judicial. "De lo que ustedes pueden estar seguros es de que todo el trabajo que inició mi hija se va a terminar".