Se trata de eliminar criterios discrecionales en la contratación de espacios informativos

Tema de debate, la publicidad gubernamental en radio y tv; pendientes, dos iniciativas de ley

Empresas y autoridades han expresado su rechazo a cualquier forma clara de fiscalización

JENARO VILLAMIL

En el marco de las negociaciones para reformar la relación entre los medios electrónicos y el gobierno, los criterios de publicidad en radio y televisión están en el ojo del huracán. En días pasados, la diputada priísta Lorena Beauregard presentó una iniciativa, suscrita también por legisladores del PT y del PRD, para que "todos los programas en materia de comunicación y difusión sean aprobados por el Ejecutivo y la Cámara de Diputados" y para ponerle candados presupuestales y criterios a la difusión de las campañas institucionales.

Al mismo tiempo, en la Mesa de Diálogo para la Reforma Integral de los Medios Electrónicos se ventilaron varias propuestas para que en la televisión y en la radio se cumpla cabalmente con el porcentaje de publicidad con respecto a la programación total y para que la normatividadad especifique "porcentajes de publicidad; publicidad en cortes de estación: publicidad en cortes de programación; publicidad dentro de los contenidos de la programación; publicidad de telemarketing e informerciales".

En ambos casos, se trata de eliminar los criterios y las prácticas discrecionales para la asignación de publicidad que tiene su origen en los fondos públicos y para tener una vigilancia más estricta en las estaciones privadas de radio y televisión. Sin embargo, tanto los concesionarios como las autoridades han expresado su rechazo a cualquier forma clara de fiscalización y regulación de la publicidad.

El especialista Ernesto Villanueva destacó que tanto en la iniciativa de la diputada Beauregard como en la que presentó el grupo legislativo del PAN en la Asamblea Legislativa hay sólo "mejoras mínimas" a los lineamientos de publicidad emitidos por la Secretaría de Gobernación y no abundan en tres elementos clave: la regulación de la inserción de "gacetillas", "no se establecen reglas para homogeneizar la publicidad política de la publicidad comercial", no se establecen "reglas que brinden equilibrio o cuotas de publicidad entre prensa, radio y televisión", y además "no se dice una sola palabra por lo que concierne al problema de los chayos o embutes".

Consultado por La Jornada, el catedrático en derecho a la información en la Universidad Iberoamericana destacó que las gacetillas electrónicas "desnaturalizan el derecho a saber de las personas, en la medida en que se disfraza publicidad como información, dando gato por liebre a los ciudadanos".

En relación con los criterios de equilibrio para la publicidad en prensa escrita y en medios electrónicos, Villanueva reconoce que "si bien es cierto que la prensa escrita llega a un público más reducido que muchos medios electrónicos, también lo es que ha sido la prensa escrita el foro privilegiado para ofrecer un amplio abanico de puntos de vista y una visión plural de la sociedad, y por tanto, es donde se ejerce de manera más intensa la libertad de expresión y el derecho de crítica a los gobernantes, en beneficio de la sociedad en su conjunto".

Tiempos fiscales en la televisión

El tercer gran tema que está a debate son los llamados tiempos fiscales y los tiempos oficiales del Estado en la radio y la televisión. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión ha reclamado que se elimine el "pago en especie", de 12.5 por ciento, mientras que los grupos ciudadanos y los partidos políticos, en especial el PRI y el PAN, han propuesto que estos tiempos fiscales se regulen en forma distinta y que los recursos derivados de éstos sirvan para un fondo de producción independiente.

La iniciativa de ley presentada por la diputada Beauregard plantea sobre los tiempos oficiales que "los legisladores y el gobierno vigilen el uso y distribución correcta de los mismos, para lo cual se sugiere un informe trimestral y que las dependencias y entidades que comprenden esta iniciativa conozcan con anticipación los espacios y las frecuencias que les serán asignados para sus campañas institucionales".

En la exposición de motivos de esta ley, se establece que la falta de supervisión sobre el uso y destino de los tiempos oficiales "ha propiciado que otros funcionarios, como el propio presidente Vicente Fox, aprovechen los vacíos existentes para publicitar indiscriminadamente la figura presidencial".

Documenta que tan sólo para el ejercicio fiscal de 2001, el gobierno contó con un total de 3 mil 510 millones de pesos para ejercer los programas de difusión de las dependencias y organismos gubernamentales, y subraya que es necesario enfrentar "la tentación de los partidos gobernantes" con una vigilancia constante, a fin de que se cumplan los objetivos que se proyectaron en materia de difusión de las campañas gubernamentales.

El candado más importante se establece en el artículo 5 de la iniciativa de ley, en donde se señala que los programas de difusión "deberán someterse a la aprobación de la comisión que designen la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación, en los siguientes 30 días naturales después de la publicación de la presente ley".

El artículo 3 señala que los objetivos de una iniciativa de este tipo son "establecer criterios generales para el ejercicio de los recursos que el gobierno federal destina al rubro de comunicación social y a la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión", "garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para la contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión" y que "el Poder Legislativo, concretamente la Cámara de Diputados, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, será la instancia facultada para la vigilancia, revisión y aprobación de todo lo relacionado con la comunicación social gubernamental".

Uno de los candados más importantes se establece en el artículo 8, en el cual se prohíbe que las dependencias y entidades eroguen recursos presupuestarios "en beneficio de candidato a puesto de elección popular o partido político alguno, de conformidad con lo establecido en la legislación electoral aplicable".

Asimismo, se prohíbe que en las campañas aparezca el funcionario de la dependencia que la publicite, "a menos de que solicite un permiso a la comisión que designen la Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación". Toda entidad o dependencia "deberá comprobar en tiempo y forma las razones por las que se eligió a determinado medio escrito o electrónico para la difusión de la campaña institucional, exceptuando la de carácter emergente, y buscar en todo momento que los recursos que se eroguen para el pago de las inserciones a medios impresos o spots televisivos y radiofónicos no sean onerosos, de acuerdo con las tarifas ofrecidas por las empresas periodísticas".

La iniciativa plantea controles estrictos a la contratación de empresas publicitarias y de comunicación y subraya la importancia de que se considere el uso de los tiempos oficiales en las estaciones de radio y televisión, antes de destinar más recursos a estos medios.