Dos grandes movimientos históricos sacudieron, en el siglo pasado, el poder de la oligarquía vacuna y la alta burguesía industrial argentina: el yrigoyenismo, que fue gobierno con la Unión Cívica Radical -UCR- de Hipólito Yrigoyen (1916-22 y 1928-30), y el peronismo (de Juan Domingo Perón 1946-55, líder del Partido Justicialista -PJ).

Ambas corrientes, aglutinadoras de 90 por ciento del electorado nacional, suelen ser confundidas con sus formas partidarias. Mas no siempre sus ideales tuvieron plena cabida en la UCR y el PJ. En tanto que, recurrentemente, sus gobiernos fueron hostigados o coptados por un patriciado nostálgico del país mítico, agrario, finisecular.

En marzo de 1976, las oligarquías superaron sus contradicciones y convinieron en ponerle fin al creciente poder organizado de la Argentina popular. Al frente del Ministerio de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, latifundista y líder industrial, arrojó las bases del modelo ultraliberal.

Jorge Rafael Videla, jefe del ejército en el gobierno de Isabel Martínez de Perón, encabezó el llamado proceso de reorganización nacional. En 1975 Videla había manifestado: "...en Argentina deben morir todos los que sean necesarios para acabar con la subversión".

Treinta mil "desaparecidos" después, la aplicación del modelo fue súbitamente interrumpida. La resistencia de las juventudes patrióticas y la guerra de las Malvinas hundieron al régimen militar (1982). La soberanía popular se pronunció. Sin embargo, el presidente Raúl Alfonsín (UCR) quiso complacer a todos: a los de arriba y a los de abajo, a víctimas y victimarios. O sea, a nadie.

La primera sublevación militar contra la democracia fue conjurada por la movilización popular en marzo de 1987. El golpista Aldo Rico pasó algunos días en una prisión militar, con piscina y televisión a control remoto. El 13 de mayo del mismo año, cuando Alfonsín reconoció que no le gustaba perdonar a los verdugos, pero tenía que hacerlo, su lengua trastabilló 17 veces. Hoy Rico lidera un partido político fascista, aliado del presidente Eduardo Duhalde.

El segundo alzamiento estalló en enero de 1988. Esta vez sólo la militancia de los partidos salió en defensa de la democracia. Once meses después, el coronel Mohammed Alí Seineldín encabezó la tercera sublevación, ante la que sólo se movilizaron algunos grupos de la izquierda.

Seineldín sigue preso y su mente no funciona bien. Lo inquietante es que aún es oído por grupúsculos del ejército y la sociedad civil. En entrevista reciente aseguró: "Los chinos quieren invadir la Argentina porque toda invasión empieza por la comida..." (Revista Veintitrés, 02/02/02)

El cuarto intento golpista, sangriento, tuvo lugar al empezar la presidencia de Carlos Menem: 21 muertos y centenares de heridos (diciembre de 1990). Los militares escupieron el asado que Menem tenía listo para el presidente George Bush, de gira por el Cono Sur, y clamaron: "El ejército se muere de hambre".

El modelo impuesto en los años de plomo se revertía ahora sobre las empresas, créditos y salarios de las fuerzas armadas, institución que se quedó sin estrategia de defensa y sin proyecto político propio.

En medio de saqueos a los supermercados y una hiperinflación inducida, Alfonsín no pudo terminar su mandato. Jóvenes tecnócratas monetaristas habían aprendido a sustituir los anacrónicos golpes de la espada por eficaces golpes del mercado. Entre éstos circulaba un diputado del PJ a quien de chiquito le decían Refucilo.

Director del Banco Central durante la dictadura y estatizador de la banca privada en 1982, Domingo Cavallo despuntaba en el horizonte político. Un hombre que en veinte años de dictadura y democracia marcó la historia del entreguismo nacional con decisiones irreversibles.

Invitado a la transmisión del mando de Carlos Saúl Menem, el ex secretario de Estado Henry Kissinger no podía dar crédito a que Alvaro Alsogaray, encumbrado vocero de la oligarquía financiera, fuese el encargado de negociar la deuda externa. La designación de Miguel Roig representó otra sorpresa.

Roig saltó de la trasnacional agroindustrial Bunge y Born al cargo de ministro de Economía. Falleció y fue sustituido a los pocos días por Néstor Rapanelli, investigado por la justicia venezolana debido a sus actividades irregulares en una companía de Caracas. Una vez que Rapanelli renunció, Refucilo ocupó la silla. En 1991, con la nivelación del peso con el dólar estadunidense, Argentina ingresó al "primer mundo" por decreto.

Menem hablaba entonces de una "revolución productiva" que explicaban personajes como Moisés Ikonicoff, ex comunista e ideólogo del menemismo: "No se trata -dijo en entrevista con el periodista Juan Gaudenzi- de lograr una igualdad en la distribución del ingreso. La desigualdad es funcional. Pero los que más tienen no deben convertir esta diferencia en formas de consumo ostentoso" (agencia de noticias Alasei, mayo de 1989).

En 1991 se votó la ampliación del número de jueces, aprobada por un Congreso irregular. En 1993 varias encuestas revelaban que 80 por ciento de los argentinos no creía en la justicia. La jueza Josefina Rogovsky, por ejemplo, debió renunciar cuando se descubrió que no sabía redactar sentencias por sí misma y se convirtió en el símbolo de la aprobación automática por parte del Senado de los pliegos enviados por el Ejecutivo.

Jorge Damonte, diputado trucho (falso), sumaba su voto al de los demás. Hijo de Teresa Gordon, tarotista de Menem, se convirtió en fiscal federal sin ser abogado. Intervino en más de 300 causas y todas sus acciones tuvieron que ser anuladas y tramitadas nuevamente. La mamá pagó la fianza: 700 mil dólares.

En la historia del Poder Ejecutivo los decretos de urgencia sumaban 26 en total. De 1989 a 1993 Menem rebasó 200. Estos decretos iban del indulto a los genocidas de la dictadura al pedido de su hijo para que el Legislativo autorizara las carreras de Fórmula uno.

Por su lado, la Iglesia le brindaba su apoyo. Sin tomar en cuenta la fe islámica original de los Menem, el obispo Emilio Ogñenovich, de la ciudad de Mercedes (San Luis), decía que "...la profunda devoción hacia la Virgen" del gobernante provenía "...de una visión milagrosa que tuvo su madre al momento de nacer el Presidente" (Página 12, 08/04/95).

Mientras Cavallo vendió todo, Argentina fue exhibida como "modelo" por el FMI y el Banco Mundial. Hoy, estas instituciones reconocen que hubo "excesos"... ¡Excesos!: humillación y sometimiento de las instituciones democráticas, soborno rutinario del Poder Legislativo y Judicial, coimas multimillonarias de las privatizaciones.

La "revolución productiva" tuvo igual destino que Ikonicoff. Graduado en universidades europeas, el menemista solía aparecer en teatros de burlesque en calzoncillos, contando chistes verdes junto a vedettes pechugonas y cromáticamente emplumadas.

El idilio Cavallo-Menem terminó en julio de 1996, cuando Refucilo acusó al gobierno de estar dominado por "mafias" y sacó de la manga un partido que pretendía ser "árbitro entre radicales y justicialistas". El único momento en que Menem pecó de honestidad fue el día en que admitió: "si decía lo que iba a hacer no me hubiesen votado".

La alianza de la UCR y el centroizquierdista Frepaso (Frente del País Solidario) reavivó las esperanzas de una sociedad en vertiginosa involución social. El radical Fernando de la Rúa ganó las elecciones.

En febrero de 2000, mientras De la Rúa explicaba a la prensa los acuerdos para endurecer la legislación contra el delito, un grupo de individuos ingresó al edificio del Congreso y robó un millón de dólares de la tesorería. El detector de metales del parlamento estaba desconectado.

En octubre el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez presentó su renuncia. "Estamos ?dijo? ante una crisis terminal de la forma de hacer política. No es posible que los jóvenes piensen que política y delito son sinónimos. Por eso pedí que los senadores sospechosos renunciaran."

Uno de los sospechosos, el secretario del Senado Mario Pontaquarto (radical), fue premiado con un cargo diplomático en París. Y Claudio Loser, director del FMI-Argentina, declaró que a él no le parecía importante si se pagaron sobornos por la sanción de la reforma laboral. "La ley debe quedar vigente. Es importante para el fondo y la economía argentina", dijo.

Con la salida del Chacho, el Frepaso se vino abajo. La democracia argentina ya no se hacía desde la política, sino desde el poder. Justicialistas y radicales ocuparon el escenario. Los unos, buenos para gobernar sin escrúpulos; los otros, definitivamente malos para gobernar. Sin embargo, en asuntos de corrupción competían entre sí: Menem, con su Ferrari 348 Rossa Corsa, regalo de empresarios de Italia; De la Rúa ostentando una condecoración otorgada por el príncipe Abdullah de Arabia Saudita, valuada en 700 mil dólares y equivalente al valor de dos Ferraris.

El 21 de marzo de 2001 la Confederación General de Trabajo (CGT, disidente) declaró la huega general. Apoyada por la CTA rebelde y los educadores de CTERA, la protesta causó la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea.

El ultraliberal Ricardo López Murphy, sucesor, duró apenas 16 días en el cargo. Entonces De la Rúa anunció la formación de un gobierno de "unidad nacional" y sobrevino lo impensable... ¡Refucilo volvió a la acción!

Con excepción de 1993, año en que a Cavallo le cerraron las cuentas porque incluyó privatizaciones que aún no se habían cobrado, el sostenimiento de la paridad cambiaria le fracasó una y otra vez. El gobierno de De la Rúa tampoco pudo bajar el déficit de 11 mil millones de dólares, legado del gobierno de Menem.

¿Por qué el retorno de Cavallo fue bien recibido por el FMI y la clase empresarial? Misterio persa... El hecho es que el ungido exigió facultades especiales y el establishment le concedió todo: aprobación de medidas económicas e impositivas, una reforma del Estado, cambios a la ley laboral, eliminación de los organismos estatales, despido de miles de empleados públicos y desconocimiento de acuerdos sindicales.

Los poderes especiales le permitían pagar la deuda con activos como el Banco Nación, crear o suprimir ministerios y eliminar de exenciones impositivas al IVA y ganancias. O sea que en lugar de reconocer el insostenible grado de concentración económica y proponer una distribución equilibrada del ingreso, Cavallo eligió garantizar el pago de la deuda con los salarios de los trabajadores y las cuentas de los pequeños ahorristas. Nunca se refirió a los grandes ni a los "exitosos" que habían aniquilado el empleo y sumido a la mitad del país en la pobreza relativa y extrema. El "voto castigo" fue la respuesta. Las elecciones legislativas de octubre pasado registraron 40 por ciento de abstenciones y votos anulados.

De la Rúa empezó a ser tratado de "autista". Pero en noviembre el abrazo con Carlos Saúl Menem en la Casa de Gobierno dejó atónita a la gente. Se suponía que Menem estaba en reclusión domiciliaria, acusado de tráfico de armas a Croacia y Ecuador.

En tanto, Cavallo disparaba con artillería pesada. Para cubrir los vencimientos de la deuda echó mano a los fondos de las AFJP (Afore), calculados en 4 mil 500 millones de dólares, y el 3 de diciembre impuso el corralito: el dinero de los ahorristas, las cuentas en pesos y en dólares, salarios, jubilaciones y depósitos a plazo fijo quedaron inmovilizados.

Dos días antes del corralito, De la Rúa intervino para que el Estado pagara 3 millones de dólares a su cuñado, el almirante Basilio Pertiné, acusado de haber sido uno de los pilotos encargados de "trasladar" detenidos-desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, ordenó el pago con fondos de un programa del Banco Mundial de la ciudad de Mendoza, destinado a la atención de madres y niños sin recursos.

Cavallo dispuso que la gente sólo podía retirar 250 pesos semanales y pagar el resto con tarjeta de débito. "Es cómodo para el usuario porque toda compra queda registrada y eso impide la evasión impositiva", dijo. Ante las críticas, rectificó: mil pesos al mes de una sola vez y 10 mil en viajes al extranjero.

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), un millón 599 mil 29 ahorristas con plazos fijos en pesos o en dólares quedaron atrapados en el corralito. Un millón 245 mil no superaban ahorros de 25 mil pesos.

Cientos de miles de jefes y jefas de hogares con ahorros no superiores a 10 mil pesos fueron confiscados por un Estado que previamente dejó drenar el llamado "dinero inteligente" de los grandes especuladores. 78 por ciento de los depositantes ingresaba en la categoría "clase media". Pero sumando los depositantes con ahorros hasta de 100 mil pesos, el porcentaje se elevaba a 97 por ciento con algún plazo fijo en una entidad financiera.

Un nuevo vocablo nació del experimento: "bancarización". El dinero sólo podía ser retirado con tarjeta de los cajeros automáticos. Pero apenas 35 por ciento de los clientes estaban "bancarizados". De los más de 900 mil comercios, tiendas, expendios y almacenes del país, apenas 14 por ciento tenía la maquinita para debitar con tarjeta. Comprarla costaba 900 pesos. Mantenerla, 90 pesos. Sólo los establecimientos grandes podían usarla.

Los consumidores podían entrar al sistema abriendo una cuenta de ahorro para obtener tarjeta de crédito gratis... en teoría, porque en la práctica los bancos cobraban de 3 a 15 pesos, más tres a seis pesos mensuales por el servicio, comisión por cada compra, y de 10 a 15 pesos para quienes operasen con cheque de ventanilla en cualquier operación.

En los tres días siguientes al anuncio del corralito se abrieron 300 mil cuentas de ahorro. Empero los bancos adujeron que no disponían de tal cantidad de tarjetas. El caso es que los bancos seguían ganando por mantenimiento de cuenta, uso de chequera y de cajero automático, pago de transferencias, cheques depositados y multas por anulación de cheques extraviados.

Si los cajeros no entregaban los mil pesos de una vez, los bancos explicaban que los cajeros automáticos no habían sido programados para entregar esta cantidad. No obstante, pocas horas bastaron para limitar los retiros a 25O pesos. Por otro lado, las transferencias se restaban de inmediato de la cuenta de quien transfería. Pero tardaba hasta cuatro días en aparecer acreditada en la cuenta del destinatario.

En el mundillo financiero los llamados "tenedores de bonos" son los bancos y los fondos de inversión, individuos ricos y fondos buitres que compran títulos con la esperanza de matarlos rápido.

Según el Wall Street Journal, hasta mediados de 2001 el Banco Nación (patrimonio de un mil 700 millones de dólares, mdd) había comprado títulos públicos por un total de 4 mil 900 mdd. El Banco Provincia (respaldo de un mil 250 mdd) tomó títulos por 3 mil 650 mdd. El Banco Galicia (respaldo de mil 470 mdd) compró bonos nacionales y provinciales por 4 mil 500 mdd.

Es decir que el dinero de los depositantes se desviaba para comprar títulos imposibles de cobrar sin el correspondiente respaldo. ¿Con qué propósito? ¡El "libre" juego del mercado! Los compradores especularon con que el cese de pagos de la deuda (default) no sólo era posible, sino probable.

A expensas de los contribuyentes, los bancos apostaron a que Argentina sería rescatada por el FMI y el Estado correría a salvarlos para evitar la quiebra del sistema. Juego peligroso y éticamente nauseabundo. ¿Cuán advertidos estaban los bancos para correr el riesgo de comprar deuda enferma? Poco importa. Los tenedores de bonos obtuvieron 30 por ciento de ganancia, multiplicando seis veces su valor en comparación con papeles similares del tesoro estadunidense.

Así, de diciembre de 2000 a octubre de 2001, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró un descenso de 20 mil mdd de los depósitos bancarios. El primero de junio de 2001 los depósitos totalizaban 85 mil 116 mdd. El 4 de enero pasado, 67 mil 78 mdd. Monto cercano al atrapado en el corralito. Inclusive, el viernes anterior al corralito desaparecieron del mercado mil 500 mdd.

Del 3 de diciembre al 4 de enero de 2002, o sea durante la vigencia del corralito, otros 7 mil 132 mdd. En total 14 mil 520 mdd, según datos del BCRA. Cinco bancos extranjeros de primera línea enviaron fuera del país 12 mil 500 mdd.

Por otro lado, días antes de la instauración del corralito, 358 camiones transportadores de caudales cruzaron la ciudad de Buenos Aires con rumbo al aeropuerto internacional de Ezeiza. El grupo de legisladores que actualmente investiga el hecho cree que al menos 7 mil mdd se fugaron en esta operación digna de las historias del far west.

En octubre de 2001, la obra social de los jubilados (PAMI) había recortado los subsidios a 42 niños desvalidos y enfermos de las provincias. El costo de atención de cada uno rondaba 6.50 pesos por día (igual en dólares) para medicación y alimentos.

El ministro de Salud, Héctor Lombardo, consideró que estos problemas no eran de su incumbencia: "Igual se van a morir chicos, aunque tengamos el mejor sistema", declaró (Clarín, Buenos Aires 25/11/01).

Carlos Heller, titular del banco Credicop, explicó: "En Argentina no existe restricción a los movimientos de capitales... las operaciones se realizaron en el marco de la Ley de Convertibilidad". Tenía razón. Sin embargo, entre la fuga "legal", el corralito, la devaluación posterior y una deuda externa superior a 170 mil mdd (casi seis veces el total de las exportaciones anuales) la Argentina se refundió.

En el momento en que el Legislativo cedió ante las exigencias de Refucilo, la suerte del gobierno delaruista y de los políticos quedó echada. El jueves 13 de diciembre las centrales obreras ordenaron la huelga general, acatada en toda Argentina.

En estos días el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo) organizó un referéndum con el propósito de auscultar la opinión de la gente acerca del rumbo económico. El Frenapo esperaba la participación de un millón de personas. Tres millones se pronunciaron contra el gobierno.

En la mañana del 19, una mujer arrojó un ladrillo al coche en el que viajaba De la Rúa. "¡Goberná, imbécil!", le gritó. A las nueve de la noche el presidente habló en cadena nacional. Ratificó el rumbo económico y decretó el estado de sitio con el fin de contener los saqueos de supermercados en todo el país.

Hora y media después, en la capital sonó la primera cacerola. Quince minutos más tarde el trepidar cacerolero se oía en todos los barrios de la ciudad. El domicilio de Cavallo y la residencia presidencial de Olivos fueron cercados por las multitudes. Fuentes oficiales admitieron que 14 por ciento de la población, 5 millones de ciudadanos, se movilizaron en pueblos y ciudades.

Sin banderas partidarias, decenas de miles enfilaron hacia Plaza de Mayo entonando: "qué boludos/ qué boludos/ el estado de sitio/ se lo meten en el culo". A la una de la mañana del 20 de diciembre la policía lanzó las primeras bombas de gases. Después disparó balas de goma y de plomo.

El desalojo de la plaza demoró muchas horas. Heroicamente, la juventud enfrentó la represión. Hubo cerca de 30 muertos. Al pie del edificio del Congreso, la sangre de un muchacho, que allí quedó tendido, corrió por las escalinatas.

Cavallo renunció y el pueblo fue por más. No sólo exigía la renuncia del ministro. De la Rúa huyó de la Casa Rosada (de gobierno) en helicóptero y hacia el mediodía regresó con la renuncia en la mano. Su hijo Antonio, coautor del estado de sitio, viajó a Colombia para festejar la Navidad con su novia, la cantante Shakira.

Cavallo huyó a la ciudad patagónica de San Martín de los Andes. Pero los habitantes lo declararon persona non grata. Entonces partió rumbo a Cholila, pueblito donde cien años atrás se habían escondido los cowboys Butch Cassidy, Sundance Kid y su esposa Etta Place, famosos asaltantes de bancos que huían de los sabuesos de Pinkerton, agencia precursora del FBI.

El paso de Adolfo Rodríguez Saá por la Casa Rosada fue vertiginoso. Totalmente exhausta después de los acontecimientos vividos, la gente lo recibió con rara mezcla de hastío y sorpresa. En la toma de posesión el Adolfo (así le dicen en su provincia de San Luis) anunció la suspensión del pago de la deuda por "inmoral" y la creación de "un millón de empleos".

El Adolfo trabajó a un ritmo que a De la Rúa le hubiese causado vértigo. Por primera vez en muchos años, un presidente empleó la palabra "pueblo" en sus arengas. Rodríguez Saá recibió a los piqueteros (desocupados que cortan rutas a modo de protesta), concurrió en persona a la CGT, abrazó a las madres de Plaza de Mayo (cosa que Alfonsín hizo ocho meses después de asumir el mando) y se entrevistó con el capo mayor del PJ... Carlos Menem.

Con todo, la gente quería creer. ¿Pero quién era Rodríguez Saá? Conservador en sus años mozos, el Adolfo se había incorporado a la Juventud Peronista en 1971. Sin embargo, durante la dictadura el cacique de San Luis anduvo cerca del almirante Emilio Massera, uno de los mayores genocidas del país.

En agosto de 1983, antes de asumir como gobernador, cargo en el que fue relecto cinco veces, declaró sus bienes: una casa hipotecada y dos coches viejos. No obstante, la Oficina Anticorrupción del Estado rechazó la declaración jurada de sus bienes debido a las imprecisiones que contenía.

En las afueras de San Luis, el Adolfo tenía una "chacra" de 34 hectáreas con parque, piscina, dique propio y helipuerto. Tasada en 2 millones de dólares, la evaluación fiscal era de 5 mil pesos anuales. Los recibos del impuesto predial indicaban pagos de 60 pesos anuales.

La fortuna de Rodríguez Saá y su familia provenía del turbio manejo del Régimen de Promoción Industrial, implementado con la intención de radicar empresas a cambio de generosas exenciones impositivas. Los argentinos poco sabían del asunto. En todo caso recordaban el escándalo que en 1993 había protagonizado el Adolfo junto a su amante, la Turca Esther Sesín.

Víctima de secuestro extorsivo, el gobernador pagaba regularmente una suma para evitar que se divulgara un video con escenas cargadas de una fiesta anterior. El día que se negó a pagar el impuesto erótico, recibió la paliza en un motel llamado "Y... no C". Para reconciliarse con su esposa, el Adolfo le construyó a escala un pequeño taj mahal en el centro de la capital de San Luis. La mansión (un millón y medio de dólares) fue bautizada por el pueblo como "La casa del perdón". El obispo de San Luis celebró el oficio de reconciliación.

La banda de Rodríguez Saá reinó una semana. Porque no bien dio a conocer el gabinete las cacerolas dijeron NO. Para muestra, basta un botón. Carlos Grosso, pionero de la corrupción menemista y ex alcalde de la ciudad de Buenos Aires, declaró: "Me llamaron por mi inteligencia, no por mi prontuario". En el prontuario de Grosso se lee: nacido en Pampa del Infierno, provincia de Chaco.

En un clima patibulario, Eduardo Duhalde fue elegido presidente el primero de enero. Luego comentó que no sabía si le habían puesto la banda presidencial o un salvavidas de plomo. Sin contar el par de presidentes interinos, Duhalde fue el tercer gobernante de la Argentina en menos de un mes. "Sólo vamos a cantar el himno nacional", advirtió a sus partidarios. Milagrosamente, los asistentes al acto recordaban las estrofas. El justicialista quería remedar el papelón de los partidarios de Rodríguez Saá, cuando a grito pelado cantaron balbuceando pasajes sueltos de la mítica Marcha peronista, cuya letra pocos recordaban.

Abogado nacido en 1941, Duhalde retornó a la política en 1982 y ocupó todos los cargos políticos. Al año siguiente resultó electo alcalde de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Perseguidor de homosexuales, amigo del sector ultramontano de la Iglesia y defensor del Opus Dei, encabezó asociaciones de Fortalecimiento Familiar y una Comisión contra la Drogadependencia.

En 1988 fue elegido diputado y después fue vicepresidente de la Cámara de Diputados. Dos veces gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires, donde habita la fuerza electoral más importante del país, acompañó a Menem en la vicepresidencia y luego lo enfrentó. Fue uno de los políticos que más obras públicas hicieron en la provincia y quien más la endeudó. Entre 1994 y 1997 inauguró 680 obras, muchas de las cuales fueron cuestionadas en la justicia por pago de sobreprecios.

En 1997 el actual presidente de los argentinos encaró una endeble purga policial. Entonces, "manos anónimas" le arrojaron el cadáver del fotógrafo José Luis Cabezas. Duhalde nunca investigó a los policías denunciados. Al contrario, la calificó de "la mejor policía del mundo", cuando la corrupción y el llamado "gatillo fácil" la sindicaban de "policía maldita".

El gobierno duhaldista es apoyado por el llamado Grupo Productivo, que nuclea la Unión Industrial, los empresarios de la Cámara de la Construcción y los productores agropecuarios de Confederaciones Rurales. Estos sectores ocupan el que antes tenían las empresas y bancos internacionales en el poder menemista. La novedad es la gravitación de la influyente Iglesia católica en el gobierno.

Lo que más desvela al equipo de Duhalde son el corralito y el fantasma de la hiperinflación. Al iniciar su gestión, el presidente recibió fuertes críticas por haber declarado la guerra al sector financiero, desatando la ofensiva el terror entre sus integrantes.

Raúl Alfonsín, ahora aliado de Duhalde, habló con Felipe González para disuadirlo de patalear contra las nuevas medidas y para que deje de llamar a Menem cada dos por tres.

El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, se enteró de la promesa presidencial de devolver la plata de los ahorristas en dólares en el momento en que el presidente lo proclamaba a todo el país el día de su asunción.

Remes sabía que era imposible devolver los depósitos dolarizados porque sonaba incoherente devaluar el peso sin desdolarizar la economía. Las indefiniciones de orden político desataron una vorágine de confusiones.

La devaluación duplicó de un plumazo la deuda de los desesperados ahorristas. En la segunda semana de enero un sospechoso cortocircuito entre el BCRA y el gobierno sumió en la desesperación a millones de personas.

La circular del BCRA decía que las deudas superiores a 100 mil dólares se debían pagar con el dólar paralelo. Otra circular dio marcha atrás y dispuso saldar las deudas al precio del dólar oficial. La confusión dejó al descubierto los distintos intereses que se mueven junto al presidente y los que operan desde el BCRA.

El gobierno acusó directamente a la cúpula del BCRA de haber lanzado la circular sin consultarlo. Clara contradicción, no inocente, entre la entidad que garantizó la paridad cambiaria y el desembarco de los grandes bancos internacionales que saquearon el país.

Circular tras circular, los técnicos del BCRA sumaban errores y desconcierto en el sistema. El conficto causó la primera baja: Roque Maccarone, remplazado por Mario Blejer, cuadro del FMI. Blejer se posesionó del cargo y lo primero que hizo fue advertir que andaba sin un peso porque sus fondos estaban en el corralito. Y que esto podía generarle "una parálisis productiva". Impasible, Blejer reclamó "el dictado de una norma de excepción" para contar con estos fondos.

El desplazamiento de Maccarrone de la presidencia del BCRA tampoco resolvía el problema de fondo. ¿Qué respaldo político real existía para desarmar definitivamente la convertibilidad, purificar el sistema financiero y ponerlo al servicio de la producción después de décadas de especulación financiera?

Las medidas del BCRA, manejada por lobbies financieros que hacen sentir su fuerza, indicaban que esta institución es un eufemismo: menemistas, fondomonetaristas, cavallistas, radicales y hasta un representante del Banco de Inglaterra integran su directorio. Gran parte de los cuadros técnicos del BCRA son ortodoxos monetaristas, como el ex ministro menemista Roque Fernández y Carlos Rodríguez, partidarios de la dolarización y declarados enemigos de la devaluación.

Eduardo Escasany, titular de la Asociación de Bancos Argentinos, declaró que estas entidades "...no son más responsables que otros sectores por la crisis financiera". Omitió que en los últimos meses, "técnicos" como Maccarrone habían desviado reservas del BCRA por 2 mil 200 mdd para ayudar al Banco de Galicia.

En la crisis financiera y económica, sin precedentes en la historia de la Argentina, ningun banco cayó a pesar de la huida de De la Rúa y de Rodríguez Saá. Los bancos rehúsan ceder a las presiones de una sociedad que descarga la furia rompiendo sus locales en todo el país. Tampoco están dispuestos a perder la pulseada política contra el gobierno en torno a quiénes deben pagar el costo de la devaluación.

En medio está la sociedad, los ahorristas presos del corralito. Y la gente que es utilizada en esta lucha económica de "los de arriba". Lo cierto es que la práctica neoliberal estafó a las clases medias que fueron inducidas, por voluntad o por la fuerza, a confiar en los compromisos de los banqueros. En suma, el gobierno no puede flexibilizar el corralito porque se hundiría el sistema financiero, ya que, técnicamente, los bancos están quebrados. Y si los ahorristas y las empresas no encuentran la llave del corralito, la situación social y política puede explotar en direcciones impredecibles.

En caso de que todo se caiga, el gobierno de Duhalde maneja dos escenarios: el primero consiste en la posibilidad de nacionalizar los depósitos y así quitarles a los bancos la administración del dinero, que pasaría al BCRA. El otro escenario es el duro neoliberal: abrir el corralito para que la gente recupere lo que resta de su dinero y dejar libre la cotización del dólar. Esto produciría de inmediato un shock en el sistema que destruiría a los bancos más comprometidos, en particular a los nacionales, quedando en el mercado sólo los extranjeros, capitalizados por sus casas matrices. Sería el paso previo a la dolarización y a la desaparición del BCRA. Esto es lo que persiguen Carlos Menem, el FMI, el gobierno de George W. Bush, Felipe González y José María Aznar, a nombre de las empresas privatizadas de capital español.

La crisis argentina se ha llevado a la primera, la segunda y la tercera líneas de los partidos políticos. Así como la sociedad fue conociendo los crímenes de la dictadura militar y ningún oficial de las fuerzas armadas se atreve hoy a mostrarse en los sitios públicos en uniforme, casi ninguno de los principales dirigentes políticos del país puede salir a la calle sin riesgo de ser insultado.

En la ciudad de Mendoza, uno de los restaurantes más tradicionales decidió no atender a políticos y funcionarios hasta que no se restablezcan los fondos a los comedores sociales de la provincia, cortados hace un par de meses. En los bares y confiterías de Tucumán ya no se ve a los políticos que hasta hace unos días se movían abiertamente y sin custodia.

El fin del modelo económico neoliberal implica la terminación de la alianza de poder que lo sustentó y que perduró durante los años de Alfonsín, Menem y De la Rúa. El eje de este poder estuvo en la banca internacional, las empresas privadas de servicios públicos y empresas emblemáticas de la época menemista.

En Argentina el capital financiero ha demostrado que la libertad de mercado es una ficción, pues con las reglas del neoliberalismo los bancos acaban siendo el sitio donde la plata de la gente está menos segura. Es decir, que el sagrado contrato privado entre un depositante y un banco también se convierte en cosa del pasado con este tipo de "libertad".

La exhibición del poder como forma de impunidad y corrupción, así como la estrategia oficial del "divide y vencerás" condujeron, finalmente, a la desintegración del paisaje político argentino. La crisis terminal desnudó a sus grandes beneficiarios.

Reza un proverbio etiope: "si no hay trabajo no hay pan que comer". Y otro, de Burundi: "no hay que despojar nunca al pobre de sus bienes".

Los frutos de la crisis son innegablemente amargos: la falta de oposición sustancial y el peligro de la guerra civil para dirimir las diferencias políticas.

Lo único saludable es que el llamado "único modelo viable" se quitó la máscara y los argentinos aprendieron, en pocas semanas, lo que a muchos pueblos les hubiera tomado décadas. El dilema de la Argentina es uno solo: refundación o refundición.