Lunes 1 de abril de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Diariamente se pierde entre 140 y 200 árboles, dice Trinidad Rojas García
El 70% de la zona forestal en La Malinche se ha perdido: Comisión Estatal Forestal en Canoa

Martín Hernández Alcántara n
El 70 por ciento de la superficie boscosa del Parque Nacional La Malinche en Puebla -que abarca 45 mil 500 hectáreas- ya fue devastado. La mayor parte de la superficie se perdió en el último lustro, según calculó Trinidad Rojas García, representante de la Comisión Estatal Forestal y de Fauna Silvestre en San Miguel Canoa, la junta auxiliar de la entidad más cercana a la zona, quien agregó que diariamente se pierde entre 140 y 200 árboles.
Campesinos poblanos que consumen domésticamente la madera, organizaciones ecologistas y autoridades municipales coincidieron en que los taladores ilegales actúan con completa impunidad, ante los vacíos legales, la carencia de recursos humanos y materiales para hacerles frente, así como la inconciencia e indiferencia de la población en general.
Trinidad Rojas García, regidor panista, Rolando Arce, oriundo de aquella localidad, y el presidente de la Asociación de Arquitectos Ecologistas, Lorenzo Pérez Arenas, advirtieron que la deforestación en el área aumentó dramáticamente en los últimos cinco años. Dijeron que el problema se complica porque, debido a un proceso natural, las campañas de reforestación van muy rezagadas respecto a la sobreexplotación de los árboles.
Además, apuntó Rojas García, el aumento de incendios forestales se debe en mucho a que los taladores clandestinos después de tumbar un árbol separan la corteza para llevarse el tronco desnudo. Los desechos orgánicos, abandonados en la superficie son el factor principal para la propagación de conflagraciones que afectan decenas de hectáreas cada año.
En octubre del año anterior, apenas había tomado posesión del cargo el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la entidad, Alí Chumacero, declaró que en la localidad había "peces gordos" que deforestaban con total impunidad. El día 24 de ese mismo mes, el subdelegado de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Carlos Mendizábal Rodríguez, reconoció que las bandas de taladores ilegales cuentan con armamento de alto calibre y equipos sofisticados de comunicación, lo cual dificulta su combate. Empero, aseguró que las corporaciones y dependencias abocadas a proteger la flora y fauna no han sido rebasadas, y que dichos grupos delictivos ya están identificados, por lo que serán aprehendidos.
En entrevista con este diario, Rolando Arce, regidor de la Comuna que encabeza el alcalde angelopolitano, Luis Paredes Moctezuma, declaró que hay "grupos políticos" que protegen a los taladores clandestinos, pero se abstuvo de precisar el nombre de tales asociaciones, para no afectar las investigaciones que se les sigue.
Sin embargo, pobladores y vecinos de la zona de La Malinche consultados por La Jornada de Oriente, bajo la promesa de que sus nombres no serían publicados, señalaron que los protectores de los explotadores forestales se encuentran afiliados a la Unión de Carboneros y Leñeros de San Miguel Canoa (UCLSC), que dirige Bonifacio Cholula, líder del Partido de la Revolución Democrática.
Según la versión de los vecinos, en la mencionada unión participan Eusebio Cóyotl Pérez, Isidro Cepeda -quienes han tenido órdenes de aprehensión en su contra-, Luis Pérez Pérez y Pedro Montes, todos habitantes de Canoa. Los declarantes también hablaron de una mujer, cuyo nombre no pudieron precisar, que siempre está acompañada de sus hijas y porta una escopeta. Esta persona, aseguraron, actúa con mayor frecuencia en las semanas previas a las fiestas decembrinas, cortando árboles para venderlos en la temporada navideña.
Cuando algunos miembros de la UCLSC -alrededor de 40 personas- han sido sorprendidos infraganti en el derrumbe ilegal de los árboles, abundaron las fuentes consultadas, de inmediato Bonifacio Cholula realiza movilizaciones para presionar a las autoridades y obtener su liberación
El modus operandi de los taladores ilegales es el siguiente: utilizan camiones para carga de siete toneladas como máximo, e incursionan a la zona forestal por la noche. Bajan con los vehículos cargados entre las tres y las cinco de la madrugada, por veredas que les proporcionan un atajo para no pasar por el pueblo. Los responsables de esta operación ilegal, la mayoría de las veces contratan mano de obra en San Miguel, y las comunidades vecinas les proporcionan las herramientas y les dan bebidas alcohólicas. En ocasiones, las bandas se llevan la madera hecha polines y así la comercializan directamente a los aserraderos, aseguraron los vecinos.

Los esfuerzos del gobierno

En el afán de lograr una mayor agilidad y efectividad en la lucha contra la deforestación, el gobierno federal no sólo ha establecido convenios de colaboración con los gobiernos estatales, sino también con los municipales. El miércoles 24 de octubre de 2001, los tres niveles de la administración pública signaron un pacto para elaborar, junto con los moradores de San Miguel Canoa, el Programa Integral de Desarrollo de la Malinche, en el cual también se considera el apoyo a proyectos productivos propuestos por labriegos de la región.
En aquella ocasión, 60 individuos de la Unión de Carboneros y Leñeros de San Miguel Canoa, al frente de quienes iba Bonifacio Cholula, manifestaron airadamente al gobernador Melquiades Morales Flores y al entonces primer regidor de la capital estatal, Mario Marín Torres, su desacuerdo con el programa, argumentando que podrían arrebatarles sus tierras, porque no estaba claro cuáles terrenos en la zona eran ejidos y cuáles pequeñas propiedades.
De acuerdo con información de la Semarnat, dada a conocer ese mismo día, de las 45 mil 200 hectáreas que abarca la zona de La Malinche en Puebla, 20 mil corresponden a propiedad ejidal, 15 mil son zonas comunales y el resto se encuentra bajo otros regímenes.
Las autoridades civiles les garantizaron a los quejosos que no sufrirían afectaciones en sus propiedades, pero que habría que emprender de inmediato acciones para cuidar el bosque. La Secretaría de Desarrollo Rural anunció que destinaría 4 millones de pesos para dar empleo temporal a la gente de Canoa que vive de la producción de carbón, mientras la zona es reforestada. Además, la Comisión Estatal Forestal y de Fauna Silvestre de Puebla dijo que cultivaría 100 mil plantas para reforestar el área.
Pero a poco más de cinco meses de iniciado el programa, los resultados todavía no se ven y la tala clandestina sigue. En opinión del actual presidente de la Comisión de Ecología del cabildo poblano, Eduardo Alcántara Montiel, la situación se debe a que "prácticamente el municipio no tiene facultades ni recursos suficientes para detener a los taladores, a eso hay que agregarle que la Profepa tampoco tiene los elementos necesarios para cuidar los bosques. Además, hay un vacío legal que permite la impunidad de los taladores, porque a nivel estatal no se ha adecuado la ley de equilibrio ecológico a las reformas hechas a nivel federal".
Por su parte, Lorenzo Pérez Arenas advirtió que los daños al medio ambiente causados por la deforestación podrían ser irreversibles, dada la magnitud del problema, y necesariamente afectarán la recarga de mantos acuíferos que abastecen a la Angelópolis, pues el ciclo natural del agua está "severamente deteriorado", lo cual repercutirá en que las fuentes naturales del líquido se pierdan en un plazo máximo de 20 años.
El pasado martes 26 de marzo, el ayuntamiento de Puebla recibió de la Semarnat el Plan de Manejo de Parque Nacional La Malinche, el cual, según un boletín oficial del ayuntamiento, "establece que al ser el presidente municipal Luis Paredes Moctezuma el secretario técnico de este programa debe coordinar a los municipios que forman parte de este proyecto, además de Puebla, Acajete, Tepatlaxco y Amozoc, a fin de ordenar los esfuerzos y las inversiones canalizadas por el estado y la Federación a esta área natural".
El documento contiene las acciones emprendidas por los gobiernos, federal, estatal y municipal, sobre reforestación, manejo de zanjas, conservación de suelo, cosecha de agua, prevención, control y combate de incendios, "así como todas aquellas acciones que diversifiquen la actividad productiva en las comunidades involucradas; pues el proyecto no será válido sino se cuenta con la participación de las comunidades que habitan en estos lugares". El programa deberá ser además coordinado con los municipios de Tlaxcala situados alrededor del volcán.