Lo acusa de orquestar una campaña contra Carvajal

Amenaza el PRI con promover juicio político a Barrio Terrazas

Las investigaciones a Capufe no han concluido: Secodam

ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y GUADALUPE LOPEZ REPORTEROS Y CORRESPONSAL

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) informó ayer que la revisión a Caminos y Puentes Federales (Capufe) aún no ha concluido, "por lo tanto todavía no hay resultados ni responsabilidades fincadas".

En un comunicado de prensa, la dependencia hizo saber que el proceso que involucra al ex titular de esa dependencia y actualmente diputado del PRI, Gustavo Carvajal Moreno, "está en curso y habrá resultados cuando éste haya concluido, conforme a las disposiciones legales y normas aplicables". También informó que dará a conocer los resultados de sus pesquisas "hasta que hayan concluido todas las etapas del proceso de revisión".

En tanto, la directiva del PRI defendió ayer "la imagen pública y el honor" de sus militantes que son investigados por presuntos desvíos millonarios de recursos públicos y anunció que ante "la campaña de descrédito" que -afirmó- se orquesta desde la Secretaría de la Contraloría contra Gustavo Carvajal Moreno, podría iniciarle un juicio político al contralor Francisco Barrio Terrazas.

El CEN priísta instruyó este viernes al coordinador de Asuntos Jurídicos, Miguel Angel Yunes Linares, a ofrecer una conferencia para demandar que la Secodam mantenga "en secreto" las investigaciones que realiza a priístas y para afirmar que Barrio Terrazas utiliza su cargo para favorecer al PAN. "Esta es, sin duda, una forma clara de corrupción", dijo Yunes.

Aunque insistió en que el partido no defenderá a personas en lo particular, el directivo del tricolor sólo salió al paso de las acusaciones que involucran al ex dirigente del partido, Gustavo Carvajal, en el desvío de 11.2 millones de dólares cuando fue director de Caminos y Puentes Federales entre 1999 y 2000, cargo que le otorgó el ex presidente Ernesto Zedillo cuando no fue nominado candidato al gobierno de Veracruz. Empero, no quiso referirse al caso del presunto desvío de mil 100 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida hace dos años.

Según Yunes, un grupo de 60 diputados y senadores solicitó a la directiva respaldo jurídico para "valorar la posibilidad de presentar una demanda de juicio político contra Francisco Barrio, por violaciones graves y sistemáticas al régimen de garantías individuales".

Dijo que "en este y en otros casos" el titular de la Contraloría ha violado "de manera grave y sistemática las garantías individuales" de los priístas que son acusados de corrupción, pero a los que no se les ha probado nada. El abogado del PRI consideró que "hay elementos suficientes" para iniciar un juicio político contra Barrio Terrazas, quien, señaló, utiliza el método de la filtración de documentos internos de la Contraloría para desprestigiar a militantes del Revolucionario Institucional y "dedica sus esfuerzos a tratar de vincular a nuestro partido con conductas individuales que presume irregulares".

En Jalapa, Veracruz, el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, refrendó que varios diputados de este partido estudian la posibilidad de solicitar juicio político contra el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo por utilizar los recursos de una dependencia para satisfacer sus aspiraciones de carácter personal. Atribuyó las acciones de Barrio a que ya se desató la carrera por la sucesión presidencial y los panistas están haciendo todo su esfuerzo por atribuirse medallas a costa de lo que sea.

Rafael Rodríguez Barrera, coordinador de los priístas en la Cámara de Diputados, no pareció muy interesado en el tema. Cuando fue interrogado por los reporteros dijo lacónico: "las autoridades deben respetar a la ciudadanía y no anticiparse a juicios que no estén avalados".

En contraparte, el panista Mauricio Candiani dijo que la Secodam actuó de manera correcta al acceder a la petición de un medio informativo para dar a conocer el expediente acusatorio de Carvajal. Dijo que las autoridades únicamente están obligadas a explicar con toda precisión en qué estatus se encuentra la investigación, si se trata de un trabajo previo o de una acusación formal.