Exige diálogo entre Estado e indígenas de la región

Xóchitl Gálvez, contra la expulsión de habitantes de Montes Azules

ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

San Cristobal de Las Casas, Chis., 8 de abril. Los habitantes de la reserva de la biosfera de Montes Azules no podrán ser desalojados mientras no haya diálogo y consenso entre el Estado y ellos, advirtió Xóchitl Gálvez Ruiz, titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia; tampoco deberá realizarse acción alguna en su contra, agregó.

"La posición, desde el punto de vista de la nueva relación Estado-pueblos indios, establecida en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, que el presidente Vicente Fox presentó, es que no se va a poder tomar ningún tipo de acción mientras no se den el diálogo y el consenso", insistió.

Expresó que no conoce a fondo el problema, pero ofreció "empezar a investigar al interior del gabinete cuál es la posición de las distintas secretarías y cómo resolveremos el asunto de manera que se respete esta nueva relación, basada en el diálogo y la consulta".

Ante la insistencia de los reporteros, reiteró: "No conozco a fondo el tema de Montes Azules; sé que hay grupos ahí, y que por un lado los ecologistas creen que hay que quitar a la gente de esa zona porque dañan la ecología; pero, por otro lado, hay personas, pueblos y familias a los que no tendremos que tratar de nuevo como se trató en el pasado a los pueblos indígenas, que tienen raíces, que seguramente han enterrado ahí sus ombligos, lo que les da una liga cultural con la tierra; todo esto hay que tomarlo en cuenta en cualquier decisión, porque no estamos hablando de máquinas que se puedan desplazar de un lado a otro".

Añadió que en el programa mencionado "quedó perfectamente claro que la nueva relación entre el Estado y los pueblos indios tiene que estar basada en los principios de diálogo, consenso, respeto, autonomía, libre determinación de los pueblos, transparencia e inclusión, y se tendrán que respetar".

Entretanto, Rodolfo Stavenhagen, relator para los Derechos Humanos de los Pueblos Indios de la Organización de Naciones Unidas, declaró: "es legítimo que la nación se preocupe por proteger lo poco que queda del medio ambiente natural de la selva", pero "no es válido utilizar el argumento ecológico y ambientalista para cubrir intereses privados de tipo comercial, o incluso trasnacional".

Para resolver el problema en Montes Azules, abundó, "hay que ser muy cuidadosos, y ojalá el gobierno no tome decisiones arbitrarias, como eso de expulsar comunidades contra su voluntad, porque ello no sólo no resolverá el problema, sino que creará conflictos adicionales, como si no tuviéramos ya suficientes".

A su vez, Carlos Raymundo Toledo, diputado federal por Chiapas e integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), pidió la "ampliación de las funciones del órgano de coadyuvancia", o la desaparición del mismo, pues "aún no hay avances, no hay acuerdos y ni siquiera hay consenso a su interior".

En conferencia de prensa realizada este lunes en Tuxtla Gutiérrez, explicó que los legisladores integrantes de la Cocopa "no respetan los acuerdos a que llegamos".

Expuso que la crisis en la Cocopa llegó a tal grado "que cada quien jala por su lado" y sus miembros "dicen lo que se les da la gana a cada rato, y no podemos sentar a negociar a las partes confrontadas".