Param Cumaraswamy presentó en Ginebra
el informe sobre su visita al país
Impunidad y corrupción, ''tremendo problema
social'' en México, afirma relator de la ONU
Hoy podría recibir la respuesta a sus recomendaciones
por parte del gobierno de Fox
KYRA NUÑEZ Y VICTOR BALLINAS
La impunidad y la corrupción constituyen en México
''un tremendo problema social'', sostiene en su informe el relator especial
de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy.
Resalta que en su visita al país, en mayo de 2001, el procurador
general de la República, Rafael Macedo de la Concha, le informó
que ''la corrupción había alcanzado niveles muy altos, pues
los funcionarios públicos se valen de sus cargos para enriquecerse
y resulta muy complicado detectar ese fenómeno''.
En Ginebra, ante la 58 Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, el relator presentó el informe de su visita a México,
realizada del 13 al 23 de mayo del año pasado, y espera la respuesta
del gobierno mexicano a su informe y recomendaciones, que se prevé
sea entregada hoy.
Cumaraswamy sostiene en dicho documento que la corrupción
afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal, y explica
que recibió informes de que ''ese fenómeno se está
extendiendo en el seno de los órganos judiciales debido a la influencia
de los traficantes de droga''.
Asevera que la impunidad en el país para todo tipo
de delitos es de 95 por ciento, y que parte de ese problema radica en la
ineficacia de las investigaciones penales, pues ''tan sólo 10 por
ciento de los juicios abiertos desembocan en condena''.
Da cuenta también de la reunión de trabajo
que sostuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con
el equipo intersecretarial, donde expuso que ''la población había
perdido confianza en las instituciones de procuración y administración
de justicia, y que un funcionario lo corrigió: no es que hayan perdido
la confianza, sino que nunca la han tenido''.
Vigentes, recelo y desconfianza en las instituciones
El
relator especial refiere que a pesar de que en 1994 se realizó una
reforma constitucional que pretendió consolidar el sistema de procuración
y administración de justicia, lo cierto es que ''sean cuales fueren
los cambios introducidos éstos no se aprecian en realidad; siguen
vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones''.
Abunda en el informe -que hoy recibirá respuesta
del gobierno mexicano- que en su visita de diez días al país
se le dijo que cuando un abogado se presenta en una prisión de máxima
seguridad para visitar a un cliente por primera vez, lo hacen esperar en
promedio tres horas, y que a menudo se les niega el acceso a los detenidos
con el pretexto de que se requiere la autorización de un juez. ''Y
en la práctica es imposible obtener esa autorización.''
En el amplio informe detalla las quejas que recibió
de viva voz de los abogados, quienes le expusieron que ''los funcionarios
penitenciarios no permiten al abogado entregar documentos directamente
al acusado e insisten en que deben pasar por mano de los auxiliares de
servicio en la cárcel. Tampoco se autoriza a los abogados llevar
consigo sus notas cuando van a la cárcel, ya que éstas le
son entregadas más tarde por el personal de la prisión una
vez que se encuentra ya en el interior. Asimismo, sacan copias a esas notas''.
De las reuniones que sostuvo con defensores de derechos
humanos, el relator especial destaca en dicho documento que ''en México
el hostigamiento a los defensores de derechos humanos es un problema constante.
Especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los defensores viven un estado
de inseguridad permanente''.
Cumaraswamy dice que recibió denuncias de parte
de los defensores de que se les amenaza de muerte, sufren secuestros, persecuciones,
intimidaciones, intervención de sus teléfonos, agresiones
físicas, asaltos, intentos de asesinato y difamación. Parece
ser, agrega el relator, que los responsables de esos acosos son las autoridades,
los políticos locales, los grupos armados y otras organizaciones,
en general con el respaldo de las autoridades. ''Estos actos quedan en
la impunidad más absoluta.''
La gravedad de ese problema se hace presente con el asesinato
de la abogada Digna Ochoa y Plácido, perpetrado el 19 de octubre
del año pasado. ''En una carta que se halló junto al cadáver
de la defensora de derechos humanos se proferían amenazas contra
los miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, con los
que la señora Ochoa había colaborado en el pasado. Esas amenazas
no son las primeras recibidas por ese centro; en agosto su director, el
sacerdote David Fernández, recibió por teléfono amenazas
de muerte y posteriormente se pusieron en circulación escritos difamatorios
contra él.''
Refiere el relator especial de la ONU que el 5 de enero
de 1996 dos miembros del Centro Pro fueron asaltados por dos personas que
más tarde fueron identificados como miembros de la policía
judicial. En septiembre de 1999 se recibieron en las oficinas de la ONG
diversas amenazas de muerte por escrito en tres días distintos.
En octubre de ese mimo año forzaron la puerta de la oficina y la
saquearon. Las investigaciones sobre las amenazas nunca llevaron a ninguna
detención.
Ya en el actual gobierno, los ataques contra defensores
continúan. Da cuenta del allanamiento e incendio en contra del Comité
de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, en Chiapas, y las amenazas
de muerte recibidas por Abel Barrera Hernández, director del Centro
de Derechos Humanos Tlachinollan, de la Montaña de Guerrero.
En el informe se apunta que la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) ''no goza de una posición sólida,
ya que no es lo suficientemente influyente para obligar a las autoridades
a respetar las recomendaciones que emite''. Asegura Param Cumaraswamy que
las autoridades no han cumplido la mayoría de las recomendaciones
del organismo y apunta que entre la sociedad ''hay preocupación
de que el ombudsman nacional entregue a las autoridades expedientes
confidenciales''.
Hace notar su preocupación de que en México
conoció un caso de trabajadores migrantes quienes le señalaron
que viven en condiciones análogas a la esclavitud: ''Fueron contratados
para trabajar en una granja agrícola en Chihuahua; 60 días
de trabajo ininterrumpido, incluidos los domingos, con pagos de 60 pesos
por jornada que se reducían a la mitad si no se alcanzaba la cuota
de producción y sin descanso. No se les permitía salir de
la plantación, en cuya tienda tenían que adquirir sus artículos
de primera necesidad; carecían de seguro médico y recibían
un trato humillante. Los indígenas denunciaron que las autoridades
se mostraron indiferentes a su quejas y se ponían del lado de los
empleadores. Estas prácticas son recurrentes en los estados donde
hay muchos migrantes indígenas'', señala el informe.
En sus conclusiones, el relator especial resalta: ''La
impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México.
Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidas, no se aprecian
en la realidad. Siguen patentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza
de la población en las instituciones de administración y
procuración de justicia''.
Cumaraswamy manifiesta su preocupación por los
ataques y hostigamiento contra defensores y abogados, y expresa su inquietud
por la situación de los indígenas ante la imposibilidad de
que se les haga justicia, la falta de intérpretes y de sensibilidad
del estamento judicial por sus tradiciones jurídicas.
En Ginebra, el relator especial de la ONU se dijo convencido
del compromiso político del gobierno de Vicente Fox para cumplir
en forma cabal y expedita las 16 recomendaciones hechas para la reforma
del sistema de justicia en México -que debe ser coordinado, imparcial
e independiente-, emitidas luego de su misión investigadora en el
país, realizada en mayo del año pasado.
No habiendo tiempos límites para el cumplimiento
gubernamental de recomendaciones de la ONU, ''seguiré monitoreando
la situación, de la cual informaré nuevamente el año
entrante, sobre cuáles recomendaciones fueron cumplidas y qué
resultados tuvieron, pero también cuáles no lo fueron y las
razones de ello'' afirmó el malayo a La Jornada.
Ejemplo de la voluntad política del gobierno es
la designación de un procurador especial para esclarecer las detenciones
en los 70, pero ''está por verse si será capaz de hacerlo,
ya que en México la causa que lo impediría es el alto grado
de impunidad que sigue existiendo''.
El funcionario de la Organización de Naciones Unidas
ennumera algunas de las más ''sorprendentes'' situaciones encontradas
en México, que dieron pauta para la serie de conclusiones a la misión
llevada a cabo. Cita como primer problema de envergadura la falta de una
reforma integrada del sistema de justicia, ''porque no puede funcionar
bien cuando las procuradores, jueces, magistrados, defensores y abogados
trabajan cada quien por su lado''.
Explica que, como es obligatorio, este informe de la misión
del relator especial debe presentarse ante la Comisión de los Derechos
Humanos; en ocasiones similares es de esperarse una respuesta formal de
la delegación del gobierno aludido. En este caso, el referente a
México ha sido hecho público para los trabajos actuales de
la 58 sesión del órgano de la ONU sobre los derechos civiles
y políticos, entre los que se tiene la independencia de jueces y
abogados.
Cumaraswamy cree que existe voluntad política y
determinación gubernamental para atacar el problema, como se ejemplificaría
con la designación de un procurador especial para resolver los abusos
revelados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el
caso de desaparecidos y la apertura de los archivos de inteligencia de
los años 1970 a 1985; éstos son ''pasos en la dirección
correcta para combatir la impunidad prevaleciente en el país'',
concluye.
