Sale marcha rumbo al DF
Exigen a Fox resarcir daños por violaciones a garantías
ROBERTO GARDUÑO
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) exigió al gobierno federal resarcir los daños por las graves violaciones a los derechos humanos en la región Loxicha.
La organización anunció que tras los procesos irregulares que mantienen en la cárcel a 137 habitantes de San Agustín Loxicha, decenas de familiares de los reclusos comenzaron una marcha, el pasado primero de abril, para demandar al gobierno de Vicente Fox la liberación de los presos políticos y de conciencia.
Y es que durante los pasados seis años la Limeddh ha documentado "violaciones graves" a los derechos humanos en perjuicio de los habitantes de las 29 comunidades que integran el municipio de San Agustín Loxicha, en Oaxaca.
"Entre las violaciones documentadas encontramos torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones ilegales."
El organismo defensor de los derechos humanos señala que las detenciones ilegales y los procesos irregulares que mantienen en la cárcel a los 137 habitantes de la región propiciaron que los familiares de esos presos hayan decidido comenzar una marcha hacia la ciudad de México, para demandar al gobierno federal su liberación.
"La Limeddh, como organización acompañante de este proceso, y una representación de los presos políticos sostuvimos el 4 de abril una reunión con el director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado, a quien se le expuso la necesidad de que el titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox Quesada, diera una respuesta concreta a las demandas de los habitantes, solicitud que el Presidente conoció desde el 2 de diciembre de 2001."
Durante el citado encuentro también se pidió a Humberto Aguilar la apertura de canales de diálogo con el grupo de trabajo integrado por el Poder Ejecutivo, para analizar y solucionar el caso.
"A ambas demandas Aguilar Coronado se comprometió a dar respuesta mediante acciones, compromiso que interpretamos como una apertura del gobierno a resarcir las graves violaciones a los derechos que ha sufrido el pueblo Loxicha."