Arturo Alcalde Justiniani

Euzkadi: no hay árbitro

Cualquier país que ostente gozar de un estado de derecho debe contar con juzgadores que conociendo los hechos apliquen la ley sin prejuicio alguno. Las autoridades laborales de carácter federal en nuestro país dan muestra creciente de carecer de esa neutralidad, esencial para confiar en sus resoluciones. En una misma semana incurrieron en dos hechos escandalosos.

El primero, en la disputa del contrato colectivo de la línea aérea Aviacsa, consintiendo el robo de la documentación de votación, en pleno recuento sindical, cuando el mismo favorecía a ASPA de México. Frente a este flagrante delito no se tomó medida alguna, ni siquiera la denuncia penal que la ley impone. Por el contrario, se ordenó repetir el recuento de los votantes implicados, dando oportunidad a los perdedores a afinar la puntería y presionar a los pilotos para modificar un resultado que les había sido adverso. En el segundo caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que era improcedente la huelga de más de un millar de trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi (Continental Tire).

En diciembre pasado la empresa optó por cerrar ilegalmente su planta en El Salto, Jalisco, representada sindicalmente por una agrupación independiente, optando por mantener la planta ubicada en San Luis Potosí, representada por la CTM.

Este paro patronal se realizó transgrediendo la Constitución y la legislación laboral que la obliga a obtener autorización previa al cierre. Así, de un plumazo y con un simple papel pegado en la puerta de la planta, se dejó en la calle a trabajadores con antigüedad superior a 25 años.

El acto ilegal de Euzkadi jamás obtuvo un solo comentario de reprobación por parte de las autoridades encargadas de vigilar el respeto a la ley. Por el contrario, desde un principio hicieron suyos los argumentos de la empresa.

Ante la negativa patronal a respetar el contrato ley aplicable, los trabajadores optaron por emplazar a huelga, misma que estalló el pasado 22 de enero. La empresa no pudo justificar legalmente su paro, por la simple razón de que mantiene otra planta abierta. Tampoco le era atractivo someterse al procedimiento legal de huelga, porque implicaba, en el mejor de los supuestos, obtener la declaración de inexistencia, que traería como consecuencia el regreso de los trabajadores a laborar dentro de las 24 horas siguientes. Finalmente, optó por plantear una figura no establecida dentro de la legislación laboral, que denominó: "huelga improcedente", argumentando que ella misma había suspendido las actividades, y tomando en cuenta que nadie puede suspender lo suspendido, solicitó a la junta laboral se cancelara el procedimiento de huelga.

La ridícula pretensión de una empresa, que alegaba en su favor su propio paro ilegal, causó estupor en el medio jurídico, porque aceptarla, además de cancelar el derecho de huelga, implicaba premiar a una empresa contumaz, permitiendo que en el futuro cualquier patrón suspenda sus actividades antes del estallamiento de la huelga, para provocar con su maniobra la ineficacia de este derecho constitucional.

Aparentemente presionada por el capital alemán, en una resolución nunca vista en nuestro país, la junta federal resolvió que la huelga estallada dos meses antes era improcedente, reproduciendo los argumentos de la empresa y dando por concluidas las relaciones laborales colectivas. Después del descontón -como en los viejos tiempos- se llama a la negociación.

Está por verse el grado de resistencia de los trabajadores. Cualquiera que sea el final, queda evidencia de que algo muy grave se está dando en nuestro país. Se confirma que no existe árbitro confiable. Estamos muy cerca de la ley de la selva. Hoy más que nunca se justifica el reclamo de desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de sustituirlas por jueces que resuelvan con imparcialidad y apego a la ley.