Lunes 1 de abril de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
Maestros

¿Y los homologados?

n Gustavo Santin Nieto
Otro punto que sin duda merecerá la atención de los programas de reingenieria administrativa anunciados por Carlos Alberto Julián y Nacer, secretario de Educación Pública del estado, originado por las anomalías históricas que presenta la integración de su plantilla, es el del personal homologado, pomposo nombre que reciben los docentes al servicio del estado, federal, de origen federalizado o estatal, que desempeñan sus funciones, teóricamente, frente a grupo en instituciones de educación superior.
Originado en 1983, en el ámbito federal, como una respuesta a una demanda sindical para igualar los salarios que percibían los trabajadores académicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), miembros de la organización sindical, con sus pares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pronto fue demandado por los profesores de la sección 51, en 1986, encabezados por José Luis Velázquez, y obtenida mediante el cumplimiento de criterios emanados de diversos reglamentos vigentes en la Federación entre los que destacaban, acuerdo firmado de por medio, el trabajo docente desempeñado en el nivel, con cinco años de antigüedad, el grado académico, la preparación profesional. El acuerdo pronto se pervirtió mediante la complicidad de las comisiones paritarias SEP-SNTE creadas ex profeso, otorgándose a partir del gobierno de Piña Olaya a quienes encabezados por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETEP), abandonaban la sus plazas de primaria para crear por doquier "en beneficio del desarrollo de la educación en el estado" bachilleratos sin reconocimiento y sin planeación, y por lo tanto, sin los recursos físicos y humanos requeridos. De la misma forma, plazas de profesores homologados titular "c" fueron otorgadas de aquella época y hasta recientemente, recordando el caso del personal administrativo nombrado por el ex director de programación y presupuesto de la SEP, a personas que no se encuentran desarrollando ninguna función docente en el nivel y que desde el inicio desarrollan actividades administrativas.
De merecer la atención del nuevo funcionario, y si se tomara las medidas correctivas necesarias, desprendidas por supuesto de la investigación, se fincara responsabilidades y se pusiera a cada cual en su lugar, se causaría sin duda alguna el enojo de Jesús Huerta y Leticia Jasso, secretarios generales de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes al alimón, como ya sucedió en el caso de las suspenciones de pagos de 2 mil 900 maestros incluidos al parecer indebidamente en el programa de Carrera Magisterial, levantarían sus voces al cielo, destacando que la culpa de las faltas recaería únicamente en las autoridades encargadas de extender los nombramientos.
Si los docentes de la Universidad Autónoma de Puebla conocieran el beneficio obtenido por las prestaciones de quienes en el nivel prestan sus servicios para la SEP, pronto solicitarían ellos ser los beneficiados con la homologación.