Se deben respetar los derechos agrarios: Zebadúa

El gobierno de Chiapas reitera su oposición a desalojar Montes Azules

Pide a la Federación fijar una postura clara al respecto

ANDREA BECERRIL

La postura del gobierno de Chiapas ha sido muy clara en el sentido de oponerse a toda acción violenta y al desalojo de las comunidades asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, y espera que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, "públicamemte fije también su posición" al respecto, señaló Emilio Zebadúa.

El secretario de Gobierno de Chiapas, que en los días recientes estuvo en el Distrito Federal para reunirse con Santiago Creel y otros funcionarios con el objetivo de analizar la problemática de una región tan estratégica como lo es la selva Lacandona, comentó que "lo delicado del tema obliga a que la postura de la Federación quede amplia y claramente expresada".

Zebadúa expuso que si bien entre algunas dependencias y organizaciones involucradas en la solución al problema que representan las comunidades asentadas en Montes Azules "puede haber deseos y hasta presiones" de que todo se resuelva por la vía del desalojo, con el argumento de proteger el medio ambiente, "queremos que se respete la posición del gobierno de Chiapas, que es el principal garante de la armonía social y la gobernabilidad".

Resaltó que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ha expresado esa postura "de manera muy clara y la ha confirmado en los hechos", por lo que ha pedido también actuar, con base en el diálogo, a todos los actores, fundamentalmente quienes habitan en esa reserva de la selva Lacandona.

Explicó que en ese afán de lograr una solución de consenso, el gobierno chiapaneco está participando desde el año pasado en trabajos coordinados con instancias federales en la llamada Mesa Ambiental. Ahí participan la Secretaría de Gobierno que él encabeza y las de Desarrollo Rural y Pueblos Indios, así como el Instituto de Historia Natural y Ecología.

Por el gobierno federal, agregó, están las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria, además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Dirección de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

El trabajo de esa Mesa Ambiental "se ha llevado a cabo fundamentalmente en una etapa de diagnóstico; se ha venido recopilando información muy necesaria para conocer el estado de los asentamientos, tanto dentro de la biosfera de Montes Azules como de un territorio más amplio que comprende la selva Lacandona.

Cifras dispares

Precisó que concluir el diagnóstico es muy importante, porque hay divergencias en el número de asentamientos. "Hay quienes hablan de más de 60, cuando en realidad no sobrepasan los 35". Es difícil también, agregó, determinar el número de población asentada en la región, porque se requieren pláticas previas con los habitantes, tacto pólitico, "pero igualmente el número de personas es mucho menor a las 2 mil 500 de que se habla".

Zebadúa agregó que el gobierno de Pablo Salazar mantiene pláticas con algunas de las organizaciones, pero no ha completado todavía el proceso de diálogo con quienes residen en esas comunidades en Montes Azules, algunos de ellos simpatizantes zapatistas -en los municipios autónomos de Ricardo Flores Magón y Tierra y Libertad- o de la ARIC.

Recalcó que el gobierno de Chiapas ha insistido en todo momento en encontrar el consenso con las dependencias del gobierno federal involucradas en el tema, para encontrar el equilibrio entre los intereses por preservar el medio ambiente y los de las organizaciones sociales.

Es preocupante, sin embargo, las acusaciones reiteradas que se han hecho sobre un posible desalojo. "Para nosotros es importante reiterar lo que ha dicho públicamente el gobernador Salazar Mendiguchía: nos oponemos a toda acción violenta o por la fuerza para sacar a quienes se han asentado en la reserva de Montes Azules. Por el contrario, hemos venido impulsando una solución dialogada".

Aclaró que se pretende preservar recursos tan importantes de la selva Lacandona, pero también que se respeten los derechos agrarios, que no son solamente bienes comunales de los lacandones, sino de otros tantos asentamientos que se encuentran en esta región vía resoluciones presidenciales, y que adicionalmente a ello prevalezca una óptica social progresista para el respeto de las comunidades localizadas en esa región.

Zebadúa hizo notar que ese proceso de negociación es lento y complicado, no sólo por la dificultad del acceso a la selva, sino también por la complejidad social y las dimensiones políticas. "Por eso nosotros quisiéramos que prevaleciera la objetividad en el tratamiento del tema, porque de lo contrario raya en la alarma, sin fundamento", señaló.