Desde 1992 han cerrado o suspendido obras 9 mil 800 constructoras

Las recurrentes crisis económicas, que obligaron a restringir los presupuestos de inversión públicos y privados, han provocado que más de la mitad de las empresas constructoras nacionales hayan dejado de operar durante la última década. No tan espectaculares como la bancarrota de Tribasa, pero 9 mil 800 empresas constructoras de diferentes tamaños cerraron o suspendieron actividades de 1992 a la fecha.

Las existentes, según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en el mejor de los casos se han convertido en socios menores o proveedores de los grandes consorcios internacionales, los cuales han obtenido los mejores y mayores contratos de obra.

Con base en un diagnóstico elaborado por esa agrupación, la situación en la industria no sólo afecta a los grandes empresarios, que en algunos casos han sido acusados de ser protegidos del presidente en turno, sino que la industria como fuente de empleo se contrajo en casi dos terceras partes. El personal ocupado actualmente en el sector hasta 2001, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), se redujo a 194 mil 577 trabajadores, cuando en 1992 estaban contratadas 521 mil personas y con una tendencia decreciente que no se ha detenido.

En el mismo documento de la CMIC se destaca que, a pesar de la importancia de la construcción en la economía del país (derivada de que por cada cien pesos invertidos en la actividad 56 se emplean en la compra de servicios y materiales que ofrecen 37 de las 73 ramas económicas), las empresas del ramo sufren una severa descapitalización por la falta de trabajo.

Según la CMIC, los esquemas de contratación aplicados por el gobierno federal, como la inversión financiada (conocida como Pidiregas), han limitado la participación de empresas nacionales en los concursos públicos frente a la competencia extranjera que participa de manera desleal.

En el mejor de los casos ha llevado a las más importantes constructoras del país a vender parte de sus activos para sobrevivir y enfrentar la quiebra técnica, como ya ocurrió con Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Tribasa, o severos programas de ajuste, como en el caso de Ingenieros Civiles Asociados (ICA).

"Hoy, la industria de la construcción se encuentra gravemente descapitalizada y en posición de creciente desventaja conforme la naturaleza de los proyectos sea más global y su tecnología más desarrollada", afirmó la CMIC.

Los factores identificados por el organismo son, entre otros: contratación de obra pública bajo esquemas que limitan la participación de empresas nacionales; competencia internacional con prácticas desleales, ya que las compañías extranjeras cuentan con acceso a créditos blandos y hasta subsidios de sus gobiernos; incumplimiento de los acuerdos de los tratados comerciales relacionados con los umbrales y las reservas de contenidos nacionales.

Asimismo las constructoras enfrentan una disminución en los volúmenes de obra (inversión presupuestaria), ya que, ante la escasez de recursos públicos, la capacidad económica para respaldar los proyectos sólo la tienen las empresas extranjeras; mecanismos deficientes de acceso al crédito de la banca de desarrollo; ausencia de criterios específicos para incorporar riesgos de fuerza mayor, así como parálisis en las decisiones de funcionarios por temor a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.VICTOR CARDOSO Y JUAN ANTONIO ZUÑIGA