Aduce MP quebranto de garantías de la menor violada

Reabren el caso Paulina; debe declarar ex procurador de BC

El gobierno local le impidió abortar tras el ataque sexual

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 8 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó reabrir el caso de la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, a quien el gobierno de la entidad prohibió abortar luego de ser víctima de un ataque sexual.

El Ministerio Público (MP) citó a declarar a Juan Manuel Salazar Pimentel, ex procurador general de Justicia de la entidad, quien en su calidad de servidor público llevó a la menor ante un sacerdote católico para persuadirla de que desistiera en su intención de practicarse un legrado, tal como lo permite la legislación vigente en Baja California.

Francisco Javier Hinojosa Robles, titular de la Agencia del MP Especializada en Delitos Patrimoniales, ordenó ésta y otras diligencias luego de que la juez quinta de lo penal, con sede en Mexicali, capital de Baja California, declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por María Elena Jacinto, madre de la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto.

Por su parte, la abogada de la familia de Paulina, Socorro Maya Quevedo, explicó que la decisión de la juez significa que se continuará con la indagatoria archivada durante la pasada administración, del panista Alejandro González Alcocer, concuño del ex procurador de Justicia.

Maya Quevedo señaló que la protección de que gozó Salazar Pimentel significa una violación del MP a la garantía individual contenida en el artículo octavo constitucional, en perjuicio de Paulina.

Esta instancia, además, no fundamentó jurídicamente su negativa de continuar en su momento con la indagatoria por "falta de valor probatorio" en la recomendación 2/2000 emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, agregó la defensora.

El acuerdo emitido por la PGJE señala que se seguirá con la integración de la indagatoria 488/99104, ordenando, entre otras diligencias, que declare el ex procurador.

Asimismo, la averiguación previa continuará dejando insubsistente la resolución del 13 de agosto de 2001, en la cual el Ministerio Público declaró el no ejercicio de la acción penal en favor de Marcela Olivia Vaquera Guevara y Miriam Elizabeth Topete, en la comisión del delito de tortura (sicológica), así como a Carlos Alberto Astorga Othón, ex secretario estatal de Salud, por el delito de coalición de funcionarios públicos.