Existen 239 procesos en la Procuraduría General de la República, reconoce Davis
Pende sospecha sobre interventores en el rescate bancario, señala CNBV
No se opondrá a que se discuta la desaparición del secreto bancario para los partidos
Asegura que no habrá tolerancia para los hampones que se beneficiaron con la crisis
ANTONIO CASTELLANOS
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reconoció que hay un velo de sospecha sobre los interventores que participaron en el rescate bancario, y su presidente, Jonathan Davis, dijo ante la subcomisión de seguimiento de dicho rescate de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que no se opondrá a que el Congreso discuta la desaparición del secreto bancario para los partidos políticos. Las auditorías a los bancos deberán hacerse dentro del marco de la ley, recalcó.
Habló de la existencia de 239 procesos en la Procuraduría General de la República (PGR) relacionados con operaciones irregulares en el rescate bancario, y manifestó que no habrá tolerancia para los hampones que se beneficiaron con la crisis, durante una comparecencia en la que fue cuestionado por los legisladores, quienes le reprocharon el hecho de que el Ejecutivo no haya hecho nada para legislar y actualizar la legislación para reducir el costo fiscal del rescate, calculado en más de 700 mil millones de pesos que pesa sobre los contribuyentes.
José Carlos Ramírez, coordinador de la subcomisión, mostró su sorpresa porque en la agenda legislativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados no hay ningún punto relacionado ni con la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ni con reformas al sistema financiero, pese a que el propio Davis aceptó que la legislación no está actualizada y la calificó en algunos puntos de arcaica.
También, reclamó Ramírez, llama "poderosamente la atención" el hecho de que la CNBV hable de un "velo de sospecha sobre los interventores que actuaron en los momentos más graves de la crisis. Los legisladores necesitamos saber si efectivamente los 239 procesos penales iniciados tendrán un impacto en la disminución de la carga fiscal que los mexicanos tienen, o si por lo menos ayudarán a salvar un poco la maltrecha ética del sistema financiero mexicano.
En su comparecencia, el titular de la CNBV dijo que los responsables "somos todos. El Congreso, la Comisión, la Secretaría de Hacienda, el IPAB y quienes solicitaron créditos, y después, en la crisis, se aprovecharon de la situación y dejaron de pagar".
Esto irritó al coordinador de la subcomisión y al final de la participación del funcionario, expresó: "No hay duda de que no podemos soslayar ninguna responsabilidad; ni la que tuvieron los legisladores, ni la que tuvieron los funcionarios de la CNBV y de la Secretaría de Hacienda; tampoco la que tienen los de la Junta de Gobierno del IPAB. No se puede decir que las cosas se hayan hecho correctamente".
Además, precisó, difícilmente podríamos pensar que se trata de una lección, porque sería una lección muy cara sólo para aprender y que ahora cuesta a los contribuyentes más de 700 mil millones de pesos. Tenemos que actuar de inmediato para descargar el costo fiscal y que los hampones de los que habla el presidente de la CNBV estén en la cárcel. Tampoco se puede soslayar un rescate multimillonario de una banca que hoy es en su mayor parte extranjera.
Por su parte, el priísta Policarpo Infante le solicitó, por escrito, todas las operaciones ilegales detectadas en los créditos que adquirió el gobierno federal de los bancos intervenidos. Nos preocupa que el Poder Legislativo pueda tener algún resultado y dar respuesta a la nación sobre qué acciones deben llevarse a cabo para reducir el costo fiscal.
Al finalizar su comparecencia, entrevistado por los reporteros, Davis dijo que como vocal del IPAB está de acuerdo en que se haga el trabajo dentro del marco de la ley. El quinto transitorio de la ley del IPAB señala que si las auditorías demuestran irregularidades, los créditos deben ser regresados a los bancos. El auditor Michael Mackey detectó operaciones irregulares de por lo menos 174 mil millones de pesos.